Bolivia militariza las plantas de YPFB para evitar "corrupción" e incorpora aditivos para mejorar la gasolina

El Servicio de Registro Cívico (SERECI) ha recibido un impulso en sus capacidades para tramitar compensaciones a ciudadanos que han sufrido daños por el uso de gasolina de mala calidad, siguiendo los recientes problemas en la distribución de combustibles que han afectado a propietarios de vehículos y al sector del transporte público en Bolivia. Esta medida, impulsada por el gobierno que encabeza Rodrigo Paz, se da en medio de una serie de acciones destinadas a reforzar la seguridad en instalaciones estratégicas y a mejorar la calidad del suministro de combustibles en el país, según publicó el medio original.

El presidente Rodrigo Paz anunció la activación de un resguardo militar en plantas y otros espacios críticos de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) desde el lunes, con el objetivo de proteger a la petrolera estatal frente a grupos ilegales y conductas corruptas que habrían puesto en riesgo tanto la integridad de la empresa como la calidad del producto suministrado a la población. “Estamos actuando en la defensa de la patria. Este resguardo de nuestras plantas estratégicas es en defensa, a su vez, de los buenos trabajadores de YPFB, para defender a nuestra empresa de las mafias y de la corrupción”, expresó el mandatario en un mensaje televisado que citó el medio de referencia.

De acuerdo con el reporte de prensa, Paz agregó que la decisión de militarizar estos puntos responde también a la necesidad de preservar la soberanía energética de Bolivia y de establecer un seguimiento detallado en toda la cadena de producción y distribución de gasolina. El presidente remarcó el objetivo de garantizar la trazabilidad total de los combustibles para prevenir cualquier intervención maliciosa o sabotaje, destacando que la supervisión militar permitirá identificar y cortar de raíz hechos irregulares, tanto técnicos como administrativos.

En paralelo al despliegue de fuerzas militares, el Gobierno de Bolivia dispuso la incorporación de aditivos estabilizantes y antioxidantes en la gasolina, con el propósito de proteger el producto de la degradación y disminuir los riesgos de daños a los motores. Según consignó el medio, Paz señaló que se utiliza este tipo de aditivo en el país por primera vez y que la mejora es relevante para la preservación del rendimiento de los automóviles y la calidad del combustible. El mandatario aclaró que el uso de estos compuestos no tendrá repercusión en el precio final al consumidor, subrayando que los cambios buscan únicamente asegurar un suministro más confiable.

Las acciones gubernamentales surgen tras la admisión oficial, a inicios de febrero, de que una parte de la gasolina distribuida era de baja calidad debido a un problema en la mezcla de los combustibles, según informaron fuentes oficiales recogidas por el medio. Esta situación provocó preocupación y protestas de distintos sindicatos y federaciones del transporte público, que exigieron ser resarcidos por los daños ocasionados a sus vehículos. La reacción de las organizaciones de transporte precipitó las medidas para asegurar una reparación “justa y rápida”, un aspecto que el Gobierno prometió atender de manera prioritaria a través del SERECI, según detalló el mismo medio.

En su declaración, el presidente Paz enfatizó que el incidente con la gasolina no se debió exclusivamente a un error técnico o a la falta de pericia operativa, apuntando en cambio a una acción premeditada de sabotaje. “Lo ocurrido hace algunas semanas con la calidad de la gasolina no fue un simple error técnico, no fue impericia, fue un acto deliberado de sabotaje”, afirmó el mandatario, palabras que recogió el medio en su cobertura.

Además de la militarización y la mejora en el control de calidad de los combustibles, YPFB se enfrenta a recientes fallos judiciales. La Justicia boliviana dictaminó la detención preventiva, por un plazo de 90 días, de la exgerente general de la petrolera, procesada por usurpación de funciones y conducta antieconómica, según reportó el medio. Esta medida judicial forma parte de las investigaciones relacionadas con las irregularidades y desafíos operativos que enfrenta la estatal.

Las plantas estratégicas de la petrolera estatal se encuentran bajo vigilancia militar en un contexto en el que se busca recuperar la credibilidad institucional y dar respuesta a la sociedad ante los incidentes recientes, según matizó el reportaje de prensa. Las autoridades insistieron en que la protección de estas instalaciones también busca respaldar a los empleados honestos, excluyendo a quienes se vieran vinculados a actos delictivos o prácticas corruptas.

El fortalecimiento del SERECI, por su parte, responde directamente a la presión social ejercida por los sindicatos del transporte, que reclamaron soluciones rápidas tras las afectaciones a sus vehículos provocadas por el combustible deficiente. El gobierno subrayó que este organismo contará con recursos y mecanismos para hacer efectiva la compensación económica de manera expedita, eliminando trabas burocráticas que dilaten la atención a los afectados, según indicó el medio citado.

En la comunicación oficial, se remarcó la importancia de la trazabilidad en toda la cadena de producción y distribución del combustible, argumentando que este seguimiento exhaustivo permitirá identificar posibles brechas vulnerables a la manipulación o actos ilícitos y sustentar futuras acciones correctivas. El monitoreo incluye el registro detallado de los lotes de gasolina fabricados, su almacenamiento y los canales de entrega, además de la aplicación de los nuevos aditivos que preservan la calidad del producto durante su transporte y consumo final.

El presidente Paz reiteró la promesa de que estas mejoras y controles no derivarán en aumentos de precios para los consumidores, sino que priorizan la estabilidad del servicio y la integridad de los recursos energéticos bolivianos. Estas medidas, junto con la intervención de las fuerzas armadas en el resguardo de las plantas, deben, en palabras del jefe del Ejecutivo, asegurar un suministro seguro y confiable para toda la población.

La militarización de las instalaciones de YPFB representa un paso inusual en la gestión de recursos estratégicos en Bolivia, al involucrar directamente a las fuerzas armadas en tareas de supervisión que anteriormente recaían en entidades civiles y técnicas. Esta decisión refleja la gravedad atribuida por el gobierno al problema detectado en la cadena de producción y distribución de la gasolina.

El despliegue de estas acciones simultáneas —según recogió el medio original— evidencia la respuesta multifacética del gobierno ante crisis recientes que involucran tanto la seguridad interna como la defensa de la calidad de los servicios estratégicos para la ciudadanía boliviana.