Jaled al Saifi, destacado educador y fundador de la Fundación Cultural Ibdaa en el campo de refugiados de Dheisheh en Belén, falleció una semana después de su excarcelación en estado extremadamente crítico del complejo penitenciario de Ayalón, ubicado en Ramla, en el centro de Israel. Según informó la Comisión para los Asuntos de los Detenidos de la Autoridad Palestina y la Sociedad de Presos Palestinos, su muerte se produjo tras meses de detención administrativa, en los que, de acuerdo con las organizaciones palestinas, habría sufrido torturas, maltratos y la falta de atención médica adecuada, lo que originó un grave deterioro de su salud.
De acuerdo con la información recogida por el medio, tanto la Comisión como la Sociedad de Presos Palestinos señalaron mediante un comunicado conjunto que Al Saifi, de 67 años, fue liberado después de pasar cuatro meses bajo detención administrativa arbitraria, sin juicio ni cargos formales. Fue trasladado al Hospital Istishari de Ramala, donde llegó en estado crítico y no logró recuperarse, según detalló la Comisión. Las organizaciones denunciaron que las condiciones en prisión, especialmente las acusaciones de malos tratos y la negativa de acceso a servicios médicos, resultaron determinantes para la evolución fatal del caso.
El educador fue arrestado por segunda vez desde el inicio de la ofensiva militar israelí en la Franja de Gaza a partir del 7 de octubre de 2023, a pesar de su edad avanzada y sus necesidades urgentes de atención médica, puntualizó el medio. Poco después de su liberación y ante su grave estado de salud, la Comisión para los Asuntos de los Detenidos publicó otro comunicado en el que recogió declaraciones previas de Al Saifi. Según sus propias palabras, hechas públicas por la Comisión, denunció que las autoridades penitenciarias le inyectaron una sustancia que habría sido presentada como una vacuna contra la gripe, pero que le provocó inflamación y complicaciones graves. Posteriormente, tras recibir una segunda inyección, su salud se agravó todavía más, hasta el punto de que debió ser trasladado a la clínica penitenciaria de Ramla.
El comunicado emitido por ambas organizaciones enfatizó que estos hechos representan una "clara evidencia" de un intento deliberado de eliminar físicamente a Al Saifi mediante lo que denominaron una política de "ejecución lenta". Según la Comisión, las autoridades penitenciarias procedieron a su liberación al percatarse de que su muerte era inminente, con el propósito de evitar asumir la responsabilidad directa por su fallecimiento, según consignó el medio.
La Sociedad de Presos Palestinos y la Comisión aseguraron que Jaled al Saifi sufrió antes de morir una combinación de torturas, malos tratos, inanición y privación de atención médica durante su periodo en custodia. Ambas entidades también responsabilizaron a Israel de su muerte, afirmando que el sistema de detención administrativa y la negación permanente de tratamientos médicos constituyeron una política sistemática que habría causado la muerte del educador palestino.
El medio informó que la Comisión describió la persecución contra Al Saifi como "intencional", tanto por las operaciones militares iniciadas en octubre de 2023 como por situaciones experimentadas en décadas anteriores a estos hechos. El comunicado emitido por ambas organizaciones advierte que el fallecimiento de Al Saifi se suma a una “larga lista de ejecuciones lentas perpetradas por el sistema penitenciario de la ocupación”.
A raíz de este caso, la Comisión y la Sociedad de Presos Palestinos denunciaron que Israel mantiene en prisión a más de 3.380 personas bajo detención administrativa, incluyendo mujeres y menores de edad, sin la presentación de cargos ni la celebración de juicios. También señalaron la responsabilidad de los tribunales militares en la continuación de esta práctica, según detalló el medio.
En el mismo sentido, ambas organizaciones cifraron en más de 100 los presos políticos palestinos que han perdido la vida bajo custodia israelí. Según detallaron, el Gobierno encabezado por Benjamin Netanyahu habría incorporado la ejecución de presos dentro de sus políticas públicas, según consigna la Comisión para los Asuntos de los Detenidos de la Autoridad Palestina.
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