Yolanda Díaz respalda el envío de la fragata española a Chipre, al ser una misión defensiva y en el marco de la UE

En las declaraciones recogidas por el medio, Yolanda Díaz abordó la preocupación que existe por las decisiones económicas de la administración de Donald Trump y su impacto en las relaciones comerciales entre Estados Unidos y España. Díaz destacó la gravedad de la situación, aludiendo también a la ofensiva estadounidense en Irán y asegurando que “lo más grave es que el señor Trump está tomándose la ley por la mano, es decir, esta invasión en Irán es ilegal, no está auspiciada por la legalidad internacional y la posición del Gobierno de España está del lado de los derechos humanos y de la legalidad internacional”. A continuación, la vicepresidenta segunda explicó el respaldo al reciente despliegue militar español, remarcando su encuadre en los compromisos europeos y en criterios de protección regional.

Según informó el medio, Díaz expresó su apoyo al envío de la fragata ‘Cristóbal Colón’ a Chipre, aclarando que la decisión responde a una misión “estrictamente defensiva”, desarrollada bajo la autoridad de la Unión Europea. En sus declaraciones, la vicepresidenta aclaró que Sumar, el socio minoritario del Ejecutivo, conocía todos los detalles de la operación y compartía la posición de que la misión se mantiene en el ámbito del bloque comunitario europeo, manteniéndola separada de las intervenciones militares organizadas por Estados Unidos e Israel.

El medio detalló que la fragata ‘Cristóbal Colón’ ha sido destinada a reforzar la seguridad europea debido al riesgo potencial de acciones hostiles de Irán. La presencia española está enmarcada en una estrategia de colaboración regional dentro de la Unión Europea. Díaz enfatizó el carácter exclusivamente defensivo de la misión y remarcó que el despliegue sigue los acuerdos y objetivos asumidos colectivamente dentro de la política de defensa europea.

Más allá del respaldo al envío del buque, Díaz también se refirió a la creciente preocupación en el Gobierno ante la postura unilateral de la administración liderada por Trump. El medio consignó que la vicepresidenta relacionó esta preocupación tanto con las advertencias sobre posibles rupturas comerciales dirigidas a España como con la política exterior estadounidense, a la que calificó de no respetar la legalidad internacional en el caso de la incursión militar en Irán.

Por otra parte, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, defendió la posición del Ejecutivo español respecto a la neutralidad en operaciones militares ilegales. Según publicó la fuente, Rego declaró que España mantiene como principio no apoyar “de ninguna manera” actuaciones militares consideradas ilegítimas, y manifestó su orgullo por la decisión de no autorizar el uso de las bases de Rota y Morón para el despegue de aviones estadounidenses implicados en la operación militar sobre Irán. La ministra enmarcó este rechazo en el respeto al derecho internacional y a las obligaciones de paz asumidas por parte del país.

Durante la presentación de un acto institucional, Sira Rego apuntó a la existencia de “una ola de apoyos internacionales” en favor de la postura española, afirmando que resulta decisivo contar con un Estado posicionado en defensa de la paz y el cumplimiento del derecho internacional. Rego insistió en que el Gobierno español rechaza las guerras ilegales y toda operación militar que, a su juicio, constituya “una agresión imperialista”.

Las declaraciones de ambas representantes del Gobierno coinciden en subrayar la protección del marco legal internacional como directriz para la acción exterior de España. Además, remarcan la importancia de diferenciar las misiones respaldadas por la Unión Europea, como el despliegue de la fragata en el Mediterráneo, de las operaciones militares emprendidas unilateralmente por otros Estados fuera de los consensos multilaterales.

El medio especificó que, tanto en los encuentros públicos como en comparecencias ante los medios de comunicación, los miembros del Ejecutivo español han sostenido una postura de rechazo ante acciones consideradas irregulares bajo el derecho internacional, reiterando que la participación española en escenarios de conflicto solo se produce bajo el amparo de la legalidad europea y la protección colectiva de la región.