
Uno de los aspectos que suscita mayor controversia en la proposición presentada ante el Congreso es el rechazo rotundo al acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur, el cual ha requerido más de dos décadas de negociaciones. Esta iniciativa cobra relevancia en un contexto de protestas recientes, donde, según informó el medio fuente, alrededor de 8.000 agricultores y ganaderos provenientes de distintas regiones del país se congregaron en Madrid para manifestar su preocupación por las decisiones adoptadas en el seno de la Comisión Europea. Las reclamaciones del sector rural apuntan principalmente a la pérdida de rentabilidad y al cierre sostenido de explotaciones, atribuyendo estas consecuencias tanto a los acuerdos comerciales internacionales como a las políticas agrarias impulsadas por las instituciones europeas.
Tal como consignó el medio, el debate parlamentario se centra en una proposición no de ley impulsada por Vox, que será discutida este martes en el Pleno del Congreso. Esta propuesta cuenta con 29 puntos que articulan el rechazo a la orientación agraria promovida por el Gobierno español y la Comisión Europea. El partido liderado por Santiago Abascal sostiene que, bajo la gestión actual de PP y PSOE, el sector agrario se ha visto sometido a lo que califica de “fanatismo climático”, llegando a afirmar que el campo ha sido “criminalizado” por políticas que, a su entender, favorecen los intereses de países extracomunitarios por encima de los productores nacionales.
De acuerdo con la información publicada, Vox sitúa el acuerdo UE-Mercosur en el centro de sus críticas, al considerar que propicia la entrada de productos agroalimentarios del continente americano, lo que incrementaría la competencia en un mercado ya caracterizado por sus estrechos márgenes de beneficio. Aunque este pacto contempla cláusulas de salvaguarda para evitar efectos adversos sobre la rentabilidad de los agricultores europeos, Vox arguye que tales mecanismos resultarán insuficientes para proteger tanto la viabilidad económica como la continuidad del sector primario español.
El rechazo no se limita al acuerdo con Mercosur. El medio detalló que el partido también exige el rechazo del Pacto Verde Europeo, señalando que estas políticas medioambientales elevan los costes para los productores españoles sin exigir condiciones equivalentes a terceros países. Además, la formación plantea su oposición al acuerdo agrícola entre Marruecos y la UE, así como la condena al borrador para la futura Política Agraria Común (PAC), en cuya revisión se prevé un recorte presupuestario destinado a financiar el aumento del gasto militar europeo.
Vox solicita, conforme a lo reportado, que se paralicen de manera urgente las transferencias de fondos públicos españoles a proyectos agroalimentarios en Marruecos y en cualquier otro país que, según el partido, incurra en prácticas de competencia desleal frente a España. Una parte considerable de la proposición apunta a reforzar los instrumentos de defensa comercial de la producción nacional, entre ellas el aumento de los controles fronterizos para verificar que el 100% de los productos importados cumplan con las normativas de la Unión Europea.
Otra de las demandas recogidas en la proposición no de ley incluye el desarrollo de estándares de etiquetado claros y verificables sobre la procedencia de los alimentos, así como la exigencia en el ámbito comunitario de prohibir las importaciones de productos tratados con fitosanitarios que están prohibidos en Europa.
El sistema de seguros agrarios en España también se menciona, pues Vox plantea la necesidad de revisarlo y reforzarlo para garantizar que proporcione cobertura eficaz a los agricultores y ganaderos frente a las nuevas realidades del mercado. Del mismo modo, la formación propone asegurar una correcta aplicación de la ley de cadena alimentaria con el objetivo de salvaguardar la rentabilidad del sector agropecuario español.
Finalmente, entre las propuestas destaca el pedido de postergar más allá del 1 de enero de 2027 la entrada en vigor del cuaderno de campo digital, una exigencia europea que, según Vox, genera obstáculos adicionales para el sector rural.
El medio fuente subrayó que estas reivindicaciones surgen en un contexto de descontento generalizado entre los productores primarios, quienes perciben que las medidas de la Comisión Europea y los tratados internacionales han mermado su viabilidad económica y han elevado la presión sobre un sector que enfrenta dificultades de rentabilidad y competitividad ante productos procedentes de mercados externos regidos por diferentes estándares.
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