Bartomeu justifica el pago de 1,7 millones a un abogado por la conformidad del 'caso Neymar'

La explicación de Josep María Bartomeu sobre el pago de 1,7 millones de euros en honorarios al abogado José Ángel González Franco durante la gestión del caso Neymar se ha colocado en el centro del debate judicial, en un contexto donde la Fiscalía examina minuciosamente varias operaciones financieras del FC Barcelona por sospechas de administración desleal. Según publicó Europa Press, Bartomeu, quien presidió el club entre enero de 2014 y octubre de 2020, enfrentó preguntas en el Juzgado de Instrucción 16 de Barcelona como investigado, defendiendo la decisión por considerarla un beneficio económico significativo para la entidad.

Tal como detalló Europa Press, el núcleo del caso gira en torno a la intervención de González Franco en la negociación de conformidad con motivo del 'caso Neymar', que permitió al club llegar a un acuerdo con la Fiscalía y la Abogacía del Estado, resultando en una condena de la Audiencia de Barcelona por dos delitos fiscales. Inicialmente, el Ministerio Público reclamaba al club el pago de 22,2 millones de euros, pero la cuantía final se redujo a 5,5 millones, generando según Bartomeu un ahorro de 17 millones para la entidad. La Junta Directiva aprobó que González Franco, quien fue el abogado personal de Bartomeu en esa causa, percibiera el 10% de la cantidad ahorrada como honorarios, quedando el monto pactado en 1,7 millones de euros.

Durante la declaración, Bartomeu manifestó ante el juez que la negociación con González Franco partió de una petición inicial del letrado de 2 millones de euros como retribución. Europa Press indicó que la directiva decidió retribuir el 10% del ahorro conseguido por ese acuerdo de conformidad y, en cumplimiento de ese compromiso, finalmente se ejecutó el pago que ahora se encuentra bajo escrutinio judicial.

La investigación judicial se puso en marcha tras una denuncia presentada en enero de 2022 por el Secretario de la Junta Directiva del Barça ante la Fiscalía de Barcelona. La consecuencia inmediata fue la apertura de diligencias ordenadas por el juzgado, que asignó la instrucción a la Unidad Central de Blanqueo y Delitos Económicos de la DIC de los Mossos d'Esquadra, con el propósito de revisar la gestión financiera del club durante el mandato de Bartomeu. Según reportó Europa Press, la denuncia de la Fiscalía destaca que existen indicios de un delito continuado de administración desleal, apuntando a pagos indebidos que, según sus cálculos, podrían ascender a 4 millones de euros.

En la investigación se analiza el procedimiento interno de aprobación de contratos en el FC Barcelona. Según explicó Europa Press, hasta diciembre de 2017, cualquier compromiso cuya cuantía superase los 200.000 euros debía contar con la autorización expresa de la Junta Directiva. Tras esa fecha, la entidad instauró un Comité de Adjudicaciones y Aprobaciones encargado de validar operaciones comerciales entre los 200.000 euros y 1 millón de euros. Para importes superiores se requería igualmente el visto bueno de la Junta Directiva. La Fiscalía sostiene que Bartomeu, junto a Òscar Grau e Ignacio Mestre, impulsó el pago de 950.000 euros y la emisión de una factura final de 769.111,94 euros para González Franco, eludiendo el requisito establecido de someterlo a votación por el órgano directivo.

En el escrito presentado ante el juez, la Fiscalía sostiene que Bartomeu, "omitiendo los deberes de diligencia y lealtad en la gestión de un patrimonio que le era ajeno, usurpando además una capacidad de decisión que correspondía a la Junta Directiva", intervino en la aprobación de pagos que considera irregulares. Además, cuestiona el papel real de González Franco en la obtención del acuerdo de conformidad, subrayando que los pagos se autorizaron "sin que dicho letrado hubiese intervenido en la conformidad". Según Europa Press, el Ministerio Público entiende que la situación podría suponer un conflicto de intereses, al actuar González Franco tanto en nombre personal de Bartomeu como en representación del club.

La causa no se limita al caso Neymar. Europa Press informó que existen otras operaciones bajo investigación por supuesta administración desleal. Entre ellas figura el traspaso de Malcom, delantero adquirido desde el Girondins de Burdeos, donde el club catalán, según la Fiscalía, pagó comisiones a intermediarios "con los que el Club no había contratado determinadas cantidades derivadas de labores de intermediación para la contratación del jugador", lo que habría generado un perjuicio económico. No obstante, durante la reciente declaración de Bartomeu, la Fiscalía optó por no formular preguntas sobre este caso.

Otra de las operaciones bajo la lupa de la Fiscalía es el pago de 1,5 millones de euros al Club Esportiu Laietà, vinculado a las molestias ocasionadas por las obras del Espai Barça. Según el Ministerio Público, este desembolso se realizó con el objetivo de evitar la paralización de los trabajos, presentando posibles irregularidades en la gestión y aprobación de la transferencia.

El alcance de las imputaciones no se limita solo a Bartomeu. Europa Press precisó que el exdirector general Òscar Grau, el exdirector de servicios jurídicos Roman Gómez Ponti y el abogado José Ángel González Franco, así como el exvicepresidente deportivo Jordi Mestre y el exdirector general Ignacio Mestre, figuran también como investigados por presuntos delitos similares de administración desleal.

Las pesquisas continúan sumando información y analizando documentación interna que permitiría esclarecer la participación y el grado de responsabilidad de las personas investigadas. El proceso judicial permanece abierto, profilando posibles consecuencias legales y disciplinarias para los antiguos responsables del club en función de lo que determinen la instrucción y, en su momento, la resolución de los tribunales.