El opositor Revolución Ciudadana queda suspendido por nueve meses del registro de organizaciones políticas

El comunicado emitido por Revolución Ciudadana en sus redes sociales sostuvo que la medida adoptada por el Tribunal Contencioso Electoral de Ecuador tiene como objetivo impedir la participación de su fuerza política en las próximas elecciones seccionales, ya que el periodo de suspensión coincide con las fechas de inscripción de candidaturas. Según consignó Europa Press, este pronunciamiento se conoce tras la decisión adoptada en el marco del caso conocido como 'Caja Chica', en el que se investiga la presunta recepción de fondos venezolanos para la campaña electoral de 2023.

Un juez del Tribunal Contencioso Electoral ecuatoriano resolvió suspender durante nueve meses al partido Revolución Ciudadana del registro de organizaciones políticas del Consejo Nacional Electoral, informaron fuentes oficiales citadas por Europa Press. El auto firmado por el magistrado Joaquín Viteri establece la suspensión provisional por nueve meses de la agrupación política identificada como Movimiento Político Revolución Ciudadana, Lista 5, lo que la inhabilita para participar en procesos electorales durante ese periodo. Al no figurar en el registro permanente, la organización pierde la capacidad de presentar candidatos y postularse a cargos públicos, lo cual desencadenó críticas de dirigentes y simpatizantes opositores.

De acuerdo con el medio Europa Press, la suspensión surge en el contexto de una investigación judicial por el caso 'Caja Chica', que analiza si referentes de Revolución Ciudadana recibieron financiamiento de origen venezolano para la pasada campaña presidencial. La pesquisa involucra a varios dirigentes, entre los que figura Luisa González, excandidata presidencial, quien disputó el balotaje de 2023 contra el actual presidente Daniel Noboa. A finales de enero, la Fiscalía de Ecuador realizó allanamientos en los domicilios de González y otros miembros del partido, en el marco de esta investigación que abarca a un total de ocho personas relacionadas con la presunta financiación irregular.

Luisa González rechazó cualquier acusación de haber recibido fondos extranjeros y afirmó: “La Revolución Ciudadana y Luisa González no hemos recibido un solo centavo ni de Venezuela ni de ningún cartel, ni de nadie”, sostuvo de acuerdo con Europa Press. Así, la exsecretaria general del partido denunció que las actuaciones del Ministerio Público pretenden “tapar la corrupción” del gobierno en funciones. González había dejado la secretaría general de la agrupación el 18 de enero, día en que también fue notificada por el Tribunal Contencioso Electoral por supuestas infracciones relacionadas con la financiación y los gastos electorales de la campaña.

La presidenta nacional electa de Revolución Ciudadana, Gabriela Rivadeneira, usó las redes sociales para cuestionar la legalidad de la medida y denunciar que “la dictadura de Daniel Noboa instala un régimen de terror en el país más inseguro y violento del continente, ahora, ordena la proscripción de la Revolución Ciudadana de manera ilegal e irregular en plena marcha de calendario electoral”, consignó Europa Press. En el comunicado de la agrupación, sus dirigentes señalaron que esta decisión “evidencia la intención de eliminar a la oposición y silenciar a quienes se atreven a levantar su voz”, y exhortaron a periodistas, académicos, partidos y movimientos sociales a no permanecer pasivos ante lo que calificaron como “una aberración judicial”.

Europa Press detalló que esta suspensión mantiene a Revolución Ciudadana fuera de competencia durante los próximos comicios seccionales, previstos para febrero de 2027, en los que se elegirán prefectos, viceprefectos, alcaldes, concejales y otras autoridades regionales. El periodo de suspensión “coincide con el proceso de inscripción de candidaturas”, lo cual, según los detractores de la medida, condiciona la competencia política en los próximos sufragios.

Según publicó Europa Press, se trata del segundo proceso judicial abierto en relación con la campaña de Luisa González, originado por presuntas irregularidades en el financiamiento de la campaña electoral de 2023. El primer caso motivó la salida de González como secretaria general de la organización. La situación judicial y política de Revolución Ciudadana, una de las principales fuerzas opositoras en Ecuador y de tendencia correísta, continúa generando tensiones en el ámbito político del país, con llamados públicos a la defensa de su derecho a participar en los procesos electorales futuros.

El medio europeo remarcó la postura del partido, que ve la suspensión como una estrategia gubernamental para excluirlos del escenario político, mientras que las autoridades electorales y judiciales ecuatorianas justifican su accionar en presuntas evidencias de irregularidades. Revolución Ciudadana denunció, a su vez, un contexto de inseguridad y violencia en el país y cuestionó fuertemente el proceder del gobierno de Daniel Noboa, sosteniendo que estas acciones constituyen un intento de proscripción política en medio del calendario electoral vigente.