PP, Junts, ERC y Bildu plantean el consentimiento paterno para menores de 16 años en redes frente al veto total del PSOE

La propuesta del Partido Popular para fijar una franja horaria de descanso digital entre las 22:00 y las 08:00 horas, aplicable a los menores de 16 años en las redes sociales, se perfila como uno de los puntos específicos en el debate sobre la protección de adolescentes en internet. Según consignó Europa Press, esta medida, incluida en una enmienda del PP a la Ley Orgánica para la protección de las personas menores de edad en los entornos digitales, busca que las plataformas implementen restricciones automáticas de acceso durante esos horarios.

El enfrentamiento central surge a raíz de la intención del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) de impulsar en el Congreso un veto absoluto al uso de redes sociales por parte de personas menores de 16 años, sin excepción para quienes cuenten con autorización de sus progenitores o tutores. De acuerdo con Europa Press, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció que España aplicará de manera prohibitiva esta restricción, y fuentes del Ministerio de Transformación Digital precisaron que el Grupo Parlamentario Socialista presentará una enmienda transaccional para su inclusión en el texto legislativo.

Los grupos parlamentarios Partido Popular, Junts per Catalunya, Esquerra Republicana (ERC) y EH Bildu han presentado alternativas que insisten en permitir el acceso bajo autorización familiar, en contraste con el enfoque restrictivo del PSOE. El medio Europa Press detalló que, de prosperar la enmienda socialista, esta opción quedaría eliminada, estableciéndose la prohibición tajante para menores de 16 años de participar en redes sociales, independientemente del consentimiento parental.

El Partido Popular ha propuesto delimitar la prohibición total a los menores de 14 años y permitir el acceso entre 14 y 16 años únicamente cuando exista un consentimiento expreso y verificable de los padres, tutores o representantes legales. Además, el PP plantea lograr un pacto entre actores sociales y empresariales para que las redes sociales apliquen su franja de descanso digital nocturno, restringiendo su funcionamiento para usuarios menores de 16 años.

Por su parte, Junts per Catalunya sugiere elevar de 14 a 16 años la edad mínima para prestar consentimiento para la cesión de datos personales, restringiéndolo especialmente en entornos digitales considerados de riesgo, como redes sociales, plataformas con inteligencia artificial generativa y foros de comunicación similares. Junts sostiene que, para estos servicios, solo los mayores de 16 años podrán decidir sobre el tratamiento de sus datos, mientras quienes se sitúan por debajo de esa edad necesitarán autorización paterna. En otros ámbitos digitales, como la contratación de bienes o servicios —por ejemplo, la compra de música o ropa—, Junts mantiene la edad mínima de consentimiento en 14 años.

Dentro de la misma línea argumental, Esquerra Republicana (ERC) establece en su enmienda que el consentimiento con relación al tratamiento de datos personales solo podrá fundarse en la decisión del menor cuando este sea mayor de 16 años. Si la persona es menor, el requisito sería la autorización de padres o tutores legales.

EH Bildu incorpora matices adicionales en su propuesta, puntualizando que, cuando el tratamiento de los datos personales pueda repercutir “significativamente en la intimidad, dignidad o desarrollo” del menor, como la difusión pública de su imagen o datos en redes sociales, no bastará solamente con la autorización de padres, sino que se exigirá el consentimiento conjunto del menor y de los titulares de la patria potestad. A su vez, Bildu destaca el derecho de los menores a oponerse y retirar su consentimiento al tratamiento de sus datos, incluso cuando sus tutores lo hayan autorizado, si dicho tratamiento no se ajusta a su interés superior. Desde la formación abertzale advierten, según informó Europa Press, sobre la posibilidad de que las madres y padres no estén formados frente a los riesgos digitales; por ello, sostienen la necesidad de evitar que el consentimiento parental opere como salvaguarda absoluta.

El Ministerio de Juventud e Infancia, dirigido por Sira Rego (Sumar), subrayó que la medida anunciada por Pedro Sánchez ya figuraba en el articulado original del proyecto de ley. De acuerdo con Europa Press, la legislación en trámite parlamentario fija, en su versión actual, que el consentimiento del menor solo es válido a partir de los 16 años para el tratamiento de datos personales, lo que impide en la práctica que los adolescentes más jóvenes puedan utilizar redes sociales por sí mismos. No obstante, el texto vigente contempla la posibilidad de acceso si cuentan con autorización de los representantes legales, una previsión que la nueva enmienda de los socialistas pretende suprimir de modo definitivo.

En el debate legislativo, la divergencia entre el criterio regulador del PSOE, que aboga por el veto absoluto, y los modelos propuestos por otras formaciones que defienden el filtro parental, marca uno de los puntos de mayor tensión en la tramitación de la Ley Orgánica para la protección de menores en entornos digitales. Según Europa Press, las variaciones en la regulación del acceso, la edad de consentimiento y la intervención familiar ilustran el proceso de negociación en el Congreso, donde la tramitación del proyecto avanza en régimen urgente y donde el resultado final dependerá de la capacidad de las fuerzas políticas para alcanzar acuerdos o mantener posturas divergentes ante la protección de la infancia y la autonomía familiar en internet.