El Gobierno aprueba en primera vuelta reforzar condenas a empresas por corrupción y más controles a partidos políticos

El Gobierno decidió aumentar el plazo de prescripción de los delitos de corrupción de cinco a siete años, con el objetivo de que las investigaciones sobre casos complejos puedan disponer de un margen temporal más amplio antes de quedar fuera de los tribunales. Según informó el medio, la ministra de Hacienda y vicepresidenta primera, María Jesús Montero, explicó este martes que esta es una de las 84 propuestas incluidas en el anteproyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública, que fue aprobado en primera vuelta por el Consejo de Ministros.

De acuerdo con lo reportado, este conjunto de medidas busca afrontar las distintas fases de la corrupción y mejorar los mecanismos de control sobre los fondos de los partidos políticos y la actividad de las empresas en su relación con la administración pública. El medio detalló que esta iniciativa llega tras la polémica desatada por la presunta implicación de Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE, en un caso de posible corrupción. La propuesta abarca reformas sobre 18 textos legislativos y endurece tanto las sanciones como los niveles de supervisión institucional.

El medio explicó que en el ámbito de la contratación pública, el Gobierno implementará la apertura al público del registro de empresas sancionadas con prohibiciones para contratar con las administraciones. Además, se incrementa la condena máxima de inhabilitación a 15 años, en los que la empresa afectada tampoco podrá acceder a subvenciones ni a beneficios fiscales. Esto busca frenar la reincidencia y mejorar la transparencia en los procesos en los que empresas privadas interactúan con el sector público.

Una de las novedades principales se relaciona con la financiación de los partidos políticos y sus fundaciones. Según comunicó el medio, a partir de la aprobación definitiva, las formaciones deberán hacer públicas todas las donaciones que superen los 2.500 euros, una reducción considerable frente al umbral anterior, situado en 25.000 euros. El incumplimiento de esta obligación será sancionado con una multa equivalente al doble de la cantidad no declarada. Además, los partidos estarán obligados por ley a someter a auditorías independientes y externas sus cuentas, y la falta de cumplimiento se considerará una infracción grave o muy grave.

La propuesta también estipula la creación de la Agencia Independiente de Integridad Pública. Esta entidad asumirá las funciones de organismos anticorrupción que actualmente operan de manera dispersa, centralizando su labor bajo un nuevo organismo coordinador. Según indicó María Jesús Montero en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, esta agencia se convertirá en el referente para la protección de los intereses financieros de la Unión Europea en España en lo relativo a la lucha contra el fraude.

En el contexto del refuerzo de la capacidad estatal para responder ante casos de corrupción, el Gobierno pretende fortalecer la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos. Según lo comunicado por la ministra, este organismo obtendrá más facultades para embargar bienes desde los primeros momentos de la investigación penal, aumentando la eficacia en la localización y aseguramiento de fondos o elementos patrimoniales vinculados a delitos económicos. Tal como publicó el medio, esta medida se suma al refuerzo de la fiscalización en el ámbito partidario y el endurecimiento de las sanciones aplicables sobre empresas.

El paquete de 84 medidas, que abarca un amplio espectro normativo, fue anunciado hace varios meses por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien también ocupa la secretaría general del PSOE. El medio recordó que se trata de una respuesta a la crisis vivida por el partido socialista tras la mención de Santos Cerdán en investigaciones por supuestos delitos de corrupción, lo que impulsó la necesidad de actuar preventivamente y evitar la impunidad en casos similares futuros.

La ministra aseguró, según consigna el medio, que estos cambios atenderán "todo el ciclo de la corrupción", lo que implica tanto la prevención como la persecución y sanción de estas conductas. La batería de propuestas requerirá tramitación parlamentaria, por lo que el debate y su entrada en vigor efectiva dependerán de los próximos pasos en el Congreso y el Senado.

El nuevo marco legal implicará una fiscalización reforzada de los recursos públicos y privados gestionados por partidos políticos, no solo en el ámbito de ingresos por donaciones, sino también en la transparencia de las cuentas globales, que deberán superar auditorías externas independientes. Según reportó el medio, la tipificación de sanciones también se agrava, lo que busca ejercer un efecto disuasorio sobre quienes consideren vulnerar las normas.

En resumen, la aprobación en primera vuelta de este anteproyecto coloca al Gobierno en la vía para implementar reformas estructurales sobre la integridad pública, el control de los recursos partidarios y la persecución de la corrupción tanto en el sector empresarial como en el político, a la espera de la tramitación parlamentaria necesaria para convertir este paquete normativo en ley.