Desarticulan un grupo que favorecía inmigración ilegal con contratos de alquiler falsos por 300 euros

El operativo policial, centrado en la provincia de Valencia, se saldó con la detención de 28 individuos imputados por su presunta implicación en una red dedicada a favorecer la inmigración irregular. Según informó la Jefatura Superior de Policía, la actuación se inició después de que las investigaciones revelaran actividades sospechosas en una vivienda de la capital valenciana donde se realizaban empadronamientos ficticios mediante contratos de alquiler fraudulentos.

De acuerdo con los datos publicados por la Policía Nacional, la investigación comenzó en abril de 2025, tras haber detectado la existencia de ocho personas empadronadas de manera irregular en el mismo domicilio. Los agentes de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Valencia rastrearon la actividad del principal sospechoso y de su esposa, quienes arrendaban viviendas para posteriormente subarrendar habitaciones. Los anuncios de estas habitaciones aparecían en portales de alquiler vacacional, facilitando así el acceso de extranjeros en situación irregular a documentación dudosa.

El medio policial detalló que, a cambio de 300 euros, el principal investigado proporcionaba contratos de alquiler a ciudadanos extranjeros sin papeles, quienes después utilizaban estos documentos para acceder a trámites legales diversos, como empadronamientos o solicitudes de residencia en España. La organización se ocupaba de formalizar contratos a sabiendas de su invalidez, siendo empleados por los beneficiarios para intentar legalizar su presencia en el país. La policía precisó que, pese a que los extranjeros conocían la ilegalidad de estos contratos, los utilizaban para avanzar en regularizaciones de residencia o para otros procedimientos administrativos.

La actuación de los agentes permitió detectar el ‘modus operandi’ de la red: los investigados alquilaban viviendas como inquilinos actuando bajo contrato legítimo, y después subarrendaban habitaciones individualmente sin conocimiento ni autorización de los propietarios. Para captar nuevos interesados, publicitaban las habitaciones en plataformas habituales de alquiler vacacional. Según informó la Jefatura de Policía, la rápida expansión del esquema llevó a localizar otras tres viviendas utilizadas con los mismos fines, lo que evidenció la magnitud del entramado.

Las autoridades policiales informaron que a los detenidos se les atribuyen los delitos de favorecimiento de la inmigración irregular, falsedad documental y estafa. La investigación permanece abierta, mientras los efectivos continúan rastreando vinculaciones que podrían llevar a nuevas detenciones, sin descartar la ampliación de imputaciones. Desde la Policía Nacional señalaron que las pesquisas siguen en curso con el objetivo de completar el esclarecimiento de todos los hechos relevantes, recabando pruebas sobre el funcionamiento interno y la estructura de la organización.

La operación, consignó la Jefatura en su comunicado, responde a la preocupación por la proliferación de redes especializadas en la venta de documentación falsa y el arrendamiento fraudulento de viviendas como mecanismo para favorecer la permanencia de extranjeros sin regularización en España. Según el informe policial, estas actividades no solo afectan a los procedimientos migratorios legales, sino que introducen una gama de prácticas ilícitas asociadas tanto a fraudes económicos como a vulneraciones en el sistema de registro y control administrativos locales.

La intervención policial se inscribe en las actuaciones que la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras lleva a cabo periódicamente en la comunidad valenciana para combatir la explotación de vacíos legales en materia de alquiler y empadronamiento. Según reportó la Policía Nacional, los resultados preliminares de la investigación permiten identificar patrones recurrentes en la compra y utilización de documentos fraudulentos para la obtención de beneficios en trámites oficiales relacionados con la residencia.

La Jefatura ha confirmado que el caso sigue bajo investigación, con la revisión de material incautado y la toma de declaraciones a los investigados, al tiempo que las autoridades examinan la posible existencia de más inmuebles y colaboradores involucrados en la trama.