
Durante su intervención ante el Congreso de los Diputados, la ministra de Sanidad, Mónica García, rechazó las afirmaciones sobre la supuesta privatización del sistema sanitario en Cataluña y puntualizó que el marco regulatorio catalán utiliza consorcios y conciertos exclusivamente con entidades públicas o sin ánimo de lucro. García subrayó que este enfoque mantiene el sistema alejado de cualquier modelo de gestión privada similar al del Partido Popular, desmarcándose de prácticas como la manipulación de listas de espera para obtener rendimientos económicos ligados a empresas privadas. La ministra afirmó que el objetivo del nuevo proyecto normativo es proteger el sistema catalán de este tipo de riesgos y garantizar la gestión pública de los servicios sanitarios.
De acuerdo con el medio de comunicación, en la sesión de control al Gobierno celebrada este miércoles, García respondió a la pregunta de la diputada Pilar Calvo, representante del Grupo Parlamentario Junts per Catalunya, acerca de la posición ministerial sobre el modelo sanitario catalán. La ministra manifestó que "la Ley de Gestión Pública no pone en riesgo el modelo catalán, sino que lo protege". Esta afirmación se produjo tras recordar que el anteproyecto de la ley fue aprobado en Consejo de Ministros el pasado 10 de febrero.
Según reportó la misma fuente, Mónica García expuso que el sistema sanitario catalán constituye "uno de los grandes activos del Sistema Nacional de Salud (SNS)", destacando su papel pionero en áreas como la investigación, la innovación, las terapias avanzadas y la gestión sanitaria. Mencionó también la relación entre las comunidades autónomas a través del Consejo Interterritorial, donde se comparten diversas iniciativas de gestión e innovación, señalando que Cataluña actúa en muchos aspectos como un referente nacional e internacional.
La ministra precisó que, aunque el sistema muestra carencias y debilidades comunes a los sistemas sanitarios europeos, destaca en áreas como la investigación translacional y la gestión innovadora. Además, indicó que la colaboración entre entidades dentro de Cataluña se realiza exclusivamente con organismos públicos o sin fines lucrativos. García enfatizó que "no es el modelo de Quirón, no es el modelo del Partido Popular", diferenciándose así de las estructuras vinculadas a la gestión privada. También rechazó los señalamientos recientes sobre intentos de manipular listas de espera con fines de lucro y calificó estos hechos de contrarios a la filosofía del sistema catalán, aclarando: "No es el modelo de los audios obscenos que oímos hace poco diciendo un CEO que iba a manipular las listas de espera para hacer caja".
La ministra de Sanidad, según detalló el medio, subrayó que la Ley de Gestión Pública tiene como finalidad frenar cualquier intento de introducir prácticas privadas que puedan afectar la integridad del sistema. Afirmó: "El objetivo de la nueva ley es poner coto a esos audios obscenos y proteger al sistema catalán de los 'Quirones' de turno". En contraste, resaltó que la sanidad pública de Cataluña dirige sus esfuerzos hacia el refuerzo de la salud de la población y la mejora de los servicios ofrecidos, manteniéndose al margen de intereses privados y comerciales.
Durante su comparecencia, García insistió en que calificar el sistema fiscalizado por parte del Gobierno central y de la Generalitat como privatizado corresponde a "falacias". Insistió en la importancia de distinguir entre modelos de gestión y subrayó la función de los consorcios y conciertos como mecanismos de colaboración dentro de la esfera pública. Así, la ministra defendió la nueva Ley de Gestión Pública como un instrumento legal que blinda el sistema sanitario catalán frente a movimientos privatizadores y a la influencia de intereses ajenos a la gestión pública.
El debate sobre el modelo de gestión sanitaria en Cataluña surge en un contexto en el que la protección ante la privatización y el fortalecimiento de la sanidad pública se encuentran en el centro de la agenda política. Tal como publicó el medio citado, García consideró que Cataluña se sitúa como referente en investigación, terapias avanzadas e innovación en gestión, y que la nueva normativa contribuye tanto a preservar estos avances como a impedir la entrada de intereses privados en la organización de los servicios sanitarios.
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