Junts propone una reforma legal para que el Estado pague a las pymes un plan de asesoramiento sobre inclusión

La propuesta introducida por Junts incluye una cláusula de activación automática que obliga a las empresas con una plantilla de 50 o más empleados a desarrollar e implementar un plan anual de formación en inclusión laboral si, después de seis meses desde la entrada en vigor de la ley, no se ha aprobado el presupuesto necesario para el apoyo técnico por parte del Estado. Esta iniciativa implica que, de no existir financiación específica, esos empleadores deberán garantizar la capacitación anual de su personal de Recursos Humanos y de selección en materias relacionadas con políticas inclusivas, ajustes razonables y eliminación de barreras laborales para personas con discapacidad, abordando también la provisión de ayudas técnicas, la accesibilidad digital y la prevención de conductas discriminatorias.

Según publicó Europa Press, Junts registró en el Congreso una enmienda a la proposición de ley presentada por el PSOE que impulsa la inclusión laboral de personas con discapacidad por medio de la cuota de reserva de empleo que deben cumplir las empresas. El partido liderado por Miriam Nogueras plantea que el Estado se haga cargo de la financiación de un servicio gratuito de asesoramiento para pequeñas y medianas empresas, con el objetivo de ayudarles a crear entornos laborales más accesibles y equitativos. El alcance de este servicio incluiría la atracción y selección de personal de manera inclusiva, la puesta en marcha de ajustes razonables, la garantía de accesibilidad digital y la promoción del uso de medidas de apoyo vigentes a nivel autonómico a través de los servicios de empleo de cada territorio, detalla la citada agencia.

La formación independentista justifica esta iniciativa debido a la necesidad de garantizar la capacidad de cumplimiento de las pymes sin trasladar la responsabilidad financiera a las comunidades autónomas. El gasto del servicio quedaría cubierto directamente desde los Presupuestos Generales del Estado, estableciendo una fuente clara de financiación que impediría que los gobiernos autonómicos tuvieran que hacer frente a estos costes. La enmienda introduce una disposición adicional al texto legislativo existente para que los Presupuestos recojan anualmente una dotación económica destinada a costear el servicio de asesoramiento a las pymes en materia de inclusión.

El medio Europa Press detalló que la cantidad destinada a los diferentes territorios se definiría mediante criterios objetivos. Estos criterios considerarían el tamaño de la población, el número de empresas sujetas a la cuota de reserva de empleo por discapacidad y la situación del empleo de personas con discapacidad en cada comunidad autónoma. De este modo, Junts busca garantizar una distribución proporcional de los recursos y evitar que áreas con mayores desafíos en materia de empleo inclusivo queden desatendidas.

El contenido del plan de formación obligatorio, en caso de no disponerse de financiación específica estatal, abarcaría áreas como la selección y contratación inclusivas, el diseño de ajustes razonables en el ámbito laboral, la provisión de ayudas técnicas y el acceso digital adecuado en portales, procedimientos de selección y documentación. El plan también incluiría medidas para prevenir situaciones de discriminación por motivos de discapacidad y asegurar un trato adecuado en todos los procesos internos de la empresa, según Hizo constar Europa Press.

Además de estas medidas, la propuesta presentada por Junts subraya la importancia de fortalecer la capacidad técnica de las pymes para que puedan cumplir con los requisitos legales de la cuota de reserva y crear ambientes de trabajo donde la accesibilidad y la equidad formen parte de la gestión diaria. La enmienda busca así incidir tanto en la formación específica del personal clave de las empresas como en la adaptación de los procedimientos internos para facilitar la integración y permanencia de trabajadores con discapacidad.

El registro de estas enmiendas se produce en el contexto de un debate legislativo sobre la reforma de la ley que regula la inclusión laboral y la equiparación de derechos de las personas con discapacidad en el sector privado. Junts apuesta por una implicación directa del Estado en el asesoramiento y la formación a las pymes, así como por la activación de recursos y medidas obligatorias cuando la dotación presupuestaria no esté disponible, según reportó Europa Press. A través de esta iniciativa, el partido pretende robustecer la red de garantías para la integración real y efectiva en el mercado laboral, asegurando que las necesidades de adaptación y apoyo no constituyan un obstáculo para la actividad de las pequeñas y medianas empresas.