Condenados a prisión en Azerbaiyán 15 exdirigentes de Nagorno Karabaj por crímenes de guerra

Un tribunal azerí impuso severas sentencias a quince exresponsables de una región en conflicto, quienes enfrentan cargos que incluyen graves violaciones humanitarias y de seguridad, mientras organizaciones internacionales denuncian irregularidades en el proceso y la región busca estabilidad

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El proceso judicial contra antiguos miembros de la administración de Nagorno Karabaj concluyó mientras los líderes de Armenia y Azerbaiyán coincidían en destacar avances en la normalización de relaciones bilaterales, según informaron ambas partes tras una reciente reunión en Abu Dabi. El encuentro, celebrado con mediación internacional, abordó el desarrollo de intercambios comerciales y la apertura de rutas de tránsito entre ambas naciones. En ese contexto, este jueves se formalizó la sentencia de un tribunal azerí que impuso duras condenas a quince ex altos funcionarios de Nagorno Karabaj, informó el medio Azertag.

De acuerdo con la información publicada por Azertag, el proceso judicial inició el 17 de enero de 2025 y se centró en dieciséis personas, todas de nacionalidad armenia, acusadas de delitos como crímenes de guerra, crímenes contra la paz y la humanidad, genocidio, guerra de agresión y terrorismo. De las dieciséis personas juzgadas, quince recibieron penas de entre quince años de prisión y cadena perpetua. Cinco de los condenados, entre ellos el expresidente Arayik Harutiunián, enfrentan cadena perpetua por su rol al frente de las estructuras políticas, militares y de seguridad en Nagorno Karabaj durante el tiempo que la región permaneció bajo control separatista proarmenio.

Además de Harutiunián, quien presidió Nagorno Karabaj entre 2020 y 2023, fueron sentenciados a cadena perpetua el exjefe policial Levon Mnatsakanián, el entonces subcomandante de las Fuerzas Armadas David Manukián, el expresidente de la Asamblea Nacional Davit Ishjanián y el exministro de Exteriores David Babayán. Por su parte, Arkadi Gukasián y Bako Sahakyan, presidentes de Nagorno Karabaj entre 1997-2007 y 2007-2020 respectivamente, también fueron hallados culpables de diversos delitos asociados a la ofensiva militar, aunque en su caso las condenas fueron de veinte años de prisión porque superan los sesenta y cinco años, lo que según la legislación penal de Azerbaiyán impide la imposición de cadena perpetua.

En cuanto a los otros ocho encausados, el tribunal determinó penas que van desde los quince hasta los diecinueve años de reclusión, por su implicación en los eventos ligados al conflicto en la región. Las acusaciones, según consignó Azertag, alegaron que los crímenes involucraron liderazgo, participación y colaboración directa o indirecta con el estado armenio, sus entidades gubernamentales y fuerzas armadas oficiales o irregulares.

La sentencia llega en medio de denuncias de diversas organizaciones internacionales sobre el carácter supuestamente político del proceso y presuntas violaciones de los derechos de los acusados, según consignaron varios organismos defensores de derechos humanos citados por fuentes locales. Estas entidades consideran que el juicio estuvo marcado por irregularidades y plantean dudas respecto a las garantías procesales ofrecidas durante el mismo.

Estos hechos se enmarcan en la reciente ofensiva militar de Azerbaiyán, ejecutada en septiembre de 2023, que permitió la reincorporación de Nagorno Karabaj al control territorial azerí y derivó en el desplazamiento de más de 100.000 ciudadanos de origen armenio, según detalló la agencia estatal. Nagorno Karabaj, una región de unos 4.400 kilómetros cuadrados situada en el Cáucaso Sur, estuvo bajo administración de autoridades separatistas proarmenias durante tres décadas antes del operativo militar que alteró la situación geopolítica en la zona.

La resolución judicial resultó prácticamente al mismo tiempo que el comunicado conjunto de las oficinas de los máximos dirigentes de Armenia y Azerbaiyán. Según reportó Azertag, ambas partes resaltaron los avances concretos desde el compromiso de agosto de 2025, alcanzado gracias a la mediación estadounidense, y el inicio de intercambios bilaterales. El texto divulgado por ambos gobiernos señala que “ambas sociedades están experimentando los beneficios reales de la paz sobre el terreno”, atribuyéndose esa percepción a la normalización progresiva tras décadas de conflicto.

El intercambio económico también representa un punto relevante en el proceso, según reflejó el comunicado oficial obtenido por Azertag. Armenia ha comenzado a recibir productos petrolíferos de Azerbaiyán, al tiempo que el territorio azerí permite el tránsito de cereales y mercancías de terceros países con destino al mercado armenio. Los mandatarios, de acuerdo con el medio azerí, expresaron satisfacción por el inicio de estas actividades y manifestaron su intención de continuar explorando oportunidades para fortalecer la cooperación económica y comercial.

El proceso que involucra tanto la sentencia judicial como el inicio de una nueva etapa diplomática surge tras más de cuarenta años de enfrentamientos y disputas territoriales. Azerbaiyán y Armenia se han enfrentado de manera recurrente por el control de Nagorno Karabaj, una región de composición predominantemente armenia pero reconocida internacionalmente como parte del territorio azerí. La reciente ofensiva militar puso fin a tres décadas de autogobierno separatista, modificando bruscamente la situación de los habitantes y el equilibrio de poderes en el Cáucaso Sur.

Distintas organizaciones internacionales han alertado sobre el impacto humano de la crisis, especialmente tras el desplazamiento masivo obligado de la población armenia de Nagorno Karabaj, resaltando las consecuencias sociales y políticas en ambos países, según informaron fuentes presentes en la región y organismos internacionales de derechos humanos citados por medios como Azertag. La atención internacional continúa sobre el desarrollo de la situación, tanto en el plano judicial como en el de las relaciones diplomáticas entre Baku y Ereván, en busca de fórmulas que permitan consolidar la estabilidad regional tras las últimas transformaciones.