La propuesta de una nueva legislación sobre información clasificada se mantiene en suspenso en el Congreso, mientras se cumple el 45 aniversario del intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981. En este escenario, el gobierno anunció la próxima desclasificación de documentos relacionados con aquella intentona golpista, una medida que distintas fuerzas políticas califican como positiva, aunque consideran que no responde al conjunto de exigencias históricas sobre transparencia y actualización legal. Según publicó Europa Press, el coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, ha considerado que esta decisión resulta “insuficiente” y urgió al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a impulsar la aprobación de una nueva Ley de Secretos antes del cierre de la legislatura.
El anuncio tuvo lugar el lunes 23 de febrero de 2026, en coincidencia con la conmemoración del 45º aniversario del 23F. De acuerdo con Europa Press, Pedro Sánchez informó que el Consejo de Ministros prevé aprobar la desclasificación de los documentos oficiales relativos al golpe militar durante la sesión del martes siguiente. No obstante, Maíllo insistió en que, aunque esta medida representa una “buena noticia”, la verdadera necesidad radica en modernizar la legislación vigente, aún basada en la Ley de Secretos Oficiales de 1968, aprobada en tiempos del franquismo, y que, en palabras del dirigente de IU, debe ser sustituida por una normativa adaptada a los estándares democráticos y de transparencia actuales.
Europa Press consignó que el coordinador federal de IU manifestó que, de haber ocupado la presidencia, ya habría promovido la apertura de estos archivos. Subrayó que la prioridad debe consistir en la promulgación de una nueva ley que remplace el marco legal de 1968, al que calificó como “infame” por su origen y contenido. Esta renovación legislativa constituye una petición histórica del Partido Nacionalista Vasco (PNV), fuerza que durante los últimos periodos parlamentarios ha presentado iniciativas de reforma reiteradamente, hasta ahora sin éxito por las continuas prórrogas en el plazo de enmiendas y la falta de acuerdo definitivo.
Mientras estas propuestas siguen pendientes de tramitación en el Congreso, el Consejo de Ministros aprobó en el verano pasado su propio proyecto de Ley de Información Clasificada, promovido desde el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, según detalló Europa Press. Este texto legislativo también quedó a la espera en fase parlamentaria, sin avance en su tramitación definitiva. El proyecto presentado por el Ejecutivo contempla los fundamentos para clasificar información que pueda afectarle a la defensa nacional y la seguridad ciudadana, tratando de compatibilizar estas atribuciones estatales con el derecho de la ciudadanía al acceso a la información y a la transparencia.
Según el medio Europa Press, la iniciativa legal promovida por el gobierno recoge que la clasificación de documentos solo podrá realizarse de manera excepcional y siempre con justificación explícita. Además, la ley prohíbe que información relacionada con violaciones graves de derechos humanos o crímenes de lesa humanidad quede bajo clasificación, abriendo así una vía para la desclasificación de archivos relevantes en casos de delitos de especial gravedad histórica.
La propuesta del Ejecutivo introduce el principio de desclasificación automática, definiendo plazos según los niveles de secreto estipulados. Europa Press reportó que los documentos clasificados como “Secreto” tendrían que ser desclasificados transcurridos treinta y cinco años desde su clasificación, admitiendo una extensión de hasta diez años adicionales solo en circunstancias justificadas. En total, el máximo sería de cuarenta y cinco años, lapso que en 2026 coincide con el aniversario del 23F.
El debate sobre la reforma legal de los secretos oficiales permanece en el centro de la discusión política, ya que, según Europa Press, diferentes fuerzas sociales y políticas reclaman que España adapte su normativa en la materia a los estándares internacionales de transparencia y acceso a la información pública. Mientras tanto, la apertura de los documentos sobre el 23F responde parcialmente a demandas históricas, pero continúa pendiente el abordaje de una reforma integral del sistema de clasificación y desclasificación de información reservada por parte del Estado.
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