Amnistía denuncia la ausencia de "medidas para hacer justicia" en Venezuela pese a las excarcelaciones

A pesar de la liberación de personas encarceladas en Venezuela tras el ataque estadounidense y la llegada de Delcy Rodríguez como presidenta interina, la población del país continúa a la espera de justicia y garantías efectivas contra la impunidad. Según informó la agencia Europa Press, Amnistía Internacional sostuvo que no se han implementado "medidas significativas para hacer justicia", y que persisten tanto la persecución a defensores de derechos humanos como los riesgos para las organizaciones de la sociedad civil bajo la nueva administración.

El medio Europa Press detalló que Amnistía Internacional emitió un comunicado advirtiendo que las excarcelaciones recientes no suponen avances sustanciales frente a los crímenes de lesa humanidad cometidos durante el mandato de Nicolás Maduro. La ONG enfatizó que la impunidad por las violaciones graves de derechos humanos sigue siendo la norma, ya que el Gobierno provisional de Delcy Rodríguez, designada tras la captura de Maduro por la ofensiva militar de Estados Unidos hace un mes, no ha garantizado mecanismos efectivos de rendición de cuentas ni prevé que tales delitos no se repitan.

Agnes Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional, afirmó: “El uso de la fuerza por parte del Gobierno de Trump no sólo fue ilegal, sino que podría alentar acciones ilícitas por parte de otros Estados y anunciar acciones similares por parte de Estados Unidos en el futuro”, según consigna Europa Press. Callamard sostuvo que la intervención militar estadounidense constituyó “un uso ilegal de la fuerza según la Carta de las Naciones Unidas” y alertó que este tipo de agresiones minan el orden internacional basado en normas y debilitan las herramientas jurídicas internacionales diseñadas para evitar conflictos y proteger a la población civil.

En el mismo comunicado, Callamard precisó que, pese a ciertas excarcelaciones en las semanas posteriores al asalto estadounidense, la administración provisional en Caracas no ha definido garantías de reparación para las víctimas ni dispositivos efectivos que aseguren la no repetición de los delitos cometidos bajo el mandato previo. "La impunidad por los crímenes de lesa humanidad cometidos por las autoridades venezolanas bajo el mandato de Maduro durante más de un decenio continúa, hasta ahora, con el Gobierno encargado de Delcy Rodríguez. Aunque algunas personas detenidas están siendo liberadas, no se han tomado medidas significativas para hacer justicia ni se han dado garantías de no repetición", reiteró Callamard, en declaraciones recogidas por Europa Press.

Según indicó la organización y recogió el medio europeo, la situación del espacio cívico y de quienes defienden los derechos humanos no ha mejorado. Amnistía Internacional subrayó que persisten amenazas a los actores de la sociedad civil y que las organizaciones del sector siguen afrontando graves riesgos de persecución y criminalización. De acuerdo con el reporte, las denuncias internacionales respecto de la agresión militar de Estados Unidos no pueden desatender la obligación de exigir justicia y reparación para las víctimas venezolanas.

Callamard instó a la comunidad internacional a mantener el foco tanto en el ataque militar impulsado por el Gobierno de Trump como en la necesidad de justicia para las víctimas de abusos y crímenes cometidos en el país sudamericano: "Un error no se corrige con otro. Debe haber una rendición de cuentas y una reparación completas por el ataque ilegal del Gobierno de Trump contra Venezuela y por los crímenes de Derecho Internacional cometidos por las autoridades venezolanas", sentenció la secretaria general de la organización, citada por Europa Press.

Desde Amnistía Internacional manifestaron inquietud respecto a las amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, señalando que sus acciones, así como el bombardeo a Venezuela, contribuyen con el desmantelamiento paulatino de las reglas del Derecho Internacional que buscan proteger a civiles y evitar el estallido de nuevos conflictos. "No nos equivoquemos, se trata de esfuerzos calculados para normalizar un enfoque de 'la fuerza hace el derecho' en las relaciones exteriores y dejar de lado la Carta de Naciones Unidas, los Convenios de Ginebra, los tratados de Derechos Humanos y otros pilares del orden internacional. Otros Estados deben oponerse a estos esfuerzos imprudentes por desmantelar las normas mundiales diseñadas para mantener la paz, proteger a la población civil en los conflictos y garantizar los derechos humanos de todas las personas en todo lugar", citó Europa Press del comunicado de Amnistía.

Callamard resaltó que falta un respaldo real en derecho internacional a la acción unilateral estadounidense y advirtió que ningún tipo de justificación puede hacer lícita una agresión militar sin respaldo del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas o en ausencia de legítima defensa: "Son los hechos, y no la retórica política, los que determinan el derecho aplicable. Sin la autorización del Consejo de Seguridad ni un caso genuino de legítima defensa, el uso unilateral de la fuerza por parte de Estados Unidos contra Venezuela fue ilícito y constituyó un acto de agresión. El derecho a la vida no se suspende cuando un gobierno decide ignorar la Carta de Naciones Unidas", precisó la responsable de Amnistía Internacional en declaraciones relevadas por Europa Press.

Europa Press reportó que Amnistía Internacional reiteró su exigencia de que tanto la actual administración venezolana como otros Estados y organismos multilaterales avancen de manera efectiva hacia mecanismos de justicia, verdad y reparación tanto por los hechos recientes como por la serie de delitos de lesa humanidad que, según la ONG, siguen sin resolverse desde hace más de diez años. También recordó que la demanda de justicia para las víctimas venezolanas debe permanecer como eje del debate internacional, evitando que el sufrimiento de la población quede sin respuesta ante la dinámica política posterior a la agresión militar.

Finalmente, el medio europeo reflejó que la organización insistió en que las reiteradas acciones militares y discursivas de la administración Trump contribuyen no solo a la inestabilidad regional, sino también a la erosión de los principios internacionales destinados a mantener la paz, proteger a la población y garantizar los derechos fundamentales en contextos de conflicto armado.