El fiscal Mame Mandiaye Niang subrayó que los 78 asesinatos atribuidos formalmente a Rodrigo Duterte representan apenas una pequeña parte del número total de muertes que ocurrieron durante la llamada guerra contra las drogas en Filipinas. Según cálculos señalados por el propio Tribunal Penal Internacional (TPI), la cifra de civiles muertos en ese periodo podría ubicarse entre 12.000 y 30.000, una magnitud que supera ampliamente las estimaciones oficiales del gobierno filipino, que reconoce cerca de 6.000 fallecidos. De acuerdo con informaciones difundidas por la cadena de televisión ABS-CBN y recogidas por el medio, el fiscal Niang recalcó la importancia de la jornada para la justicia internacional y el pueblo filipino, situando en primer plano la investigación sobre crímenes contra la humanidad presuntamente cometidos por Duterte en el curso de la política antidrogas aplicada entre noviembre de 2011 y marzo de 2019.
Tal como publicó la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional este lunes, existen "indicios suficientes" para considerar la posible implicación directa e indirecta del expresidente Rodrigo Duterte en la ejecución de crímenes contra la humanidad. Durante su gestión como alcalde de Dávao y posteriormente como presidente de Filipinas, Duterte habría participado, según sostuvo el fiscal Niang, de manera indirecta en ejecuciones consideradas generalizadas y sistemáticas. De acuerdo con la fiscalía, los asesinatos investigados incluyen víctimas menores de edad y forman parte de una parcela mucho mayor de crímenes perpetrados bajo la política de mano dura contra el narcotráfico.
El medio ABS-CBN informó que la intervención de Niang se produjo tras el inicio de las audiencias previas al juicio contra Duterte, que se desarrollarán a lo largo de la semana. Durante estas vistas se presentarán y leerán formalmente todos los cargos que enfrenta el exmandatario. Pese a la oposición mostrada por los fiscales y representantes de las víctimas, el tribunal aceptó la solicitud de la defensa y autorizó que Duterte tenga la posibilidad de ausentarse de las audiencias, reservando así el derecho de decidir si comparece físicamente ante la corte.
La investigación del TPI se asienta sobre una denuncia formal presentada en 2018, firmada tanto por organizaciones no gubernamentales como por familiares de personas asesinadas durante la guerra contra las drogas impulsada por Duterte. Estas denuncias señalaron prácticas sistemáticas de ejecuciones extrajudiciales y reclamaron la intervención de la justicia internacional ante la inacción de las instituciones locales para garantizar la rendición de cuentas.
El Tribunal Penal Internacional remarcó que “quienes ostentan el poder no están por encima de la ley”, dirigiendo este principio tanto a Duterte como a sus colaboradores, y subrayó que la actuación de la fiscalía responde a una demanda de justicia emitida por sectores amplios de la sociedad filipina, víctimas y organizaciones defensoras de derechos humanos.
Filipinas se retiró unilateralmente del TPI en 2019, siendo Duterte presidente, en respuesta a las investigaciones y cuestionamientos provenientes de La Haya relativos a la política antidrogas. Según consignó ABS-CBN, esta decisión no ha frenado el avance de las investigaciones sobre los hechos ocurridos durante la gestión de Duterte, ya que las denuncias y casos presentados antes de la retirada del país siguen en estudio por parte del tribunal internacional.
Entre los cargos que enfrenta, figure el asesinato de niños y adultos, episodios que, según la fiscalía del TPI, ocurrieron como consecuencia de una política estatal o de órdenes de autoridades superiores apuntadas a eliminar sospechosos de tráfico de drogas sin debido proceso judicial. Los informes de la fiscalía agregan que, más allá de los casos en los que existen registros formales, una estimación realizada por el TPI extiende hasta 30.000 la posible cantidad de víctimas fatales durante el periodo relevante, evidenciando un patrón sistemático más allá de los casos inicialmente imputados.
El proceso judicial en el TPI continuará con la presentación formal de cargos y la exposición de pruebas documentales y testimoniales que permitan establecer el grado de responsabilidad de Duterte en los hechos investigados. Mientras tanto, según reportó ABS-CBN, los familiares de las víctimas y las organizaciones promotoras de la denuncia insisten en la necesidad de una justicia efectiva y de un mecanismo internacional capaz de sustituir las carencias señaladas en el ámbito judicial filipino.
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