El Senado aprueba una reforma de la ley de glaciares que reduce la protección y facilita la inversión minera

La votación en el Senado de Argentina sobre la reforma de la ley de glaciares finalizó con un conteo de 40 votos a favor, 31 en contra y una abstención, resultado que representa una victoria para el oficialismo y pone la iniciativa a la espera de revisión por la Cámara de Diputados, según consignó el diario La Nación. Esta decisión marca un punto de inflexión en la política ambiental y extractiva del país, ya que la aprobación de la reforma facilita la inversión minera en territorios considerados protegidos bajo la normativa vigente.

Según informó La Nación, la reforma introduce modificaciones en la delimitación de las áreas resguardadas, estableciendo una distinción entre las zonas denominadas periglaciares y las "geoformas periglaciales" que sean consideradas reservas estratégicas de recursos. De acuerdo con el texto aprobado, solo aquellas áreas circundantes a los glaciares que cumplen un papel hídrico relevante quedarían cubiertas por la protección legal más estricta. El proyecto permite así que se autoricen actividades extractivas en espacios poco contemplados por la ley original, mientras continúa en curso el debate legislativo.

El apoyo de la presidenta del Senado, Patricia Bullrich, resultó decisivo para el avance de la medida. Bullrich, quien ocupó anteriormente el cargo de ministra de Seguridad y se ha posicionado como una de las figuras más cercanas al presidente Javier Milei, argumentó que la reforma representa un cambio necesario. En sus palabras recogidas por La Nación, Bullrich afirmó que "proteger ha sido paralizar", ya que, según su interpretación, la normativa vigente habría obstaculizado el desarrollo económico de las provincias argentinas. "Nosotros elegimos meternos en este momento histórico que va a permitir que la argentina entre en el cambio energético enorme que está sufriendo la humanidad y que va a ser a favor de nuestra gente", declaró la funcionaria durante la sesión.

El alcance de la propuesta legislativa suscitó críticas entre representantes de la oposición y especialistas en materia jurídica y ambiental. La senadora Anabel Fernández Sagasti, perteneciente al Partido Justicialista, sostuvo durante el debate que la redacción actual del proyecto no proporciona garantías legales claras ni criterios técnicos unificados que puedan aplicarse en igual medida a todas las jurisdicciones provinciales. Fernández Sagasti cuestionó que el texto podría generar incertidumbre y disparidades en la gestión y protección de los recursos hídricos, según registró La Nación.

En defensa de la reforma, Agustín Coto, senador por La Libertad Avanza y responsable de exponer los fundamentos del proyecto ante la Cámara Alta, subrayó que una de las principales novedades reside en otorgar a las provincias la facultad de incorporar o retirar cuerpos de hielo del inventario nacional. Según precisó Coto, tal facultad se ejercerá según los criterios técnico-científicos contemplados en el artículo 41 de la Constitución Nacional, en contraposición a la legislación previa, a la que calificó como ignorante de la diversidad geográfica y climática de Argentina.

De acuerdo con lo publicado por La Nación, el debate en el Senado expuso la tensión existente entre la promoción del desarrollo económico a partir de la explotación de recursos naturales y las preocupaciones en torno a la protección del ambiente. Los defensores de la reforma consideran que la flexibilización de la ley permitirá dinamizar las economías locales y posicionar a Argentina como un actor relevante en la transición energética global, mientras que los opositores insisten en la necesidad de no desatender el valor estratégico de las reservas de agua para el presente y futuro del país.

Hasta ahora, la ley de glaciares había establecido restricciones rigurosas sobre actividades mineras, petroleras y otras formas de desarrollos industriales en zonas cercanas a masas de hielo con funciones relevantes en el ciclo hídrico y la provisión de agua dulce. La reforma enviada ahora a Diputados implica una revisión de esos límites y, según los promotores de la iniciativa, una actualización orientada a equilibrar intereses productivos y ambientales bajo criterios de federalismo, según detalló el medio La Nación.

La etapa legislativa siguiente dependerá de la valoración y eventual aprobación de la Cámara de Diputados. Si el cuerpo avala el texto, será el presidente Javier Milei quien deba promulgar la norma para su entrada en vigor, situación que podría redefinir la política nacional en torno a la gestión de áreas glaciares y actividades extractivas en la Argentina.