La gestión privada del vertedero de Rizal quedó en el centro del debate después de que organizaciones civiles denunciaron intentos de silenciar a quienes buscan información sobre la desaparición de al menos 50 personas, tras un colapso ocurrido en este basurero de la ciudad de Rodríguez, provincia de Rizal. Según informó ABS-CBN y citó al grupo de defensa de los derechos de las personas desfavorecidas Kadamay, la estimación de personas desaparecidas surge de familiares que no logran localizar a sus seres queridos después del desastre sucedido cerca de las 14:00 horas del pasado viernes en el distrito de San Isidro.
El incidente tuvo lugar meses después de un derrumbe ocurrido el 8 de enero en el vertedero de Binaliw, en Cebú, donde murieron 36 personas, como consignó ABS-CBN. La secretaria general de Kadamay, Mimi Doringo, explicó que los 50 desaparecidos no representan un dato definitivo, ya que la cifra proviene de los reclamos de familias en la zona afectada. Doringo también señaló que dos hermanos lograron sobrevivir tras pasar más de una hora atrapados bajo los restos del vertedero, lo que evidencia tanto la magnitud del derrumbe como la incertidumbre respecto al número exacto de afectados.
El Centro de Mando de la Oficina de Gestión y Reducción de Riesgos de Desastres de Rizal confirmó sólo tres personas desaparecidas y no ofreció más información oficial sobre las circunstancias del colapso ni sobre la identidad de los implicados, informó ABS-CBN. Esta disparidad en las cifras alimentó cuestionamientos de las agrupaciones civiles respecto a la transparencia y a la coordinación en el manejo de las labores de rescate e identificación de víctimas.
A través de sus plataformas digitales, Kadamay denunció que algunas familias habrían recibido dinero a cambio de guardar silencio sobre las circunstancias del derrumbe y la desaparición de decenas de personas en el vertedero de Rizal. Kadamay detalló ante ABS-CBN que el lugar está bajo la administración de la empresa privada International Solid Waste Integrated Management Specialist, Inc. (ISWIMS), lo que añade complejidad a la investigación por la presencia de intereses empresariales en la gestión del sitio sin que hasta el momento las autoridades hayan divulgado información oficial adicional.
El movimiento político Bagong Alyansang Makabayan (Bayan) señaló que la empresa ISWIMS impidió la cobertura informativa por parte de los medios, lo que motivó críticas por falta de acceso a la información. Bayan advirtió que fuerzas policiales habrían colaborado con la empresa para restringir el trabajo periodístico y evitar la difusión de detalles sobre el hecho. ABS-CBN también consultó a Bayan, que mencionó el caso de una persona dedicada a recoger basura en el vertedero, quien recibió una visita considerada intimidatoria por parte de representantes de ISWIMS después de publicar fotografías del incidente en redes sociales.
El vertedero de Rizal también estuvo involucrado en un derrumbe anterior tras fuertes precipitaciones, según reportó ABS-CBN. En esa ocasión, cuatro trabajadores que se encontraban en el lugar fueron rescatados sin lesiones graves, lo que incrementó la preocupación de organizaciones sociales sobre la seguridad de quienes dependen económicamente de estas actividades y evidencia el riesgo recurrente en la operación del basurero.
El caso de Rizal se suma a una serie de incidentes en vertederos de Filipinas en los últimos meses, lo que generó alarma entre organizaciones civiles acerca de las condiciones laborales, la gestión de residuos y la transparencia de las empresas privadas que controlan estos espacios. Las divergencias entre las cifras oficiales y las estimaciones de grupos civiles también llamaron la atención sobre la dificultad de acceder a información precisa en contextos donde hay barreras informativas y presiones hacia las comunidades afectadas, según subrayó ABS-CBN.
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