La regularización extraordinaria, "luz" para migrantes en situación de irregularidad: "Hay bastante expectativa"

Las dificultades para comprender y acceder a los procesos de extranjería en España mantienen a numerosas familias migrantes en una situación de vulnerabilidad jurídica y económica, según testimonios recogidos por Europa Press. Esta falta de información accesible y el lenguaje técnico presente en la normativa migratoria generan una fuerte dependencia de organismos de apoyo, como la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), para realizar trámites. En este contexto, la reciente aprobación del procedimiento urgente para la regularización extraordinaria de extranjeros, promovido por un acuerdo entre el PSOE y Podemos, marca una nueva etapa para quienes esperan salir de la irregularidad.

De acuerdo con lo reportado por Europa Press, la medida ha supuesto un nuevo horizonte para miles de migrantes que, hasta la fecha, no habían logrado acceder a permisos de trabajo ni a la estabilidad necesaria para sus familias. Nicolás, un ciudadano peruano residente en Santiponce, Sevilla, describe que la regularización extraordinaria se percibe entre la población migrante como una posible "luz" ante los prolongados trámites y la burocracia. Nicolás llegó a España en abril de 2023 junto a su familia, tras verse forzado a abandonar su país por amenazas. En este tiempo, relatan situaciones de precariedad laboral, dificultades en el acceso a derechos básicos y obstáculos para financiar la educación de sus hijos debido a la imposibilidad de obtener permisos ordinarios.

El nuevo procedimiento, según detalló Europa Press, elimina la espera prolongada que caracterizaba el antiguo sistema de arraigo laboral y concede de manera inmediata la autorización para trabajar. Nicolás describe la importancia de este cambio al señalar: "Ya con la autorización para trabajar, ya se quita la presión". Sin embargo, su caso introduce matices a la hora de acogerse a la nueva regularización, ya que tanto él como su hijo han iniciado los trámites en otras figuras de arraigo, lo que implicaría volver a asumir costes por tasas y documentación si presentaran una nueva solicitud. Su esposa, que no tenía acceso al trabajo en la economía sumergida, sí planea acogerse al nuevo proceso, al considerarlo más accesible y eficaz.

El proceso extraordinario fue iniciado por el Gobierno el pasado martes como una vía expedita para regularizar la situación administrativa de migrantes, tras la parálisis de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que en 2024 recogió más de 700.000 apoyos y que fue debatida en el Congreso con el respaldo de todos los partidos salvo Vox, según publicó Europa Press. La nueva vía legislativa busca atender la demanda ciudadana rechazada por los mecanismos ordinarios, permitiendo así a los migrantes acceder a la residencia y al mercado laboral bajo condiciones específicas.

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha definido que el alcance de la regularización abarca a las personas extranjeras que se encuentren en territorio español antes del 31 de diciembre de 2025 y que puedan acreditar una residencia continuada de al menos cinco meses al momento de presentar la solicitud. Europa Press puntualizó que la documentación necesaria para probar esta residencia puede ser tanto pública como privada, así como cualquier combinación de ambas. En el caso de quienes hubieran solicitado protección internacional, resultaría suficiente con haber presentado la solicitud antes de la fecha límite indicada.

Un requisito fundamental para acogerse al proceso consiste en no poseer antecedentes penales ni suponer una amenaza para el orden público. Las personas que cumplan con lo establecido recibirán una autorización inicial de residencia con una validez de un año y, posteriormente, deberán incorporarse a los procedimientos ordinarios previstos en la normativa de extranjería. Esta transición facilitará una integración paulatina y completa en el sistema legal español.

Tal como precisó Europa Press, el programa está orientado a quienes han quedado fuera de los cauces regulares de regularización y abarca también a solicitantes de protección internacional con expedientes pendientes o denegados, que no han podido acceder a ninguna de las figuras de arraigo existentes. El proceso no establece distinción por nacionalidad, siempre que se cumplan los requisitos legales establecidos por el Gobierno español.

Entre las novedades del procedimiento destaca la posibilidad de regularizar simultáneamente a los hijos menores de los solicitantes que residan en España, quienes obtendrán un permiso de residencia por cinco años, según reportó Europa Press. Esta medida tiene especial significación para las familias que han experimentado dificultades para acceder a becas educativas y otros derechos, dada la situación irregular de las personas adultas a cargo.

Al referirse a las dificultades en el acceso a la información sobre los trámites, Nicolás resalta que "las normas están redactadas con un lenguaje complejo y cambian con interpretaciones posteriores que no siempre llegan a la ciudadanía". Esta percepción se repite entre otras personas migrantes atendidas por la CEAR, que suelen requerir apoyo jurídico para sortear los cambios y conseguir una resolución favorable en sus trámites, detalló el medio.

La implementación de la regularización extraordinaria se produce en respuesta a la presión social y política ejercida por plataformas ciudadanas y ONG, detalló Europa Press, que han advertido de los efectos que la permanencia en la irregularidad tiene sobre cientos de miles de personas. Organizaciones especializadas han insistido en la necesidad de simplificar los procesos y en garantizar el acceso universal a información clara, comprensible y actualizada.

Mientras tanto, el Gobierno mantiene la urgencia del trámite para garantizar que los colectivos afectados puedan acogerse al proceso sin demoras adicionales, promoviendo así una inclusión efectiva y sostenible dentro del marco legal y laboral español. Según subraya Europa Press, la nueva regularización extraordinaria pretende reducir la presión sobre los extranjeros que han debido subsistir con trabajos precarios o sin acceso a derechos, abriendo la posibilidad de una integración plena para quienes ya han arraigado en la sociedad española.