AI denuncia un aumento de la represión estatal contra presos de conciencia y sus familiares en Cuba

La situación sanitaria de varios detenidos en Cuba ha mostrado signos de deterioro, con reportes de enfermedades crónicas que se han agravado durante su tiempo en prisión. Este contexto está relacionado, según consignó Amnistía Internacional (AI), con una serie de prácticas autoritarias ejercidas contra quienes ejercen la disidencia política y humanitaria en el país. El viernes, la organización internacional denunció un incremento en la represión estatal contra presos de conciencia, sus familias y activistas, a la vez que reportó nuevos casos de hostigamiento y vigilancia sobre quienes denuncian abusos o reclaman mejoras humanitarias.

Según publicó AI, la vigilancia persistente alrededor de los domicilios, las detenciones de corta duración sin justificación legal y las restricciones arbitrarias a la movilidad se han consolidado como elementos de una campaña sistemática para castigar y desalentar cualquier expresión crítica. Johanna Cilano, investigadora de la organización para el Caribe, subrayó en el informe que “la vigilancia constante de viviendas, las detenciones arbitrarias de corta duración y las restricciones injustificadas para salir del hogar forman parte de un patrón sistemático de prácticas autoritarias que el Estado cubano está usando para castigar y disuadir cualquier forma de disidencia”. AI expresó su inquietud ante la escalada de estas acciones dirigidas especialmente contra familiares y personas vinculadas a lo que llamó “casos emblemáticos de represión estatal”.

El medio detalló que estos actos de represión abarcan también a activistas y opositores políticos. De acuerdo con Amnistía Internacional, las autoridades buscan intimidar, aislar y silenciar tanto a quienes reclaman respeto a los derechos humanos como a quienes solicitan atención médica digna para personas privadas de libertad o exigen su liberación. AI consideró especialmente preocupante que muchas de estas medidas recaigan sobre madres, padres y otros parientes de detenidos, cuyo único nexo con el Estado ha sido la denuncia pública de violaciones o la solicitud de asistencia sanitaria.

El patrón documentado por la ONG describe la imposición de medidas restrictivas, como detenciones y limitaciones para salir del hogar, sin mediación de un juez ni información sobre la base legal de estas actuaciones, lo que constituye una vulneración de las garantías mínimas del debido proceso, según la organización. AI manifestó que tales acciones se llevan a cabo sin mecanismos efectivos que permitan impugnarlas, lo cual refuerza el aislamiento y la indefensión de los afectados.

Adicionalmente, la organización puso el foco en la situación médica de los presos de conciencia. En su declaración, AI renovó su alarma por la salud de varias personas privadas de libertad en Cuba. Testimonios recogidos por la entidad, como los de Loreto Hernández García y Roberto Pérez Fonseca, describen persistentes retrasos en la concesión de beneficios penales relacionados con la salud, pese al conocimiento que tiene el personal médico penitenciario de la gravedad de sus dolencias. Estos detenidos, que sufren de enfermedades crónicas graves, han visto cómo sus condiciones empeoraban por la falta de respuesta oportuna y adecuada por parte de las autoridades penitenciarias.

“El Estado es responsable de que todas las personas presas tengan acceso sin discriminación a atención sanitaria adecuada y bajo los mismos estándares que estén disponibles en la comunidad”, recordó Cilano en declaraciones citadas por AI. La organización recalcó que la negativa o el aplazamiento injustificado de cuidados médicos apropiados a quienes están bajo custodia estatal podría equivaler a una infracción de la prohibición absoluta de la tortura y de otros tratos crueles, inhumanos o degradantes.

AI también advirtió que impedir de manera arbitraria la excarcelación por motivos de salud agrava el riesgo para la vida y la integridad de personas que padecen enfermedades serias. El medio reportó, a partir de información facilitada por la organización, que las demoras deliberadas o bloqueos en los procesos de excarcelación humanitaria acentúan la vulnerabilidad de los afectados y de sus familias.

Como respuesta, Amnistía Internacional exigió la liberación inmediata e incondicional de todas las personas identificadas como presas de conciencia, así como el cese de la vigilancia, el hostigamiento y las detenciones arbitrarias, y el respeto a las normas internacionales de atención médica para los detenidos. AI instó a que las autoridades cubanas adopten medidas para garantizar prácticas ajustadas a los estándares de derechos humanos, con énfasis en el acceso equitativo a la salud y en la eliminación de obstáculos legales y administrativos que perpetúan la represión y el aislamiento de quienes defienden garantías fundamentales o denuncian injusticias.