Sanz entiende que el archivo por supuesta negligencia de altos cargos en el cribado es una "bofetada jurídica" al PSOE

El reciente archivo de las diligencias sobre la supuesta negligencia en la gestión del programa andaluz de cribado de cáncer de mama, llevado a cabo tras las declaraciones de dieciséis mujeres afectadas y el análisis de la documentación presentada, ha derivado en que la Fiscalía de Andalucía remita la investigación a las Fiscalías Provinciales de Jaén, Córdoba, Sevilla, Málaga, Granada y Almería. Según informó el medio, esta decisión se basa en la constatación de que no existe un patrón común entre los casos que permita agruparlos como indicios de responsabilidad penal por parte de altos cargos autonómicos, requiriéndose en su lugar una investigación individualizada para cada afectada con el fin de determinar la existencia de posibles errores administrativos.

De acuerdo con la información difundida por el medio y reflejada en el decreto de la Fiscalía, los hechos investigados abarcan diversas deficiencias relacionadas con el protocolo de detección precoz de cáncer de mama, entre ellas la ausencia de seguimiento adecuado en los casos clasificados como “no concluyentes” o “dudosos”, falta de comunicación efectiva de los resultados de las pruebas médicas, insuficiente atención por parte de facultativos de atención primaria, dificultades para identificar a las víctimas por la carencia de datos personales actualizados en los registros sanitarios, y prestaciones realizadas en centros de salud privados que quedarían fuera del sistema público andaluz.

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, aseguró este miércoles en conferencia de prensa posterior al Consejo de Gobierno que esta resolución constituye una "bofetada jurídica sin precedentes" al PSOE. Según Sanz, la decisión de la Fiscalía de archivar la investigación penal representa el tercer archivo consecutivo de denuncias lideradas por la oposición socialista en el último año, puntualizando que otros asuntos archivados incluyen presuntos casos de irregularidades en contratos del Servicio Andaluz de Salud (SAS) y la desaparición de pruebas diagnósticas.

La fuente reportó que Sanz criticó la estrategia del PSOE, acusando de utilizar el sistema judicial y el sufrimiento de los afectados para atacar al actual Gobierno autonómico y deteriorar la imagen del sistema sanitario andaluz. Sanz calificó de inusual la “primera vez que se escucha como versión de un archivo” que la Fiscalía no haya dictado el cierre procesal del caso, sino que haya ordenado continuar la investigación en distintas provincias y análisis individualizados.

Entre los aspectos abordados en las diligencias de investigación preprocesales figuran las declaraciones de las dieciséis mujeres que presentaron denuncias y la documentación remitida por la Consejería de Salud, Presidencia y Emergencias. El decreto detalla que algunas denuncias hacen referencia a manifestaciones generales sobre deficiencias en los protocolos, sin especificar hechos concretos. Además, se subraya que un examen más amplio y prospectivo sobre datos sanitarios vulneraría el derecho fundamental a la intimidad y la protección de datos sensibles de aquellas mujeres que, voluntariamente, no han decidido someter su caso a la investigación penal, limitando así el alcance de la indagatoria a cuestiones de responsabilidad patrimonial administrativa.

El medio explicó que la Fiscalía considera que los hechos denunciados exigen un análisis individual, al no encontrarse similitudes entre los procesos y no ser los mismos los posibles intervinientes en cada caso. Por este motivo, instruyó a las Fiscalías Provinciales para que avancen en sus indagaciones sobre posibles errores administrativos, de modo que se resuelva cada situación conforme a las circunstancias personales de cada denunciante y sin desproteger sus derechos.

En el texto de la Fiscalía se señala, según publicó el medio, que las medidas a adoptar tienen como propósito continuar el esclarecimiento de los hechos llevando a cabo las pruebas pertinentes en la provincia correspondiente, facilitando así la menor afectación posible a las víctimas al estar más cerca de su entorno habitual. Además, se argumenta que la falta de identificación eficaz de algunas mujeres se debe a la ausencia de datos de contacto en el sistema sanitario o, en ciertos casos, a la prestación de servicios en centros de salud privados.

El resultado de esta resolución judicial orienta las siguientes etapas del proceso hacia la responsabilidad administrativa y el análisis individual de las reclamaciones, situando la investigación penal fuera del ámbito de los altos cargos autonómicos. Según detalló el medio, el archivo penal no implica necesariamente la inexistencia de responsabilidad en el funcionamiento del programa, pero sí descarta la existencia de indicios de delito, lo que traslada la evaluación a instancias administrativas en el ámbito provincial.