El Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (Semaf) rechazó los porcentajes establecidos al considerar que las limitaciones dictadas por la Administración "más que servicios mínimos, parecen de máximos". Esta crítica se produjo en respuesta a la decisión del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, que determinó los niveles obligatorios de operatividad en la red ferroviaria nacional ante la convocatoria de huelga prevista para los días 9, 10 y 11 de febrero en compañías como Renfe. Según detalló Europa Press, la medida establece que el 73% de los servicios de trenes de alta velocidad deberán mantenerse durante el paro, mientras que el sector de mercancías operará al 21%.
De acuerdo con la resolución de la Secretaría de Estado del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, la obligatoriedad de servicios mínimos se extiende también a los trenes de Media Distancia, donde el porcentaje establecido alcanza el 65%. En el caso de los servicios de Cercanías, la prestación mínima varía según las franjas horarias: durante las horas punta será del 75% y el resto de la jornada se fijará en el 50%. Según publicó Europa Press, estos porcentajes se aplicarán en todo el territorio nacional, quedando fuera las comunidades autónomas de Cataluña y País Vasco, que disponen de competencias para determinar sus propios servicios mínimos en materia ferroviaria.
En el marco de esta división territorial, la Generalitat de Cataluña determinó para su red unos mínimos del 66% durante las horas de mayor demanda y un 33% el resto del día para trenes de cercanías y regionales. En el País Vasco, los estándares para estos días de paro aún no han sido fijados, informaron fuentes consultadas por Europa Press.
La resolución del Ministerio responde a hasta siete convocatorias de huelga laboral en el sector ferroviario, entre ellas las presentadas por el Comité General de Empresa de Grupo Renfe, el propio Semaf y otros sindicatos con representación en Renfe como CCOO, UGT, SFF-CGT, Sindicato Ferroviario Intersindical (SF-I) y Alferro. Todas las organizaciones promotoras señalaron que la huelga no solo tendrá impacto en la empresa pública, sino que repercutirá en el conjunto de compañías del sector, según consignó Europa Press.
La fijación de estos servicios mínimos se justifica, según la Secretaría de Estado, en la necesidad de salvaguardar las necesidades esenciales de movilidad y transporte de los ciudadanos ante la convocatoria de huelga, balanceando el derecho a la protesta laboral con la prestación del servicio público de transporte ferroviario. Como detalló Europa Press, los sindicatos implicados cuestionaron públicamente el alcance de las restricciones, considerando los porcentajes como "abusivos", especialmente en el caso de la alta velocidad, donde la obligatoriedad de operar el 73% de los trayectos limita, a su juicio, el ejercicio efectivo del derecho a huelga.
Además, la resolución afectará tanto a los trenes que circulan dentro del territorio peninsular español como a los que prestan servicios internacionales durante los días establecidos. Los sindicatos advirtieron que las limitaciones impactarán en la capacidad de la movilización, ya que elevan la proporción de trenes en circulación hasta niveles que fueron calificados como poco habituales para un contexto de paro laboral. Europa Press recogió declaraciones de representantes sindicales reiterando su rechazo, insistiendo en que el cumplimiento de los servicios mínimos obligatorios requerirá que la mayor parte de los servicios de alta velocidad continúen operativos.
Las empresas operadoras afectadas, en especial Renfe, deberán adaptar sus programaciones y recursos de personal para ajustarse a los porcentajes fijados oficialmente en cada una de las líneas y franjas horarias implicadas. Tanto pasajeros habituales como operadores logísticos están a la espera de conocer el impacto real de la convocatoria, en función del acatamiento de las restricciones fijadas y la evolución de la huelga en el sector ferroviario durante la segunda semana de febrero.
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