La Fiscalía pide en apelación una pena de cinco años de inhabilitación para Le Pen sin ejecución inmediata

El Ministerio Público en Francia ha incluido en su acusación a un grupo de once personas, entre quienes se encuentran antiguos y actuales diputados europeos, alegando que participaron en una red cuyo fin era canalizar fondos de la Unión Europea hacia gastos internos del partido Agrupación Nacional (AN), según detalló France Info. Dentro de este esquema, las autoridades fiscales sostienen que los acusados utilizaron las dietas proporcionadas por el Parlamento Europeo no para actividades legislativas sino para cubrir la nómina y otros pagos corrientes del partido, entre ellos los salarios de guardaespaldas y asistentes parlamentarios. En este contexto, la noticia principal recae sobre la petición fiscal de prisión, multa y restricciones políticas para la dirigente de AN, Marine Le Pen.

De acuerdo con lo reportado por France Info, la Fiscalía francesa solicitó este martes una condena de cuatro años de prisión para Le Pen, de los cuales uno se cumpliría bajo libertad vigilada mediante tobillera electrónica, además de una multa de 100.000 euros y cinco años de inhabilitación para cargos públicos, esta última sin ejecución inmediata. La petición se realizó tras concluirse once jornadas de juicio en el tribunal de apelaciones. Los fiscales adjuntos, Stéphane Madoz-Blanchet y Thierry Ramonatxo, explicaron que la sanción propuesta no incluye la ejecución provisional ni inmediata de la sentencia, debido a que no existe reincidencia por parte de la dirigente ultraderechista.

La investigación sostiene que entre 2004 y 2016, Marine Le Pen y los demás implicados asignaron parte de los recursos comunitarios dirigidos a los grupos parlamentarios a cubrir las remuneraciones y los gastos de personal relacionados directamente con AN en Francia y Europa. Tal como consignó France Info, la Fiscalía consideró probado que el mecanismo permitía aliviar las tensiones financieras del partido, desviando fondos europeos para pagar a empleados que, según los fiscales, no desempeñaban tareas institucionales en el Parlamento Europeo sino laborales internas en la estructura partidista de AN.

En la lista de coacusados figuran, además de Le Pen, el exdiputado europeo Fernand Le Rachinel, el exdiputado europeo Bruno Gollnisch y el actual diputado Julien Odoul, entre otros. La Fiscalía ha solicitado igualmente penas de prisión para estos once acusados, en función del grado de su implicación en la trama. La acusación se centra en el presunto uso indebido de los fondos públicos europeos, que los fiscales consideran una malversación encaminada a fortalecer las finanzas y la operatividad interna de AN en detrimento de la finalidad legislativa para la cual habían sido destinados.

France Info subraya que, hasta tanto el tribunal de apelaciones emita un fallo —previsto para el verano—, el futuro político de Le Pen permanece en una situación de incertidumbre. Si el fallo es favorable a la postura fiscal, existiría la posibilidad de que la líder ultraderechista recurra ante el Tribunal de Casación, lo que le permitiría, por el momento, mantener en suspenso su inhabilitación y presentarse a futuros comicios, incluidas las elecciones presidenciales.

El proceso judicial ha cosechado especial atención debido a la relevancia de los acusados y a la repercusión que una condena podría significar para el panorama político francés y para el futuro de Agrupación Nacional. El mecanismo investigado por la Fiscalía, consistente en el uso de las dietas mensuales otorgadas por el Parlamento Europeo para fines ajenos al trabajo parlamentario, se focalizó en determinar si las funciones ejercidas por los empleados contratados respondían realmente a labores vinculadas al trabajo de los eurodiputados, o si, como sostiene la acusación, estaban mayoritariamente orientadas al sostén organizativo del partido en territorio europeo.

En las conclusiones presentadas tras los días de juicio, los fiscales señalaron que la ausencia de reincidencia de Marine Le Pen incidió en la decisión de no solicitar la ejecución inmediata de la pena de inhabilitación. De acuerdo con France Info, el alcance de las sanciones propuestas por el Ministerio Público podría afectar la capacidad de AN y sus principales figuras para operar políticamente y acceder a cargos públicos, en función del veredicto que asuma finalmente el tribunal.

El caso se encuadra en una tendencia más amplia de vigilancia sobre el destino de los fondos comunitarios asignados a legisladores nacionales y europeos, y pone en cuestión las prácticas de financiamiento de los partidos políticos con recursos provenientes de instituciones supranacionales. Según el medio France Info, entre los empleados cuyos pagos quedaron bajo investigación se identificaron tanto personal administrativo como personal de seguridad, todos ellos presuntamente vinculados de manera directa a Agrupación Nacional, sin relación laboral efectiva con las actividades legislativas previstas en el Parlamento Europeo.

France Info agregó que la expectativa inicial es que la resolución del tribunal de apelaciones se conozca antes de las próximas elecciones presidenciales, lo que mantiene la atención sobre la posible repercusión que tendría una eventual condena en la candidatura de Marine Le Pen.