El decreto firmado por el presidente Volodimir Zelenski incluye sanciones dirigidas a individuos señalados por falsificar hechos históricos y promover contenidos que, según el Gobierno ucraniano, contribuyen a la colonización cultural y a la distorsión de la identidad nacional. De acuerdo con un comunicado difundido por la Presidencia y citado por la prensa internacional, estas acciones afectan tanto a personas como a entidades que han apoyado la ocupación de Crimea mediante publicaciones y discursos, así como a quienes han participado en la apropiación de patrimonio cultural ucraniano.
Según publicó la agencia de noticias que cubrió el anuncio oficial, las sanciones se extienden a 29 personas y 15 organizaciones, señaladas por “difundir propaganda” favorable a Rusia y por actuar en contra de los intereses culturales e históricos de Ucrania. El mandatario ucraniano subrayó que el decreto tiene relación directa con el cuarto aniversario de la invasión rusa, lo que le otorga un contexto simbólico al acto administrativo. Las medidas recaen sobre académicos, editores de libros de texto y responsables de iniciativas que justifican la acción militar rusa en territorio ucraniano y que, a juicio de las autoridades de Kiev, buscan minar la integridad territorial del país.
Entre los sujetos sancionados figura el ciudadano ruso Alexander Chubarian, identificado como “propagandista ruso” y coautor de materiales escolares donde se adjudican territorios ucranianos a Rusia. El comunicado presidencial detalló que este tipo de contenidos educativos ha sido utilizado para propagar la visión oficial rusa y legitimar la ocupación de regiones que el Gobierno ucraniano considera propias. Zelenski recalcó, citado por la prensa internacional, su oposición a cualquier forma de justificación de la agresión y reiteró que quienes participan en esa narrativa contribuyen activamente a la denominada guerra híbrida en curso.
El decreto también señala a Alexer Miller y Artem Lagoiski, ambos acusados de haber colaborado con las fuerzas ocupantes y de brindar apoyo para la emisión de documentos orientados a vulnerar los derechos de los ciudadanos ucranianos en zonas bajo control ruso, según consignó la agencia de noticias. El gobierno afirma que sus acciones representan una traición al país y facilitan el establecimiento de prácticas y regulaciones impuestas por Rusia en detrimento de la población local.
Las organizaciones sancionadas, por su parte, incluyen grupos a los que se responsabiliza de apropiarse de bienes culturales y documentos provenientes de museos y reservas en Crimea, utilizando estos recursos para fines propios. Tal como divulgó la Presidencia, el decreto establece sanciones económicas y restricciones legales para obstaculizar el funcionamiento y financiamiento de estos organismos dentro y fuera de Ucrania. El gobierno de Kiev sostiene que la sustracción y manipulación del patrimonio cultural forma parte de una estrategia más amplia orientada a eliminar los vestigios de la presencia e identidad ucraniana en los territorios ocupados.
De acuerdo con declaraciones recogidas por la agencia de noticias, Vladislav Vlasiuk, encargado del área de sanciones, explicó que las medidas adoptadas no se limitan a la cultura, sino que constituyen un instrumento adicional en la estrategia general de defensa ante lo que describió como un componente de guerra híbrida. Vlasiuk expresó que el propósito de las sanciones es resistir cualquier iniciativa que pretenda socavar la estatalidad de Ucrania a través de la distorsión sistemática de su historia y la imposición de visiones imperiales.
El contexto de la decisión presidencial incluye antecedentes de tensiones prolongadas por el control de Crimea y otros territorios ocupados por fuerzas rusas, así como incidentes documentados de apropiación de bienes culturales por parte de las autoridades de ocupación, según consignó el mismo comunicado. El gobierno ucraniano busca de este modo establecer un mensaje claro para quienes integran o apoyan estas prácticas, e integrar las sanciones en una política nacional de preservación de la memoria histórica y la soberanía cultural.
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