SEEDO reclama una Estrategia Integral para la Obesidad en Adulto con políticas públicas sobre los factores estructurales

Durante la jornada ‘Periodismo y obesidad: el papel de los medios en una enfermedad compleja’, se ha subrayado que en España existe un acceso desigual a los tratamientos y acompañamiento adecuado para personas con obesidad, situación relacionada con factores de renta, nivel educativo y entorno social, según reportó la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad (SEEDO). A partir de este diagnóstico, la organización instó al Ministerio de Sanidad a elaborar y poner en marcha una Estrategia Integral para la Obesidad en Adultos, destacando la urgencia de políticas públicas que atiendan los factores estructurales que inciden en la prevalencia y la gestión de esta enfermedad crónica, tal como informó SEEDO.

El presidente de SEEDO, Diego Bellido, señaló que la obesidad, definida como enfermedad crónica y compleja, afecta a más de la mitad de la población adulta en España. Esta prevalencia, indicó, se distribuye de manera desigual, mostrando mayor incidencia entre los grupos sociales con menores ingresos y un nivel educativo más bajo, circunstancias que, de acuerdo con el especialista, agravan las consecuencias clínicas, económicas y sociales asociadas a la obesidad. Según publicó SEEDO, la falta de un reconocimiento formal y homogéneo de esta enfermedad en el Sistema Nacional de Salud limita el acceso a los recursos y tratamientos de manera equitativa en todo el territorio.

Bellido explicó que "un mejor control del exceso de peso, incluso con reducciones moderadas, puede traducirse en beneficios relevantes en salud y en un ahorro significativo de recursos sanitarios y sociales". Además, destacó que, aunque existe cierta evolución en la gestión del problema, España todavía no cuenta con una Estrategia Nacional Integral para Adultos y el avance resulta insuficiente y desigual, según el criterio de SEEDO. El contexto económico y social tiene una influencia notable en la incidencia de la obesidad, remarcó la organización, añadiendo que el entorno urbano, la facilidad de acceso a alimentos saludables y las oportunidades para realizar actividad física determinan las condiciones de partida para la población.

De acuerdo con lo expuesto en el encuentro, existen estudios que relacionan de manera clara la incidencia de obesidad con factores sociales como el nivel de renta, la educación, el acceso a recursos y la estructura del entorno donde se reside. Bellido precisó que la obesidad se duplica entre quienes viven en entornos más vulnerables, describiéndose como "un reto colectivo" más allá de las decisiones individuales. Según detalló SEEDO, la existencia de estigmas y prejuicios dificulta la búsqueda de ayuda profesional y limita la efectividad de las intervenciones.

La doctora Andreea Ciudin, miembro de la Junta Directiva de SEEDO y profesional en el Servicio de Endocrinología y Nutrición del Hospital Vall d'Hebron, Barcelona, expresó la necesidad de desplegar políticas y programas nacionales que permitan abordar las denominadas ‘capas externas’ que influyen en la obesidad. Señaló factores como las condiciones de vida, la educación, los ingresos y los entornos obesogénicos—estos últimos definidos como espacios caracterizados por la presencia de elementos que facilitan el aumento de peso y dificultan la adopción de hábitos saludables. Ciudin advirtió que "en muchos casos, la obesidad es un reflejo de las desigualdades de nuestra sociedad" y llamó la atención sobre el acceso limitado a fármacos específicos para la obesidad: su coste elevado, la falta de financiación pública y la necesidad de mantener el tratamiento de por vida amplían la brecha social.

El medio SEEDO puntualizó que las regiones con menor renta, como Andalucía, Extremadura y Canarias, presentan tasas significativamente superiores de obesidad. Entre la población con menor nivel educativo, la prevalencia también es más elevada. A pesar de que los datos muestran una prevalencia global semejante entre hombres y mujeres, estas últimas afrontan mayores riesgos metabólicos, sobre todo en etapas como la menopausia, y una mayor carga de estigma social, según consignó SEEDO. Por otro lado, los menores que crecen en entornos económicos y sociales desfavorecidos tienen una probabilidad mucho mayor de desarrollar obesidad.

La doctora Sharona Azriel, del Servicio de Endocrinología y Nutrición del Hospital Universitario Infanta Sofía de Madrid y secretaria general de SEEDO, insistió en que el tratamiento de la obesidad debe entenderse no solo como una necesidad médica, sino como una responsabilidad sanitaria. Recalcó la importancia de una atención adaptada a cada paciente, considerando la incorporación de nuevos tratamientos farmacológicos como los multiagonistas y la revisión constante del actual arsenal terapéutico. Azriel remarcó que varios de estos tratamientos están mostrando poder revertir patologías asociadas a la obesidad. El desafío, según reportó SEEDO, reside en la elevada tasa de abandono del tratamiento –por lo menos un 31% de los pacientes lo deja a los seis meses– y la necesidad de asegurar un acompañamiento continuado.

En palabras de Azriel, el fenómeno del ‘efecto rebote’ tras el abandono del tratamiento representa un gran reto para médicos y pacientes. La experta defendió la importancia del ‘desescalamiento’, un ajuste paulatino de los tratamientos, adecuado a las necesidades de cada individuo, y también abogó por la democratización en el acceso a los fármacos y recursos, para asegurar que todas las personas que los necesiten puedan beneficiarse de ellos, según recogió SEEDO.

En conclusión, los especialistas convocados por SEEDO demandaron del Gobierno la elaboración y puesta en marcha de una estrategia que reconozca la obesidad como enfermedad y priorice la inversión en prevención, tratamiento y educación. Según reiteró Bellido para SEEDO, “el reconocimiento de la obesidad como enfermedad es fundamental: sin reconocimiento no hay prioridad, sin prioridad no hay recursos, y sin recursos no hay solución”. La inversión pública en prevención y tratamiento no se considera un gasto, sino una inversión que genera retorno para la sociedad al reducir la carga social y sanitaria del país, de acuerdo con la posición de la organización.