
Lewis Mendoza, dirigente político de Vente Venezuela en el estado Trujillo, obtuvo la libertad la noche del domingo en Caracas, uniéndose a una serie de excarcelaciones recientes resultantes de la ley de amnistía adoptada por la Asamblea Nacional. Según informó Europa Press, la liberación de Mendoza ocurrió poco después de que otros líderes opositores, entre ellos Juan Freites, coordinador del Comando Con Venezuela en Vargas, fuesen excarcelados en el marco de la nueva normativa. El principal acontecimiento que ha desencadenado estas salidas de prisión fue la aprobación unánime de la ley de amnistía el pasado viernes, medida que ha permitido la liberación de 65 personas clasificadas como presos políticos en Venezuela.
De acuerdo con Europa Press, Gonzalo Himiob, fundador y vicepresidente de la organización no gubernamental Foro Penal, ha dado a conocer detalles sobre el avance de la aplicación de la ley. Según su información publicada en redes sociales, siete personas salieron de prisión el 20 de febrero, otras 15 obtuvieron la libertad el sábado, y la mayoría, 43, fueron liberadas posteriormente tras la entrada en vigor de la amnistía. La disposición, aprobada tras años de demandas por parte de familiares y organizaciones civiles, abarca delitos cometidos desde 1999, según detalló el medio.
El alcance de la amnistía ha sido focalizado en trece acontecimientos específicos descritos en el artículo 8 del nuevo marco legal, según consignó Europa Press. Entre estos se cuentan el golpe de Estado de abril de 2002 en contra del entonces presidente Hugo Chávez, el paro petrolero sucedido entre 2002 y 2003, el referéndum revocatorio de 2004, y diversas manifestaciones antigubernamentales organizadas en los años 2007, 2013, 2017 y 2024.
Europa Press también reportó que el Gobierno de Venezuela ha recibido un total de 1.557 solicitudes para aplicar los beneficios de la ley de amnistía. No obstante, según la información confirmada por ONG y familiares, existen cuestionamientos sobre el alcance real de la normativa. Algunos consideran que la cobertura es limitada al dejar fuera casos relevantes para el movimiento de derechos humanos y partes de la oposición.
Mientras tanto, persisten manifestaciones dentro de centros penitenciarios. Según denunció el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPPVE) durante el fin de semana, más de 200 internos catalogados como presos políticos en la cárcel El Rodeo I, situada en las afueras de Caracas, mantienen una huelga de hambre. El motivo principal de protesta radica en la exclusión de otros privados de libertad por parte de la ley, que ellos consideran insuficiente ante las expectativas generadas.
Europa Press detalló que los beneficiarios recientes de la excarcelación incluyen figuras destacadas dentro de la oposición venezolana. Luis José Magallanes, coordinador regional del partido Vente Venezuela en el estado Yaracuy y detenido durante siete meses, figura entre quienes abandonaron prisión gracias a la amnistía. Lo mismo ocurrió con Andrés Cabrera, coordinador del partido en Bejuma, estado Carabobo. Estas liberaciones han adquirido visibilidad en redes sociales y medios digitales debido a que representan avances en las demandas de organizaciones defensoras de los derechos humanos.
La ley de amnistía fue aprobada por unanimidad en la Asamblea Nacional con el objetivo de fomentar la reconciliación política y social, según explicó el Gobierno venezolano. Organizaciones de la sociedad civil y defensores de derechos humanos han vigilado de cerca el proceso, realizando seguimientos sobre el estado de cada uno de los casos y asegurando la correcta aplicación de las medidas adoptadas. Europa Press recogió los datos que muestran que, si bien la medida ha permitido liberar a decenas de personas, la cantidad de solicitudes y las demandas de familiares y allegados que continúan reclamando justicia indican la existencia de expectativas no satisfechas por este nuevo marco legal.
Los acontecimientos y protestas que dieron lugar a muchas detenciones consideradas por ONG como de carácter político ocurrieron en varios momentos de la historia reciente del país. Las fechas incluidas en la ley responden a movilizaciones y hechos claves de confrontación política y social desde finales del siglo pasado hasta episodios recientes de 2024, lo cual refleja el alcance temporal de la medida.
La ONG Foro Penal y el CLIPPVE continúan emitiendo comunicados y reportes sobre la situación de los presos, informando tanto sobre las excarcelaciones ya concretadas como sobre quienes permanecen bajo custodia judicial o han sido excluidos de los beneficios de la amnistía. Según consigna Europa Press, la aplicación del texto legal seguirá desplegándose en las próximas semanas en medio de reclamos tanto dentro como fuera de los centros penitenciarios y de un debate público acerca del contenido y la ejecución de la ley.
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