
La ampliación del número de plazas en la universidad pública y en la formación sanitaria especializada ha sido una de las medidas destacadas por la ministra de Sanidad, Mónica García, frente a las demandas persistentes de los profesionales médicos. Según consignó Europa Press, García aseguró que el Ejecutivo incrementó en un 15% las plazas de Medicina en la universidad pública y en un 40% las plazas correspondientes al MIR y otros programas de formación sanitaria especializada, lo que significa un crecimiento desde las 8.000 hasta algo más de 12.000 plazas. La ministra manifestó que esta situación responde a la necesidad de abordar tanto la escasez actual de médicos y enfermeros como la prevista por cambios demográficos.
De acuerdo con Europa Press, García anunció su respaldo a las reclamaciones presentadas por los médicos contra las condiciones que establece el Estatuto Marco. La ministra afirmó su intención de acompañar a los profesionales médicos para solicitar a cada comunidad autónoma mejoras vinculadas a cuestiones retributivas y organizativas que la ley no fija de forma específica. Estas declaraciones de García se produjeron en el marco de una entrevista para el pódcast 'Carne Cruda', recogida por el medio mencionado.
La huelga semanal convocada por los médicos se produce por la discrepancia con lo dispuesto en el Estatuto Marco, especialmente respecto a los elementos que consideran insuficientes. Uno de los focos de descontento surge de la regulación de las guardias médicas, pues los profesionales exigen que sean de 12 horas, de carácter voluntario, mejor remuneradas y acompañadas de descansos reales. También solicitan la equiparación de sus jornadas laborales con las del resto de sanitarios, el reconocimiento de la singularidad de la profesión médica mediante un estatuto propio, aumentos en plantilla y remuneraciones, además de la posibilidad de adelantar la edad de jubilación.
La titular de Sanidad explicó, según subrayó Europa Press, que el Gobierno no puede intervenir en la fijación de salarios ni en la organización de las plantillas, ya que esta competencia corresponde a las distintas comunidades autónomas, que deben establecer condiciones atractivas para los profesionales con el fin de retenerlos. García destacó que el Estatuto Marco, que aún debe pasar por el Consejo de Ministros, representa "un primer paso" para limitar posibles abusos en la gestión sanitaria de los últimos años, señalando que tras 23 años se trata de la primera base puesta para mejorar la situación.
Entre los puntos legislados en el Estatuto Marco, García indicó que se elimina la obligación de realizar guardias de 24 horas, fijando en 17 horas el máximo permitido, cifra que se corresponde con dos turnos sucesivos (tarde y noche), además de establecer la obligatoriedad de descanso antes y después de cada turno. Las comunidades autónomas cuentan con la facultad de reducir el tiempo de las guardias hasta las 12 horas, según detalló la ministra a Europa Press, pero advirtió que la voluntariedad absoluta en la asignación de guardias no es posible. Argumentó que no se puede "dejar la asistencia de los pacientes al albur de las necesidades de los profesionales".
Sobre las demandas de los médicos a favor de un estatuto propio, García señaló que el Estatuto Marco contempla un capítulo específico dedicado a los profesionales médicos. A su juicio, las particularidades del ejercicio de la medicina pueden incorporarse dentro de un marco legal común, y crear normativas diferenciadas fragmentaría el sistema sanitario. En cuanto a la jubilación anticipada, la ministra recordó que en España la edad de jubilación se determina por años trabajados y no por el volumen de horas realizadas.
La equiparación de jornadas con el resto del personal sanitario figura entre las peticiones de los médicos, quienes se apoyan en el ejemplo de la enfermería. En ese sentido, García estableció diferencias organizativas entre ambos colectivos, enfatizando que el modelo de trabajo de enfermeros, quienes pueden realizar noches consecutivas a lo largo de varias semanas, no se adapta a la realidad del personal médico, ya que comprometería la continuidad de la atención para los pacientes.
El déficit de profesionales plantea desafíos para el sistema sanitario público. García puntualizó, según informó Europa Press, que esta situación no afecta únicamente a médicos en ejercicio, sino que también abarca a estudiantes y residentes en formación. La ministra insistió en que el país necesita mejores condiciones salariales, más contratos y, en general, un esfuerzo creciente en contratación, pero este objetivo depende de la disponibilidad presupuestaria y de las prioridades que se establezcan en los presupuestos generales del Estado. Destacó la necesidad de avanzar de forma gradual en la mejora de las condiciones laborales para quienes trabajan en el sistema sanitario público.
Las posiciones adoptadas por el Ministerio se dan en un contexto marcado por tensiones entre el Gobierno central, los sindicatos médicos y las comunidades autónomas, como detalló Europa Press. El proceso de negociación implica niveles diferenciados de responsabilidad: mientras que el marco general corresponde al Estado, las condiciones concretas se definen en última instancia por las autonomías. García reiteró la disposición del Ministerio para acompañar las demandas de los médicos dirigidas a los gobiernos regionales, subrayando la corresponsabilidad en la mejora de la situación profesional y asistencial en la sanidad pública española.
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