Unión de Uniones pide "firme manifestación institucional" ante aplicación provisional del acuerdo UE-Mercosur

La organización agricultora insta a las autoridades a adoptar una postura clara ante la entrada en vigor del pacto entre Bruselas y Sudamérica tras calificarlo de peligroso para el sector alimentario europeo por fallos legales e inseguridad jurídica

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La Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos ha subrayado los riesgos para sectores clave de la producción agraria, entre ellos el vacuno, las aves de corral, el porcino, el arroz, la miel y los cítricos, ante la entrada en vigor provisional del acuerdo comercial entre la Unión Europea y el bloque Mercosur. Según informó Europa Press, la organización advierte que el impacto de este pacto puede traducirse en una competencia calificada de estructuralmente desleal, que atribuye a la falta de cláusulas espejo efectivas que igualen las exigencias regulatorias entre las partes.

El medio Europa Press detalló que la Unión de Uniones reclama una posición institucional clara ante la imposición provisional del acuerdo por parte de la Comisión Europea, acción que la organización considera que se realiza por encima de la autoridad del Parlamento Europeo y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). La entidad expresa su desacuerdo con la iniciativa de la Comisión Europea, a la que señala por tratar de aplicar el pacto a toda costa a pesar de su falta de garantías jurídicas.

Según publicó Europa Press, la organización recuerda que el 21 de enero de 2026 el Parlamento Europeo votó una moción solicitando al TJUE que verificara la compatibilidad legal del texto con los tratados de la Unión Europea. La moción, explica Europa Press, se basó en la supuesta existencia de defectos jurídicos graves en el procedimiento de aprobación del acuerdo. Para la Unión de Uniones, la decisión del Parlamento Europeo de poner en manos del TJUE la revisión legal del acuerdo constituye un hito institucional, pues activa el control jurisdiccional y suspende la aprobación política al menos hasta que la legalidad quede plenamente garantizada.

La Unión de Uniones insiste, según consignó Europa Press, que los europarlamentarios no deberían permitir que, mientras se solicita al TJUE determinar la legalidad del acuerdo, la Comisión Europea proceda a su implementación provisional, constituyendo así una imposición de facto. La organización considera que esto vulnera principios de seguridad jurídica y menoscaba el control democrático sobre acuerdos internacionales de gran alcance.

En el análisis de la Unión de Uniones recogido por Europa Press, la amenaza radica en la ausencia de condiciones de reciprocidad en aspectos regulatorios —las llamadas cláusulas espejo— que aseguren que los productos importados desde Mercosur cumplen criterios análogos a los exigidos a los productores europeos. Esta situación, según la entidad, agravaría la presión competitiva sobre sectores agrícolas europeos ya sensibles, los cuales deben cumplir normativas estrictas en materia sanitaria, medioambiental y de calidad.

La reacción de la Unión de Uniones se produce en paralelo a las discusiones políticas en el seno de las instituciones comunitarias, donde se debate la conveniencia de avanzar con acuerdos comerciales antes de que las evaluaciones jurídicas pertinentes hayan concluido. En esta línea, el control solicitado por el Parlamento Europeo al TJUE busca despejar las dudas planteadas sobre el procedimiento de aprobación, que según la moción parlamentaria presenta deficiencias estructurales significativas.

Europa Press subraya que la inquietud se extiende al impacto social y económico que una aplicación sin garantías podría acarrear para el tejido agrario europeo. El riesgo, insisten desde la Unión de Uniones, reside en que el sector se vea sometido a reglas de juego consideradas desiguales, lo que podría repercutir negativamente en la viabilidad de numerosas explotaciones y la sostenibilidad de la producción local.

En este contexto, la organización agricultora reitera su petición de una posición institucional firme, señalando que el respeto al procedimiento, a la supervisión judicial y a la seguridad jurídica son esenciales para que los sectores productivos europeos puedan operar en condiciones de equidad y previsibilidad.

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