El Gobierno defiende que Fiscalía investigue las redes: "En 11 días hubo 3 millones de fotos de desnudos creados por IA"

La proliferación de imágenes íntimas generadas con inteligencia artificial ha alcanzado una cifra sin precedentes en menos de dos semanas, totalizando tres millones de fotografías que, según detalló el Gobierno, incluyen en muchos casos a menores de edad. Esta estadística fue presentada por la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, durante una comparecencia posterior al Consejo de Ministros, donde defendió la necesidad de que la Fiscalía actúe para frenar el auge de delitos de violencia sexual en el entorno digital. Según informó el medio, la portavoz del Ejecutivo argumentó que la magnitud del fenómeno obliga a endurecer el control sobre las principales plataformas tecnológicas, poniendo especial atención en su impacto sobre la infancia y la adolescencia.

Saiz explicó, según publicó la fuente, que la iniciativa consiste en que el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes solicite a la Fiscalía General del Estado investigar y, cuando corresponda, perseguir posibles delitos de violencia sexual digital en redes sociales. La ministra enfatizó que no se puede admitir que los algoritmos de estas plataformas amplifiquen o respalden la difusión de estas imágenes, subrayando que está en juego la seguridad y la privacidad de las niñas y niños, así como el respeto a su libertad individual.

En la misma jornada, el presidente Pedro Sánchez comunicó a través de su cuenta en la red social X la decisión de invocar el artículo 8 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, indicando que se trata de una medida planteada desde el Consejo de Ministros para responder a lo que describió como ataques a la salud mental, la dignidad y los derechos de los menores. Según difundió el medio, Sánchez consideró que el Estado debe poner freno a la situación y reclamó que termine lo que llamó la impunidad de los gigantes tecnológicos.

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, recordó que ya en enero se solicitó a la Fiscalía investigar a la plataforma X por posibles delitos de pornografía infantil. Rego expuso en redes sociales que la reciente decisión del Consejo de Ministros de activar el artículo 8 del Estatuto del Ministerio Fiscal apunta a investigar a las grandes plataformas y representa “un paso más para garantizar los derechos de la infancia en redes sociales”, como reseñó el medio.

El Ejecutivo justificó la ofensiva legal debido a la creciente exposición que enfrentan los menores en internet y la expansión de la inteligencia artificial capaz de crear imágenes explícitas no consentidas. El medio consignó que el Gobierno mantiene un compromiso firme con la protección de entornos digitales seguros para los más jóvenes. Dentro de este esquema de medidas, se suma la propuesta de prohibir el acceso de menores de 16 años a las redes sociales, la exigencia de controles verificables de edad en las plataformas y otras estrategias para reducir la vulnerabilidad de los menores en el ámbito digital.

El aumento vertiginoso del contenido explícito generado mediante inteligencia artificial ha creado un nuevo frente de preocupación respecto a la privacidad y la dignidad de los menores. El medio detalló que la acción del Gobierno no se limita a la Fiscalía u otras instancias judiciales, sino que busca generar un debate público sobre la responsabilidad de las plataformas de redes sociales y el alcance de los algoritmos responsables de difundir ese tipo de contenido. La portavoz Elma Saiz reiteró que debe existir una reacción proporcional y contundente por parte del Estado para asegurar que la infancia no quede expuesta a la explotación digital.

En el marco de esta ofensiva, el medio reportó que el Ejecutivo destacó la urgencia de establecer límites regulatorios claros y sancionar a quienes permitan la circulación de imágenes ilegales. Analistas del Gobierno consultados por la fuente señalaron que la combinación de inteligencia artificial y la facilidad de acceso a herramientas de edición hace imprescindible actualizar la legislación, fomentar la colaboración internacional y exigir una mayor transparencia a los operadores tecnológicos.

Según informó la fuente, la estrategia avanzada por el Gobierno pretende cortar la cadena de producción y distribución de este material, actuando contra cualquier falla de supervisión o complicidad en las grandes plataformas. Las autoridades esperan que la intervención de la Fiscalía marque un punto de inflexión en la respuesta institucional frente a estos delitos y siente las bases de futuras acciones preventivas en el entorno digital.