
La Fiscalía de París ha convocado a Elon Musk y a la directora ejecutiva Linda Yaccarino, junto con otros empleados de la plataforma X, para prestar declaración el 20 de abril en calidad de testigos, en el marco de una investigación relacionada con la difusión de contenidos pornográficos y negacionistas, generados mediante inteligencia artificial en la red social. Según informó el medio, la Fiscalía señaló que el caso se originó a partir de denuncias recibidas el 12 de enero, apuntando además a una posible manipulación del algoritmo de la red para favorecer ciertos contenidos.
Tal como publicó la fuente, la empresa X calificó el allanamiento de sus oficinas en París como una acción "abusiva" y rechazó de manera categórica las acusaciones, las cuales consideró "infundadas". Mediante un comunicado en sus redes sociales, la compañía sostuvo que la pesquisa constituye una "investigación criminal politizada", alegando que el proceso representa un "teatro policial" orientado a perseguir "objetivos políticos ilegítimos". Desde la compañía, también se cuestionó la imparcialidad del procedimiento judicial, y se afirmó que la Fiscalía intenta ejercer presión sobre la dirección global de X en Estados Unidos, aunque los empleados franceses no serían el foco principal de la investigación, según la versión de la empresa.
De acuerdo con lo señalado por el medio, la investigación abierta por las autoridades francesas corresponde en primer término a sospechas de favorecimiento, por medio del algoritmo, de determinados tipos de contenido. Las denuncias iniciales solicitaron que se examinara si la red social promovía de manera preferente ciertos mensajes o imágenes. Posteriormente, la indagatoria se expandió ante nuevas alertas que referían el funcionamiento de la herramienta Grok, desarrollada por X, como factor que facilitaba la producción y difusión de deepfakes sexuales y mensajes negacionistas dentro de la plataforma, lo cual acentuó la preocupación de los investigadores franceses.
El medio consignó que la Comisión Europea informó en días recientes que ha puesto en marcha una investigación formal sobre X, ante la proliferación de imágenes sexuales falsas simuladas mediante inteligencia artificial conocidas como deepfakes, generadas en su mayoría sin el consentimiento de las personas involucradas por programas como Grok. Bruselas investiga, además, otros contenidos ilícitos detectados en la red, bajo sospecha de que pueden contravenir la Ley de Servicios Digitales (DSA, por su sigla en inglés), que regula la gestión de plataformas digitales en el territorio de la Unión Europea.
La respuesta de la plataforma ante el avance de la investigación incluyó una defensa pública en la que reiteró su rechazo a las acusaciones presentadas por las autoridades. X reclamó que el operativo de registro carece de fundamento legal y manifestó preocupación por lo que consideran una presión dirigida a su liderazgo internacional. Según posiciones citadas por el medio, la compañía sostuvo que los empleados en Francia no participaron en la gestión ni supervisión de los algoritmos o de las herramientas de inteligencia artificial que aparecen en el centro de las pesquisas judiciales.
En el contexto de la pesquisa, la citación directa de Elon Musk, propietario de la red social, y Linda Yaccarino, consejera delegada, refleja la dimensión internacional del caso y la atención tanto política como mediática que ha generado. La investigación avanza en paralelo a los procedimientos regulatorios emprendidos por la Comisión Europea, que en las últimas semanas ha intensificado su escrutinio sobre las grandes plataformas digitales por la posible difusión sistemática de contenidos ilícitos, el empleo de tecnologías emergentes como la inteligencia artificial generativa y el cumplimiento de la normativa digital europea.
El medio detalló que, según el comunicado de la fiscalía, Grok figura como una de las herramientas tecnológicas analizadas, dado su supuesto papel en la generación y circulación de videos y gráficos modificados y otras formas de contenido potencialmente ilícito. Algunas denuncias alertaron sobre la utilización de este sistema para producir imágenes sexuales falsas y mensajes asociados al negacionismo, prácticas que pueden constituir delitos bajo la legislación francesa y europea.
X, en su defensa pública, insistió en que las intervenciones judiciales y policiales en su sede francesa no tienen base en hechos comprobados. La empresa también enfatizó la diferencia entre sus operaciones en Francia y la gestión global de sus algoritmos y sistemas de inteligencia artificial, defendiendo la integridad de sus empleados locales y rechazando que estos sean responsables de la circulación de los materiales cuestionados o de la administración de herramientas asociadas con deepfakes.
El caso sitúa en el debate europeo el uso de inteligencia artificial en plataformas sociales, la responsabilidad de las empresas por los contenidos que se difunden a través de sus sistemas y los desafíos que enfrentan los organismos reguladores nacionales y comunitarios para aplicar la legislación en un contexto marcado por la rapidez de la innovación tecnológica y la dimensión transnacional de las grandes redes digitales. Según la fuente original, las averiguaciones continúan bajo la doble vía judicial en Francia y regulatoria en la Unión Europea, mientras la compañía sostiene su rechazo a la legitimidad y motivaciones del proceso en curso.
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