
El texto definitivo recibió 149 votos a favor y 100 en contra, luego de una modificación respecto a su versión inicial que proponía una rebaja aún mayor en la edad de imputabilidad. Según informó el medio que cubrió el debate, el proyecto impulsado por el gobierno de Javier Milei plantea bajar la edad mínima de responsabilidad penal en Argentina de 16 a 14 años, modificando una legislación vigente desde 1980. Tras la aprobación de la Cámara de Diputados, la propuesta debe ser examinada por el Senado, donde existen posturas encontradas respecto a la reforma penal juvenil.
Tal como publicó el medio, la iniciativa planteada por el Ejecutivo de Javier Milei contemplaba inicialmente la reducción de la edad mínima para ser imputado hasta los 13 años y proponía una pena máxima para menores de hasta 20 años de prisión. Sin embargo, la versión avalada finalmente por la Cámara Baja establece la edad en 14 años y reduce el máximo de condena a 15 años para los jóvenes implicados en delitos graves. Con este cambio legal, de ser ratificado por el Senado, Argentina dejaría de encabezar la lista de países sudamericanos con la edad de responsabilidad penal más alta.
De acuerdo con los detalles informados, el proyecto cuenta con una partida presupuestaria superior a los 23.000 millones de pesos, que equivale a alrededor de 14 millones de euros. Estos recursos están destinados a implementar políticas de formación y reinserción, así como a crear infraestructura específica para los menores afectados por la nueva normativa. Laura Rodríguez Machado, diputada del oficialismo, fue la encargada de presentar la propuesta en la sesión del Parlamento.
La aprobación del texto se logró mediante un respaldo amplio de la Cámara, con dos tercios apoyando la reforma tras la modificación del proyecto original. El Gobierno de Milei defendió que los ajustes realizados buscan equilibrar la necesidad de fortalecer el sistema penal juvenil con medidas de apoyo a la reinserción de los adolescentes involucrados en delitos.
En el marco del debate parlamentario, distintos bloques expresaron sus posiciones. Matías Molle, legislador del bloque opositor Unión por la Patria, expresó su disconformidad ante la medida y afirmó que, en su opinión, "hoy se ha perdido una gran oportunidad: la de discutir y legislar para ocuparnos de las causas de los problemas y no de sus efectos". Según consignó el medio, Molle subrayó que no rechaza la idea de revisar el régimen penal juvenil, aunque cuestionó la estrategia del gobierno y sostuvo: "La inseguridad no se va a resolver con ninguna ley penal".
El sistema vigente en Argentina, que establece la imputabilidad a partir de los 16 años, se mantiene sin reformas de fondo desde hace más de cuatro décadas. El oficialismo considera que el nuevo proyecto representa un cambio estructural en el abordaje de los delitos cometidos por menores de edad. De acuerdo con lo publicado, la propuesta también fue presentada como una respuesta a la preocupación pública por la inseguridad y la necesidad de adecuar la legislación a los estándares de la región.
Por otra parte, varios parlamentarios de la oposición y organizaciones vinculadas a los derechos de la infancia manifestaron reparos respecto al impacto que podría tener una rebaja de la edad penal en adolescentes, enfatizando la importancia de las medidas preventivas y el fortalecimiento del sistema educativo y social como enfoques alternativos.
El siguiente paso para el proyecto es su tratamiento en el Senado, instancia en la que persisten diferencias notables entre los partidarios de la ley y quienes sostienen que la reforma no aborda las causas profundas de la criminalidad juvenil. Según detalló el medio, el futuro de la reforma depende ahora del resultado de ese debate, que definirá si Argentina revisa el modelo penal para los menores de edad después de más de cuarenta años sin cambios.
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