Condenan a siete miembros de un clan por traficar con cocaína y dopantes en Roquetas de Mar

Siete personas recibirán distintas penas de prisión tras admitir en un tribunal que integraban una red familiar dedicada a distribuir drogas y fármacos ilegales en Roquetas de Mar, usando empresas simuladas y transferencias bancarias para blanquear beneficios ilícitos

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El tribunal determinó que, durante varios meses recientes, siete personas establecieron una estructura familiar dedicada al tráfico de cocaína y venta de fármacos ilegales en Roquetas de Mar, utilizando locales y servicios simulados para aparentar legalidad e integrar las ganancias en el sistema financiero. De acuerdo con Europa Press, todos los implicados han admitido su implicación ante la Audiencia Provincial de Almería, lo que ha llevado a condenas que oscilan entre tres años y medio y seis años y tres meses de prisión, según la participación individual y los delitos imputados.

Según publicó Europa Press, el proceso incluyó la investigación de diversas actividades realizadas desde noviembre de 2023 hasta la detención del grupo en junio de 2024. La sentencia, basada en la prueba recabada y en el reconocimiento de los hechos por la mayoría de los acusados, describe un sistema de venta y distribución de sustancias ilícitas que involucraba vínculos personales y familiares. En el centro de la organización se encontraba una persona con rol directivo, identificada como F.O.G.C., quien coordinaba las operaciones y facilitaba la mercancía a los miembros de la red. Este individuo, además de definir las pautas para el resto de implicados, participaba en ventas directas a clientes seleccionados, acordando encuentros telefónicamente en las cercanías del domicilio donde se almacenaban las sustancias.

El fallo judicial, consultado por Europa Press, expone que en esa vivienda, donde habitaban F.O.G.C. y al menos otros tres acusados, se centralizaba el almacenamiento y preparación de los estupefacientes. También se utilizaron otros dos domicilios, ubicados en El Parador de las Hortichuelas y Aguadulce, pertenecientes a familiares que intervenían en la actividad ilícita. El modo de operar incluía la utilización de vehículos de lujo y desplazamientos en taxi, así como la recepción de compradores en las viviendas mencionadas, conforme a las instrucciones suministradas por el líder del grupo.

Investigaciones y actuaciones policiales llevaron a la incautación de drogas valuadas en cerca de 12.300 euros en el mercado ilegal, con aproximadamente 100 gramos de cocaína interceptados, además de pequeñas cantidades de cannabis, MDMA y numerosos blísteres de medicamentos no autorizados, entre los que predominaban los considerados peligrosos para la salud de los consumidores finales. Las pesquisas permitieron además la intervención de varios vehículos, joyas, una docena de teléfonos móviles y herramientas para el pesaje y fraccionamiento de las sustancias. Los agentes también recogieron más de 11.120 euros en efectivo y detectaron transferencias fraccionadas de entre 30 y 60 euros mediante Bizum, que sumaron 1.257 euros bajo conceptos relacionados con servicios ficticios de limpieza de coches, una estrategia diseñada para justificar ingresos y blanquear los beneficios obtenidos de la actividad ilícita.

Uno de los acusados, quien tenía responsabilidades destacadas dentro del grupo y protagonizó parte de las operaciones de lavado de activos, recibió la pena más severa, alcanzando seis años y tres meses de prisión al añadírsele el delito de blanqueo de capitales. Para la mayoría, la Audiencia Provincial de Almería aplicó la atenuante de confesión tardía, dado que reconocieron su participación en los hechos en las fases finales del proceso judicial y contaron con la representación de los abogados Nabil El Meknassi y José Antonio Bonachera. En tres de los casos, el tribunal sustituyó el último tercio de la condena por una orden de expulsión del territorio español, con una prohibición de regreso de diez años.

Europa Press reportó que la organización generó ingresos ilícitos tanto con cocaína como con medicamentos orientados al vigor sexual, similares a la viagra, y otras sustancias dopantes, que adquirían para su posterior reventa. Se documentó que el grupo recurría a empresas simuladas para dar apariencia de legalidad a las operaciones, en particular un lavadero de coches administrado por una de las acusadas, que servía para canalizar las ganancias a través de transferencias bancarias y pagos electrónicos.

Entre los involucrados figuraban personas con distintos grados de implicación y tareas asignadas. Las autoridades identificaron la participación activa de los acusados en la distribución directa, el manejo logístico y la captación de clientes, elementos que fueron probados durante las diligencias policiales y judiciales. La madre del principal responsable figuró entre los investigados, aunque finalmente resultó absuelta al no acreditarse su participación en las actividades delictivas.

La documentación recogida por Europa Press señala que el grupo tenía una estructura flexible, donde las instrucciones del principal cabecilla determinaban cada acción relevante, desde las entregas y reuniones hasta la selección de personas autorizadas para manipular las sustancias y los instrumentos decomisados. El uso de transacciones de pequeña cuantía a través de Bizum perseguía ocultar el origen ilícito del dinero, tratándose de ingresos reiterados que respondían, según el investigado, a supuestos servicios de lavado de vehículos nunca prestados.

La sentencia concreta el número y el tipo de estupefacientes aprehendidos, subrayando la pluralidad de sustancias en circulación y la variedad de espacios habilitados para su almacenamiento y comercialización. Los registros y actuaciones culminaron con la incautación de diversa documentación, elementos electrónicos y los efectos personales vinculados a la organización, que formaron parte de las pruebas presentadas ante el tribunal.

Durante el proceso, la Audiencia Provincial de Almería pudo reconstruir de modo detallado la dinámica operacional del grupo y la forma en que utilizaban los canales de servicios y transferencias bancarias para dotar de apariencia legítima las ganancias derivadas del tráfico de drogas y medicamentos no autorizados. Las penas y medidas impuestas han reflejado tanto la gravedad de los hechos como la cooperación de los implicados al reconocer los delitos, conforme a la información difundida por Europa Press.