Sumar quiere que no prescriban los abusos a menores cometidos de forma sistemática o en el seno de instituciones

La discusión sobre la prescripción de los delitos sexuales contra menores gira en torno a las diferentes propuestas que buscan modificar la ley española para que estos crímenes no queden sin castigo, particularmente cuando se cometen de manera sistemática o en el ámbito institucional. Según informó Europa Press, la cuestión ha ganado relevancia tras la admisión a trámite en el Congreso de la Proposición de Ley Orgánica destinada a reformar los plazos de prescripción de estos delitos, una iniciativa impulsada inicialmente por el Parlamento de Cataluña en 2024.

El medio Europa Press detalló que Sumar, socio minoritario del Gobierno, ha registrado una enmienda que pretende que los delitos sexuales cometidos contra menores de forma sistemática o institucional sean imprescriptibles, es decir, que puedan perseguirse penalmente sin límite de tiempo. Esta propuesta abarca los casos en los que los abusos se hayan dado como parte de un plan sistemático de persecución contra colectivos vulnerables o cuando hayan tenido lugar en instituciones u organizaciones de cualquier índole y de manera prolongada. Los responsables de Sumar proponen especificar en el Código Penal que no prescribirán ni los delitos de terrorismo que causen la muerte ni los delitos sexuales respecto a menores bajo las circunstancias antes mencionadas.

De acuerdo con la información de Europa Press, Sumar plantea además que, para aquellos casos que no entren dentro de estos supuestos de excepcional gravedad, el comienzo del plazo de prescripción se sitúe cuando la víctima cumpla los 45 años. Este punto coincide con la edad propuesta en la iniciativa original que se está debatiendo en la Cámara Baja.

Por su parte, el Grupo Socialista ha presentado una visión distinta. Según consignó Europa Press, el PSOE aboga por limitar la imprescriptibilidad únicamente a los delitos sexuales contra menores cuya condena máxima supere los diez años de prisión. De este modo, la formación socialista centra la imprescriptibilidad en los crímenes más severos, y evita que se aplique de forma generalizada a todo acto contra la libertad sexual de menores.

La iniciativa también ha recibido enmiendas de otros grupos parlamentarios, reflejando un abanico de posiciones en el Congreso. El Partido Popular, según explicó Europa Press, ha sugerido modificar el título de la norma a “proposición de Ley Orgánica de modificación de la prescripción de los delitos contra la libertad e indemnidad sexuales cometidos contra menores de edad”. Así, el PP busca introducir explícitamente el concepto de “indemnidad sexual” en la legislación.

Vox ha solicitado que los antecedentes penales por delitos de agresión sexual contra menores o personas especialmente vulnerables puedan cancelarse solo después de diez años. Además, Vox demanda que se reconozca como delito cualquier conducta que fomente, facilite o justifique la implicación de menores en actos sexuales, incluyendo la difusión de estas prácticas.

En cuanto a los nacionalistas vascos, el PNV propone que el plazo de prescripción para estos delitos se compute a partir de que la víctima cumpla 35 años, o desde la fecha de fallecimiento si la persona muriese antes de esa edad. Para los delitos contra la libertad sexual castigados con penas de quince años de prisión o más, el PNV propone que el cómputo inicie a los 40 años de edad.

Según Europa Press, el grupo Podemos ha sugerido ampliar los plazos de prescripción para ciertos delitos graves cometidos contra menores, de modo que la cuenta comience cuando la víctima cumpla 50 años. Esta propuesta busca ofrecer mayor margen temporal para que las víctimas puedan denunciar hechos sufridos en la infancia.

Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) ha planteado que el cómputo del plazo de prescripción arranque a los 45 años de la víctima, al tiempo que sugiere incluir en la ley el delito de torturas vinculado a menores y modificar también disposiciones relacionadas con los matrimonios civiles.

Por último, el Bloque Nacionalista Galego (BNG) ha defendido la imprescriptibilidad de los delitos contra la libertad sexual de menores cuando la pena máxima sea de tres años o más de prisión.

Europa Press precisó que la propuesta general que se debate en el Congreso busca reformar varias disposiciones clave del Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal en España. El objetivo es mantener abierta la vía penal para las víctimas de delitos sexuales cometidos en su infancia, especialmente en los casos calificados como graves. Para los delitos menos graves, la iniciativa apunta a que el plazo de prescripción se amplíe hasta que la potencial víctima cumpla 50 años, favoreciendo así un mayor espacio temporal para la denuncia y posible justicia.

El debate en el Congreso refleja posiciones marcadamente diferenciadas sobre cuándo debe considerarse que un delito sexual contra un menor no puede quedar impune por el paso del tiempo. Mientras Sumar y BNG abogan por una imprescriptibilidad más amplia según la sistematicidad o la gravedad de la pena, el PSOE y PNV centran el debate en cuestiones de severidad penal o en la edad de la víctima para el inicio del cómputo. Vox, por su parte, introduce la perspectiva de los antecedentes penales y la penalización de la incitación indirecta a conductas sexuales con menores.

Las enmiendas registradas muestran cómo las distintas formaciones buscan matizar o expandir la respuesta legal a los delitos sexuales contra menores, poniendo el foco en diferentes elementos: desde la gravedad de la condena, la edad de la víctima, la naturaleza sistemática o institucional del abuso, hasta la necesidad de reconocer nuevos conceptos jurídicos o fortalecer las garantías de reparación y justicia.

A lo largo de la tramitación parlamentaria, las diferentes propuestas y enmiendas seguirán debatiéndose hasta que se alcance una reforma definitiva, orientada a dar respuesta a una demanda social y legislativa de mayor protección para la infancia frente a delitos de naturaleza sexual. Todo el proceso se desarrolla bajo la mirada atenta de organizaciones sociales, juristas y colectivos de víctimas, que han reclamado históricamente una mayor claridad y eficacia en los plazos de prescripción para delitos que, en muchos casos, se denuncian años después de haber ocurrido.