La regularización extraordinaria de migrantes será la primera en España que puede solicitarse vía telemática

La memoria del proyecto, redactada por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, sostiene que la regularización extraordinaria de migrantes no implicará incrementos presupuestarios ni refuerzos de personal para el área de Extranjería. Según detalló Europa Press, esta previsión ha originado inquietud entre representantes sindicales, especialistas en Derecho de Extranjería y empleados públicos, quienes alertan sobre el riesgo de sobrecarga en una plantilla que ya enfrenta atrasos y presiones constantes.

El proceso de regularización extraordinaria autorizado por el Gobierno introduce la posibilidad de realizar solicitudes por medios electrónicos, opción inédita en España hasta el momento. Tal como consignó Europa Press, el decreto, aún pendiente de aprobación definitiva y de concretar sus detalles técnicos, habilitará la presentación de expedientes por vía telemática, así como en oficinas de la Seguridad Social y delegaciones y subdelegaciones del Gobierno. En cuanto a los plazos, la propuesta normativa establece un periodo de tres meses para que la administración resuelva las solicitudes presentadas.

El proceso, tramitado con carácter de urgencia tras un acuerdo entre el PSOE y Podemos, se inspira en el espíritu de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que en 2024 recabó más de setecientas mil firmas y recibió el respaldo de la mayoría de los grupos parlamentarios, salvo Vox. El borrador del decreto modifica el Reglamento de la Ley de Extranjería y prevé una regularización para extranjeros que acrediten su residencia en España antes del 31 de diciembre de 2025 y una permanencia continuada de al menos cinco meses a la fecha de la solicitud. Este plazo podrá verificarse mediante documentación pública, privada o una combinación de ambas, de acuerdo con Europa Press.

Respecto a los requisitos, los migrantes deberán demostrar la ausencia de antecedentes penales y no representar una amenaza para el orden público. Además, el proceso introduce como condición haber trabajado previamente, contar con un contrato laboral, formar parte de una unidad familiar o encontrarse en una situación de vulnerabilidad. En este último aspecto, el texto gubernamental plantea una presunción general de vulnerabilidad para quienes se hallen en situación administrativa irregular en territorio español. Por tanto, el acceso a la regularización se amplía respecto a procesos anteriores que exigían fundamentalmente contar con un contrato de trabajo, informó Europa Press.

El director de la consultoría Legalteam, Guillermo Morales, explayó ante Europa Press que, en la actualidad, existen retrasos significativos en la resolución de expedientes en ciudades como Barcelona, donde continúa pendiente la gestión de solicitudes presentadas en mayo del año anterior. Morales expresó dudas sobre la capacidad administrativa para cumplir con el plazo de tres meses previsto por el decreto. Pese a ello, precisó que la simple admisión a trámite permitirá a los solicitantes comenzar a trabajar aunque su expediente no se haya resuelto aún.

Además, la portavoz del Ejecutivo y ministra Elma Saiz comunicó en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros que el sistema permitirá la tramitación tanto en formato presencial como telemático, lo que supone una alternativa a la saturación de citas presenciales que han caracterizado procedimientos previos en Extranjería. Europa Press informó que el propósito de la medida es facilitar el acceso de las personas migrantes al sistema de regularización y evitar las dificultades que han limitado procesos anteriores.

La sección sindical de FSC-CCOO en Presidencia alertó, según informó Europa Press, que la plantilla de Extranjería presenta síntomas de agotamiento y abandono, y advirtió que la nueva regularización extraordinaria podría agravar esta situación si no se incorporan refuerzos de personal y medios. En el mismo sentido, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, defendió la necesidad de fortalecer adecuadamente tanto las oficinas como los recursos humanos de Extranjería para prevenir la aparición de nuevos casos de irregularidad sobrevenida.

Para los extranjeros que accedan al proceso se prevé una autorización inicial de residencia con validez de un año. Según lo publicado por Europa Press, al término de este primer periodo las personas deberán acudir a los mecanismos ordinarios establecidos en el Reglamento de Extranjería para continuar su integración en el sistema, permitiendo así una transición hacia la plena regularización administrativa.

Quedan incluidos en el alcance de la medida no solo quienes han quedado fuera de los cauces ordinarios de regularización, sino también solicitantes de protección internacional pendientes o denegadas que no pudieron acogerse a fórmulas como el arraigo. No existirán limitaciones de nacionalidad: la medida se aplicará siempre que se verifique el cumplimiento de los requisitos estipulados por la propuesta normativa.

El proceso también contempla la regularización simultánea de los hijos menores de las personas solicitantes que se hallen en territorio español. Estos menores podrán obtener un permiso de residencia de cinco años de duración, según recoge el borrador citado por Europa Press.

En síntesis, la reforma representa un cambio significativo tanto en los procedimientos administrativos como en el enfoque regulatorio para la regularización de personas migrantes en España, al combinar la tramitación electrónica con nuevas condiciones de acceso. La iniciativa ha abierto un debate sobre la suficiencia de los medios y recursos de la Administración para atender la demanda prevista, así como sobre la capacidad de cumplir los plazos legales fijados en el decreto.