Gobierno moderniza la financiación de productos sanitarios con un RD que fija precios y garantiza suministros

La puesta en marcha de un nuevo reglamento permitirá incorporar más ofertantes y productos sanitarios al catálogo financiado del Sistema Nacional de Salud (SNS), liberando así un bloqueo que afectaba a la diversificación y modernización del acceso a insumos médicos. Según informó el medio original, esta actualización del marco regulatorio busca fomentar la competencia y facilitar la entrada de innovaciones terapéuticas, al tiempo que refuerza el suministro, la transparencia y la seguridad jurídica en el acceso a productos sanitarios para usuarios del sistema público.

La decisión se formalizó tras la aprobación por parte del Consejo de Ministros del Real Decreto que modifica el procedimiento de financiación y fijación de precios de productos sanitarios incluidos en la prestación farmacéutica para pacientes no hospitalizados. El medio detalló que este nuevo Real Decreto, que reemplaza una normativa vigente desde 1996, establece criterios actualizados para la selección y valoración de dispositivos, priorizando la eficiencia, sostenibilidad y valor clínico. La entrada en vigor del reglamento está prevista a partir del 1 de julio de 2026, e implicará la aplicación de un calendario escalonado para la incorporación y revisión de productos entre 2026 y 2028, comenzando con bolsas de orina y cánulas en el primer año y concluyendo con productos de ostomía en 2028.

De acuerdo con lo publicado, entre las novedades más relevantes del sistema figura la creación de un marco similar al que ya rige para los medicamentos, otorgando mayor seguridad jurídica y transparencia tanto a empresas como a pacientes y profesionales sanitarios. El Real Decreto define el papel central de la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos en la fijación de los precios para la financiación de los productos sanitarios, aspecto hasta ahora poco regulado de forma específica.

El medio original aportó que la normativa introduce una obligación expresa de garantía del suministro: las empresas que comercialicen productos sanitarios financiados deberán asegurar su abastecimiento una vez introducidos en el mercado. Esta exigencia responde a la ausencia previa de una regulación tan detallada en materia de abastecimiento. Además, el texto autoriza la sustitución por productos de características similares en casos excepcionales de desabastecimiento, asegurando la continuidad de los tratamientos y eliminando barreras para la atención sanitaria.

El sistema de retribución en la cadena de suministro también resultará afectado por la norma, que impone márgenes de distribución y dispensación —cuantificados de manera fija para los dispositivos de precio más elevado—. Según explicó la ministra Mónica García en la comparecencia posterior al Consejo de Ministros, esta modificación pretende asegurar la presencia de los productos en todo el territorio nacional, independientemente de la localización de los pacientes, y responder con mayor precisión a los problemas de carencias ya detectados en la distribución de dispositivos como bolsas de orina, cánulas, materiales para curas o pañales para incontinencia.

El Real Decreto especifica los criterios y condiciones que deben cumplirse para que los productos sanitarios puedan ser financiados por la prestación farmacéutica del SNS. Solo se incluyen productos fabricados en serie, con marcado CE y que cumplan la normativa de la Unión Europea, no sujetos a publicidad directa al público general y que requieran prescripción médica o documento de dispensación. No se contempla la financiación automática, ya que toda incorporación debe ir precedida de una resolución administrativa explícita emitida por la Dirección General de Cartera Común de Servicios del SNS y Farmacia. Además, las empresas interesadas en ofertar productos deben inscribirse previamente en el registro correspondiente.

El proceso de evaluación para la financiación se estructura en dos ejes: uno técnico y otro económico, en el que se consideran la utilidad clínica, la relación coste-efectividad, el impacto presupuestario sobre el SNS y los precios existentes en otros países miembros de la Unión Europea. El decreto señala que solo podrán financiarse productos incluidos en cuatro categorías generales: materiales de cura, dispositivos para la administración de medicamentos, elementos para la recogida de excretas y secreciones, y utensilios para la protección o reducción de lesiones o malformaciones internas.

Las condiciones de aportación para usuarios se organizan en dos grupos diferenciados. El primero comprende productos cuya contribución por parte del paciente varía en función de la renta, e incluye artículos de uso habitual como algodones, gasas, vendas, apósitos, parches oculares, tejidos elásticos para protección de lesiones, absorbentes para la incontinencia urinaria, bragueros, suspensorios, irrigadores y sus accesorios. El segundo grupo, destinado a necesidades crónicas o específicas, contempla una aportación reducida para dispositivos como aparatos de inhalación (cámaras, inhaladores, insufladores), sondas y bolsas para la recogida de orina con sus accesorios, productos de ostomía (bolsas de colostomía, ileostomía, urostomía y accesorios), apósitos especiales y sistemas de irrigación, así como cánulas para traqueotomía y laringectomía, y filtros.

Tal como recogió el medio original, la ministra Mónica García señaló que el objetivo de la nueva regulación es adecuar la financiación de los productos sanitarios a las necesidades del SNS, dotando al sistema de una herramienta de actualización que incide directamente sobre la equidad y sostenibilidad, al tiempo que orienta la selección de dispositivos hacia el valor aportado a la salud y no solo a lógicas de mercado. Con estas medidas, el Ejecutivo espera garantizar tanto la innovación y la seguridad del entorno sanitario como la disponibilidad permanente de los productos esenciales para la calidad de vida de los pacientes bajo el sistema público.