La reorganización administrativa que impulsa el gabinete israelí implicará la transmisión de competencias clave sobre territorio y permisos de construcción en lugares como Hebrón directamente a las autoridades israelíes, alterando el modelo vigente desde 1997 que requería la aprobación conjunta de instituciones palestinas e israelíes para cada nuevo desarrollo. Según informó el Ministerio de Exteriores de Canadá, estas modificaciones han generado preocupación por su impacto en el marco legal internacional y por las consecuencias que puedan tener en la solución del conflicto palestino-israelí.
Tal como publicó el medio Europa Press, el Gobierno canadiense ha manifestado una crítica contundente hacia las acciones del Ejecutivo israelí, que incluyen la liberalización de los registros de la propiedad en Cisjordania para que cualquier persona pueda identificar a los propietarios y hacerles ofertas, revirtiendo la confidencialidad que regía anteriormente. El comunicado del Ministerio de Exteriores de Canadá sostuvo que esta decisión “contraviene el Derecho Internacional”, señalando además que la ampliación del control sobre Cisjordania debilita las posibilidades de establecer un Estado palestino viable y complica los esfuerzos internacionales dirigidos a garantizar estabilidad en Medio Oriente.
De acuerdo con Europa Press, la posición del Ejecutivo de Mark Carney fue explícita al demandar al Gobierno de Benjamin Netanyahu que “revierta esta decisión y detenga de inmediato la expansión de los asentamientos”. El texto oficial subrayó que “Canadá cree firmemente que una solución de dos Estados —con israelíes y palestinos viviendo uno junto al otro— sigue siendo la única vía para la seguridad a largo plazo de ambos pueblos”. El gobierno canadiense reiteró su compromiso de continuar colaborando con aliados y socios internacionales para sostener la paz y la estabilidad en la zona.
El plan, que ha recibido críticas tanto de la Autoridad Palestina como del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), implica cambios considerables sobre la administración local en áreas sensibles de Cisjordania. Entre los elementos incorporados se encuentra la derogación de una norma heredada del periodo en que Jordania controlaba el territorio y que impedía la venta de tierras a personas no musulmanas. Además, se prevé la creación de una “autoridad municipal específica” que se encargará de la gestión, limpieza y mantenimiento de la Tumba de Raquel, en Belén, lo que implica una intervención directa en un enclave religioso de significado relevante para varias comunidades.
Europa Press detalló que la iniciativa incluye la expansión de atribuciones de seguridad en las zonas A y B, áreas establecidas según los Acuerdos de Oslo para quedar bajo control civil palestino (A) y mixto (B). Las nuevas medidas permitirán a las autoridades israelíes ejercer responsabilidades aumentadas sobre sectores relacionados con el abastecimiento de agua, la gestión de daños en sitios arqueológicos y cuestiones medioambientales, como la contaminación. Este incremento de control ocurre en paralelo a llamados realizados desde varios países de la región para evitar acciones unilaterales y favorecer la consolidación del alto el fuego en Gaza y el avance hacia la implementación de propuestas para resolver la situación en la Franja.
El ministerio canadiense recalcó que estas acciones han recibido una respuesta negativa no solo a través del comunicado oficial de Ottawa, sino también mediante el rechazo expresado por el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, y gobiernos de países como Rusia, Estados Unidos, Arabia Saudí, Qatar, Egipto y España. Según Europa Press, el consenso internacional defiende la necesidad de abstenerse de adoptar decisiones que modifiquen unilateralmente el equilibrio existente, al considerar que tales pasos solo dificultan el camino hacia una solución pacífica duradera.
Los cambios impulsados por el gabinete israelí afectan la base legal e institucional establecida después de los acuerdos de 1997 y los subsiguientes Acuerdos de Oslo. Esos pactos surgieron precisamente con la intención de posibilitar la convivencia y la viabilidad política y territorial de actores distintos en la región, de manera temporal o transitoria, mientras avanzaban las soluciones negociadas. Según Europa Press, la medida de publicar los registros de tierras y permitir la compra por parte de cualquier individuo representa una ruptura con las restricciones históricas que regulaban la transferencia y la posesión de propiedad en el territorio, abriendo la puerta a nuevos actores en un contexto ya marcado por la disputa territorial.
En lo que respecta a la seguridad y el manejo de sitios de relevancia religiosa y arqueológica, la extensión de las competencias israelíes en el terreno introduce nuevas dinámicas en la gestión diaria que, según los detractores del plan, pueden intensificar las tensiones. Las autoridades palestinas y Hamás han expresado su preocupación respecto al traslado de atribuciones, especialmente en lugares como Hebrón, que tradicionalmente ha tenido una administración mixta y que ahora podría verse sujeto a decisiones unilaterales del lado israelí.
El esquema propuesto también coincide con una etapa de extrema sensibilidad en la región, marcada por la exigencia internacional de mantener el cese de hostilidades en Gaza y buscar soluciones que contemplen tanto la seguridad como los derechos de ambas partes. Entre las demandas de los gobiernos críticos al plan, recogidas por Europa Press, figura el de retomar el diálogo y abstenerse de dar pasos considerados unilaterales en contextos de frágil equilibrio político.
A través de su declaración, el gobierno de Canadá se sumó a la postura predominante en la comunidad internacional, catalogando las reformas administrativas impulsadas por Israel como una violación a las normas internacionales y una amenaza para la posibilidad de establecer una estructura estatal palestina viable, al tiempo que complican los esfuerzos por alcanzar la paz a largo plazo.
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