
Un informe elaborado por la empresa pública Ineco señaló que, tras el accidente ferroviario ocurrido en Adamuz, Córdoba, el material que quedó sin asegurar en la zona permaneció expuesto, de modo que Adif procedió a trasladarlo para garantizar su conservación después de que las autoridades encargadas de la investigación abandonaran el lugar. Según consignó Ineco, “el día 22 de enero, tras el rescate de los dos últimos fallecidos, se retiró del lugar del accidente tanto el personal investigador de la CIAF como el de la Guardia Civil, después de haber recogido todo el material probatorio que consideraron pertinente, y sin que se adoptara ninguna medida cautelar sobre la zona o los materiales abandonados y sin precintar, quedando los cupones expuestos al deterioro”. El contenido del informe fue divulgado por el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, a través de la red social X, en contexto de una respuesta al escrito presentado por la Guardia Civil ante la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Montoro (Córdoba).
De acuerdo con lo publicado por Ineco, el traslado de los materiales por parte de Adif se llevó a cabo debido a la ausencia de medidas de protección sobre las piezas de soldadura que permanecieron en la zona del accidente. Ni la Guardia Civil ni la Comisión Independiente de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) establecieron algún tipo de precinto o custodia al abandonarla, razón por la que los materiales quedaron vulnerables al deterioro. El informe describió que la empresa ferroviaria tomó la decisión de mover los elementos con el propósito de preservarlos y mantenerlos a disposición de la autoridad judicial, sin que los mismos hubieran sido manipulados ni modificados tras su recogida.
Según detalló el medio RTVE refiriéndose al informe de Ineco, este documento se generó específicamente para documentar la trazabilidad de los materiales retirados y su posterior conservación en la base de mantenimiento de alta velocidad en Hornachuelos, Córdoba. Las soldaduras trasladadas corresponden a la cabecera sur del Puesto de Banalización de Adamuz y forman parte de los elementos clave para la investigación posterior al accidente sucedido el 18 de enero. La documentación interna de Ineco afirma que, antes de la recogida de estas piezas, se dejó registrada su ubicación exacta en la vía.
El ministro Puente, citando información adelantada por ABC y replicada por RTVE, acompañó la publicación del informe con una crítica a relatos alternativos que habían circulado sobre la actuación de Adif, asegurando que la documentación aclara los hechos y justifica la actuación de la entidad ferroviaria en cuanto a la retirada y custodia de los materiales en cuestión. En palabras del ministro compartidas a través de X, “cuando te haces eco de lo que cuenta la fachobulosfera pasa esto. Vivimos en la era de la desinformación y de la intoxicación. Aquí está (adjunto) la introducción del informe (de Ineco) de caracterización de los restos (de 23 folios) que no se llevó ni Guardia Civil, ni CIAF, y que Adif tuvo la precaución de preservar”.
El informe de Ineco subraya la finalidad preventiva de la actuación de Adif, remarcando que el material dispuesto en Hornachuelos se encuentra bajo resguardo judicial y permanece intacto en relación a posibles pruebas exigidas por la investigación en curso. A su vez, el documento precisa que las ubicaciones originales de las soldaduras se consignaron minuciosamente para que existiera constancia física y documental del proceso de retirada, dando continuidad al procedimiento de investigación impulsado tras el accidente ferroviario.
La controversia en torno a la custodia de los elementos de la vía férrea surgió cuando la Guardia Civil notificó, ante el tribunal correspondiente, que la retirada del material se efectuó por parte de Adif sin comunicarse previamente ni solicitar permiso a las autoridades investigadoras. No obstante, el Ministerio de Transportes divulgó el informe de Ineco para sostener que la empresa actuó enmarcada en la transparencia y la preservación de posibles pruebas, considerando la ausencia de medidas cautelares por parte de los cuerpos oficiales.
En la introducción del documento de 23 páginas, Ineco enfatizó que la retirada de los elementos se realizó en coordinación con la necesidad de mantener la cadena de custodia y la integridad del material, subrayando que todos los elementos permanecen disponibles para requerimientos judiciales ulteriores. La base de mantenimiento de Hornachuelos centralizó el resguardo de las piezas tras su extracción, en conformidad con el propósito de preservar la evidencia sin alterar el curso de la investigación sumarial.
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