San Juan, 8 mar (EFE).- La marcha del 8M en Puerto Rico estuvo este domingo dedicada a dos organizaciones de mujeres que se oponen a la guerra y a la remilitarización del archipiélago, que en el último año ha sido testigo de un aumento de la presencia militar estadounidense.
Las manifestantes reconocieron la labor de la Alianza de Mujeres Viequenses y de Madres contra la Guerra, al tiempo que abogaron por una vida digna sin militarización y por la autonomía de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos.
Convocada por organizaciones de la Coalición 8 de Marzo (C8M), la marcha transcurrió desde la Plaza del Quinto Centenario hasta la Plaza de la Barandilla, en el Viejo San Juan, bajo la consigna 'Nuestres cuerpes no son territorios de guerra'.
"En Puerto Rico, el peso de las violencias sobre el territorio ha caído históricamente con más fuerza sobre las mujeres, como ha ocurrido con las mujeres viequenses y otras comunidades empobrecidas, racializadas e históricamente vulneradas", expresó Annette Martínez Orabona, directora ejecutiva de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, en inglés) de Puerto Rico.
La Marina de EE.UU. utilizó Vieques y parte de Culebra como campo de tiro hasta mayo de 2003 y, a pesar de su retirada tras fuertes protestas populares, la limpieza de los restos de munición sin detonar en ambas islas aún no ha finalizado.
"Vieques es una memoria viva de lo que significa convertir un territorio en polígono y centro de práctica, con sus efectos traducidos en enfermedad, trauma, desplazamiento y vulneración. Honramos la lucha sostenida de las mujeres viequenses", subrayó Martínez Orabona.
Desde agosto de 2025, en el marco de las tensiones en el Caribe por la crisis entre Washington y Caracas, el Ejército estadounidense ha realizado numerosas maniobras militares en Puerto Rico, que es un Estado Libre Asociado a EE.UU.
Madres contra la Guerra ha convocado en los últimos meses diversas manifestaciones y piquetes para denunciar esta remilitarización de la isla frente a las bases estadounidenses.
Por otro lado, Martínez Orabona denunció también los intentos de controlar los cuerpos de las mujeres que "se están intensificando desde múltiples frentes, con retrocesos en derechos reproductivos, con la normalización de políticas degradantes".
El Gobierno de Puerto Rico ha dado en los últimos meses varios pasos que podrían derivar en una criminalización del aborto y que han despertado el rechazo de partidos políticos opositores y organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres.
El pasado febrero, la gobernadora, Jenniffer González, anunció la firma de una medida que tipifica como asesinato la muerte del concebido no nacido. No obstante, por el momento, el aborto sigue en el archipiélago protegido por el derecho constitucional a la intimidad.
De igual modo, la ACLU de Puerto Rico condenó la violencia machista que continúa cobrando la vida de mujeres en Puerto Rico, donde la tasa de feminicidios es elevada teniendo en cuenta que su población son 3,2 millones de habitantes.
Según el informe anual del Observatorio de Equidad de Género, en el 2025 se reportaron en Puerto Rico 54 feminicidios directos, de los cuales 20 fueron feminicidios íntimos -cometidos por parejas o exparejas-. EFE
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