Acusaciones solicitan entre 26 y 37 años de cárcel por asesinato para el militar que apuñaló a un vecino de Viana

La suspensión por segunda ocasión del juicio oral contra Jorge M.S., militar profesional de origen dominicano acusado del asesinato de Jorge M., trajo consigo la reactivación de las reclamaciones legales por parte de los familiares y allegados de la víctima, quienes solicitaron al tribunal penas que alcanzan los treinta y siete años de prisión y suman la petición conjunta de más de un millón de euros en concepto de indemnizaciones. La vista, prevista para este jueves, no pudo celebrarse porque el traslado del acusado desde el penal militar de Alcalá de Henares a los juzgados de Madrid resultó infructuoso por razones no especificadas, según consignó Europa Press.

De acuerdo con el medio Europa Press, la Fiscalía de Valladolid reclamó veintiséis años de condena para Jorge M.S., a quien señala como autor del asesinato ocurrido el 14 de enero de 2025 en la localidad de Viana de Cega. El Ministerio Público también añadió solicitudes de penas adicionales por allanamiento de morada y lesiones, dado que durante la agresión resultaron heridos la pareja del fallecido y uno de sus hermanos. Los hechos, según figura en la instrucción, se desencadenaron en el número 17 de la calle Cardiel, en el centro de la localidad vallisoletana, alrededor de las tres de la madrugada, cuando Jorge M.S. accedió al domicilio donde residía su expareja junto a su nueva pareja, Jorge M., de 36 años y nacionalidad mexicana.

Tal como detalló Europa Press, las acusaciones particulares —integradas por los padres, hermanos de la víctima, la pareja de la víctima en el momento de los hechos y una de sus exparejas— solicitaron penas que oscilan entre los treinta y dos y los treinta y siete años de prisión para Jorge M.S., al considerar que concurrieron agravantes de alevosía y ensañamiento, además de los cargos de asesinato, allanamiento de morada y lesiones. La suma de las indemnizaciones reclamadas por las diferentes representaciones supera ampliamente el millón de euros. La Fiscalía solicita una indemnización total de 710.075 euros, a repartir entre los hijos, el padre, la novia y los hermanos de la víctima. Por su parte, la familia directa del fallecido reclama 313.230 euros, la pareja 60.000 euros y la expareja con la que compartía tres hijos demanda 262.814 euros, según informó Europa Press.

Según publicó Europa Press, el crimen se habría perpetrado con una navaja que el acusado portaba al irrumpir en el domicilio, produciendo heridas mortales en el cuello y en el pecho de la víctima, quien falleció en el propio interior de la vivienda. Durante los hechos, la pareja presente en el inmueble intentó evitar la agresión, sufriendo heridas, y pidió auxilio a tres de los hermanos de Jorge M., quienes residían también en el edificio. Los hermanos lograron finalmente desarmar al agresor y retenerlo hasta la llegada de la Guardia Civil, acción durante la cual uno de ellos resultó igualmente lesionado, puntualizó Europa Press.

El medio Europa Press subrayó que la investigación identificó los celos como la principal hipótesis del móvil criminal, dado el contexto de las relaciones personales e historia previa entre las partes implicadas. Por otro lado, la acusación popular, representada por la Asociación Defensa Integral Víctimas Especializada (Adive), permanece personada en el proceso aunque no ha presentado aún su escrito de calificación, lo que correspondería en una fase posterior. Esta organización ha participado anteriormente en procesos mediáticos similares, como el del tiroteo de julio de 2022 en Santovenia de Pisuerga, donde un vecino mató a tiros a otro residente y a un mando de la Guardia Civil que intentaba facilitar la entrega del autor.

Jorge M.S. quedó en prisión provisional, comunicada y sin fianza, un día después de los hechos, tras comparecer ante la autoridad judicial, según reportó Europa Press. Desde entonces se encuentra en el centro penitenciario militar de Alcalá de Henares, y hasta el momento ha ejercido su derecho a no declarar ni ante la Guardia Civil ni en sede judicial. Además de este proceso por el asesinato y otros delitos, el acusado iba a ser juzgado por un caso de violencia de género presuntamente cometido contra su exesposa, procedimiento que también se suspendió por las mismas complicaciones logísticas asociadas a su traslado, según detalló el citado medio.

Europa Press informó que el proceso penal sigue vigente a la espera de la comparecencia del acusado, cuya defensa deberá presentar su escrito de calificación cuando el juicio finalmente se reanude. Entre tanto, permanece abierta la disputa judicial en torno al tipo penal aplicable y a las indemnizaciones. Las penas solicitadas por las diferentes partes se fundamentan en la calificación de los hechos como asesinato con agravantes, allanamiento de morada y delitos de lesiones. La información proporcionada por la Fiscalía y las acusaciones particulares establece diferentes responsabilidades y criterios para la cuantificación de las indemnizaciones y las penas privativas de libertad.

El proceso judicial y las reclamaciones civiles e indemnizatorias continúan así su curso, pendientes de que pueda concretarse la vista y se resuelva sobre la responsabilidad penal y civil del acusado, tal como consignó Europa Press.