
El suboficial de la Gendarmería de Argentina, Nahuel Gallo, dejó Venezuela después de que el Parlamento de ese país aprobase en febrero una ley de amnistía dirigida a personas acusadas de delitos ocurridos desde 1999, según informó el diario argentino. El canciller argentino, Pablo Quirno, informó que Gallo, quien había estado en condiciones de desaparición forzada desde el 8 de diciembre de 2024, ya se encuentra fuera del territorio venezolano. El mismo ministro reveló que la liberación responde a gestiones conjuntas de organizaciones no gubernamentales, especialmente Foro Penal, y contó con el respaldo diplomático de países aliados, en particular Estados Unidos e Italia.
Tal como publicó el medio argentino, Gallo había sido detenido tras ingresar a Venezuela por tierra desde Colombia. Su intención era encontrarse con su esposa, de nacionalidad venezolana, y su hija, con quienes no mantenía contacto desde hacía meses. Aunque la familia y autoridades argentinas sostienen esta versión, las fuerzas de seguridad venezolanas le imputaron participación en una supuesta conspiración internacional destinada a desestabilizar al presidente Nicolás Maduro. Según información proporcionada por las autoridades venezolanas, tras su aprehensión en diciembre, Gallo había permanecido incomunicado bajo cargos relacionados con el terrorismo y la conspiración, información difundida también por la organización Foro Penal.
En el comunicado publicado por el Ministerio de Exteriores argentino y consignado por el diario, Pablo Quirno sostuvo que la presión internacional fue determinante en el desenlace del caso. Destacó el “firme apoyo” del gobierno de Italia y la asistencia de Estados Unidos, quienes colaboraron diplomáticamente para lograr la excarcelación. La organización Foro Penal, que desempeña un papel relevante en la defensa de los detenidos políticos en Venezuela, también resultó clave para facilitar el proceso, como reconoció el jefe de la diplomacia argentina.
A pesar de la liberación de Gallo, el gobierno argentino reiteró el reclamo por la situación de otros ciudadanos presos en Venezuela por causas políticas. Entre ellos, se mencionó específicamente a Germán Giuliani, también argentino, cuya detención ha provocado preocupación en organismos internacionales y asociaciones de derechos humanos. “La privación ilegítima de la libertad y la desaparición forzada constituyen graves violaciones a los Derechos Humanos que no pueden ser toleradas por la comunidad internacional”, aseveró el comunicado difundido por el Ministerio, de acuerdo con la cobertura del medio argentino.
El contexto político venezolano atraviesa una etapa de apertura luego de la reciente aprobación de la ley de amnistía por parte del Parlamento local. Según informó el medio, esta normativa permite la excarcelación de personas investigadas o condenadas por hechos ocurridos en trece episodios clave desde 1999. Entre estos hechos figuran el golpe de Estado de abril de 2002, el paro petrolero de 2002-2003, el referéndum revocatorio impulsado contra Hugo Chávez en 2004, así como las protestas antigubernamentales registradas en los años 2007, 2013, 2017 y 2024. El Gobierno de Venezuela admitió la recepción de 1.557 solicitudes de amnistía en las primeras semanas posteriores a su promulgación.
Las autoridades argentinas consideran que la aprobación de la ley de amnistía abrió el camino para la liberación de Gallo y podría beneficiar a otros detenidos, aunque persiste la incertidumbre respecto al alcance efectivo de la normativa. El canciller Quirno reafirmó el compromiso asumido por la Cancillería con la protección de los derechos de los argentinos en el exterior y agradeció la cooperación internacional, enfatizando la necesidad de continuar trabajando por la liberación de los detenidos restantes en Venezuela, según reportó el medio argentino.
De acuerdo con las informaciones recogidas por el diario argentino y las declaraciones oficiales, el gobierno de Nicolàs Maduro ha rechazado las acusaciones sobre supuestos montajes judiciales contra extranjeros y alega que las detenciones se fundamentan en acciones que atentan contra la estabilidad del país. Estas posturas han provocado pronunciamientos de organismos internacionales, que han expresado preocupación sobre la situación de derechos humanos en Venezuela y la integridad de los procesos judiciales vinculados a supuestos casos de terrorismo o conspiración.
El caso de Nahuel Gallo se convierte en un nuevo episodio de tensión diplomática entre Argentina y Venezuela, en un contexto marcado por el endurecimiento de posturas internacionales ante las denuncias de detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas. La liberación del suboficial argentino, gestionada en conjunto por la Cancillería nacional, la organización Foro Penal y los aliados internacionales, representa un hecho relevante en la agenda de derechos humanos en la región, consignó el medio nacional.
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