Durante el año pasado, las autoridades de Burkina Faso aprobaron una normativa que impuso nuevas limitaciones a la libertad de asociación, y a partir del 11 de noviembre de 2025, un decreto estableció la obligación para ONG y asociaciones de gestionar sus cuentas exclusivamente en una entidad bancaria estatal. En este contexto, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, instó a Burkina Faso a revertir la disolución de los partidos políticos y a cesar toda forma de “represión” en el ámbito cívico, según informó el medio.
La emisora de Naciones Unidas comunicó que Turk resaltó que en lugar de prohibir partidos y encarcelar a personas por emitir opiniones, las autoridades tienen la responsabilidad de permitir la apertura de espacios a la sociedad civil, incluidos actores humanitarios, y de garantizar el respeto a los derechos de asociación y expresión. De acuerdo con las declaraciones del Alto Comisionado consignadas por el organismo, instó a que se eliminen las restricciones impuestas a los partidos políticos conforme a los compromisos internacionales asumidos por el país.
El medio detalló que, junto con la disolución de formaciones políticas, el gobierno de Burkina Faso suspendió las actividades de organizaciones nacionales e internacionales, sin brindar explicaciones o basándose en argumentos poco claros relacionados con la “recopilación de datos no autorizada”, el “orden público” o la “seguridad”. El impacto conjunto de estas medidas, explicó la ONU, limitó de manera considerable la capacidad de acción de la sociedad civil.
Turk advirtió que, aunque el año pasado se produjo la liberación de varias personas detenidas arbitrariamente, persisten denuncias sobre desapariciones forzadas y nuevas detenciones, en algunos casos dirigidas contra opositores políticos, periodistas y miembros del Poder Judicial, según publicó Naciones Unidas. También señaló la preocupación existente por los obstáculos enfrentados por las organizaciones humanitarias, en vista de que las autoridades mantienen restricciones que afectan la llegada de ayuda a diferentes zonas del país.
En palabras atribuidas por Naciones Unidas, Turk solicitó que se deroguen las leyes que restringen derechos fundamentales y que se facilite el paso rápido y sin trabas de la asistencia humanitaria a quienes la necesitan, además de exigir la libertad inmediata e incondicional de todas las personas detenidas de manera arbitraria. Sostuvo que la existencia de un entorno verdaderamente democrático y plural, que incluya la participación libre de partidos políticos y agrupaciones sociales, así como el fortalecimiento del Estado de derecho, son elementos esenciales para alcanzar la paz, la seguridad y la cohesión social en Burkina Faso.
La ONU insistió en que las medidas recientes del gobierno burkinés han reducido de manera significativa los espacios de actuación para la sociedad civil, organizaciones humanitarias y actores políticos. En su evaluación, las restricciones establecidas a través de normativas aprobadas en julio del año pasado, junto con la obligación de bancarización estatal y las suspensiones de actividades, han creado importantes barreras para el desarrollo de acciones independientes y la participación ciudadana.
Según las declaraciones y exhortaciones informadas por Naciones Unidas, el Alto Comisionado reiteró la necesidad de que Burkina Faso reconsidere sus políticas y normativas para actuar conforme al marco legal internacional y facilitar un retorno al ejercicio pleno de los derechos fundamentales para todos los ciudadanos, especialmente aquellos afectados por decisiones catalogadas como arbitrarias o poco justificadas.
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