El jefe anticorrupción de Malasia responde ante una comisión que investiga sus participaciones accionariales

La tenencia de 17,7 millones de acciones de Azam Baki en la empresa Velocity Capital Partner Bhd., con un valor aproximado de 180.000 euros según un informe anual firmado por la firma de servicios financieros a la Comisión de Sociedades de Malasia, desató un intenso escrutinio público y propició la citación del máximo responsable de la Comisión Anticorrupción de Malasia (MACC) ante una comisión especial. De acuerdo con información confirmada por el Gobierno malasio el domingo y reportada por varios medios, esta comparecencia responde al creciente malestar social y a una serie de denuncias sobre presunto abuso de poder y favoritismo dentro del organismo anticorrupción.

Tal como consignó Bloomberg News, las regulaciones en Malasia permiten a los funcionarios públicos adquirir acciones en empresas locales siempre que no sobrepasen el 5% del capital desembolsado o los 21.700 euros, optando por el menor de ambos valores. Igualmente, las normas les obligan a declarar sus activos como mínimo una vez cada cinco años, así como en los momentos de compraventa de participaciones. El caso de Azam ha generado inquietudes respecto a la observancia de estos límites y ha servido como detonante para un debate más amplio tanto en los medios como en la sociedad civil malasia.

El secretario jefe del Gobierno, Azri Abú Bakar, confirmó la citación de Azam y explicó que la comisión especial fue creada exclusivamente para recabar explicaciones directas del comisionado jefe, según detalló el propio Gobierno. La revelación sobre la magnitud de su participación accionarial llevó a protestas en la capital y estimuló a organizaciones civiles a reclamar la creación de una Comisión Real de Investigación. Estas agrupaciones demandan una pesquisa independiente sobre las acusaciones que implican posible abuso de poder, enriquecimiento ilícito y extorsión regulatoria, enfocando las solicitudes tanto en la MACC como en su director.

La presión pública aumentó tras la publicación de Bloomberg News, que también señaló posibles acuerdos entre funcionarios de la MACC y empresarios interesados en la adquisición de compañías. A raíz de estas imputaciones, el propio Azam Baki rechazó haber cometido irregularidades e indicó que la información difundida por Bloomberg tiene un carácter “tendencioso y engañoso”.

En respuesta a las acusaciones y a las protestas, el Comité de Control de Activos de la MACC anunció que sus investigaciones se ajustan totalmente al marco legal y negó que influyan intereses particulares en sus procesos. En un comunicado emitido por Shamsul, el comité aseguró que el examen de los hechos será “exhaustivo, transparente, independiente y profesional”. El comunicado también precisó que las conclusiones y recomendaciones que se deriven de la investigación se enviarán a las autoridades pertinentes. Esta remisión de resultados y sugerencias se realizará aun si se identifican infracciones a las normativas legales o penales vigentes, siguiendo el procedimiento institucional que marca la regulación.

Dentro del contexto de las regulaciones malayas, la controversia por la participación accionarial supera los procedimientos internos de la MACC y apunta hacia asuntos estructurales relacionados con la integridad de los funcionarios públicos. Las manifestaciones y la presión ejercida por sectores de la sociedad civil reflejan el aumento de la vigilancia ciudadana sobre el uso de poder y la transparencia institucional en el país. La investigación, de acuerdo con las fuentes consultadas y los comunicados oficiales, enfrenta el reto de responder ante las obligaciones legales mientras observa un escrutinio público sin precedentes en los últimos años en Malasia.