Bernabé exige a Barcala asumir responsabilidades por la polémica de las viviendas sociales en Alicante: "Es indecente"

La reciente renuncia de María Pérez-Hickman, quien ejercía como directora general de Contratación Pública y Gestión de Fondos en el Ayuntamiento de Alicante, surgió tras conocerse que dos de sus hijos, la concejala de Urbanismo Rocío Gómez y un arquitecto municipal figuran como propietarios de cuatro viviendas adjudicadas en una promoción de protección pública en Playa de San Juan, según informó el medio Información. Este hecho ha suscitado un intenso debate político y numerosas exigencias de explicación a los responsables municipales.

Según consignó la agencia Europa Press, la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, hizo un llamado público al alcalde de Alicante, Luis Barcala, para que asuma responsabilidades por la que calificó como una gestión inaceptable en el proceso de adjudicación de viviendas sociales. Bernabé sostuvo que “la Comunitat Valenciana no puede ser un espacio donde el poder sea sinónimo de privilegios” y remarcó que la existencia de casos donde familiares de altos cargos obtienen estas propiedades constituye “una muestra clara de un mal uso y de una apropiación de una ventaja” dentro de la administración pública. En sus declaraciones, la delegada enfatizó que el desempeño político debe enfocarse en la mejora de la vida de la ciudadanía y no en favorecer intereses particulares.

La polémica se desató tras la publicación de la lista de adjudicatarios en la que aparecieron familiares de autoridades municipales y personal técnico, lo que llevó a la salida de Pérez-Hickman del consistorio. Pilar Bernabé argumentó que la situación representa una corrupción del sistema y criticó que el mensaje que se transmite a la opinión pública afecta la confianza en las instituciones políticas. Según publicó Europa Press, Bernabé también apuntó directamente al alcalde Barcala, exigiendo que asuma las consecuencias de lo ocurrido con el fin de preservar la credibilidad de la gestión pública.

La líder del PSPV en València también cuestionó la gestión del Partido Popular al frente de instituciones de la Comunitat, destacando que la confusión entre el poder público y los privilegios personales resulta perjudicial para la sociedad. Bernabé señaló que episodios como este deterioran la percepción que la ciudadanía tiene acerca de la función de los responsables políticos y remarcó la necesidad de políticas transparentes y al servicio de todos los habitantes. Según sus palabras, los funcionarios públicos deben centrarse en servir al interés general y no beneficiarse de su posición para provecho personal o familiar.

Al referirse a otros ámbitos de la política de acceso a la vivienda, Bernabé criticó también las medidas tomadas por la alcaldesa de València, María José Catalá, del Partido Popular. La delegada del Gobierno calificó el programa de vivienda de Catalá como un “fraude y una operación de maquillaje”, basándose en el dato de que la empresa pública Aumsa habría entregado solo 17 viviendas en un periodo de tres años, según reportó Europa Press. Añadió que las nuevas normas implementadas, que amplían hasta 45 años el máximo de edad para optar al acceso prioritario a alquileres asequibles y fijan un periodo mínimo de siete años de empadronamiento para poder solicitarlos, generan dificultades adicionales para los solicitantes y favorecen colapsos administrativos, tanto en la obtención de una vivienda como en el padrón municipal.

En sus declaraciones, recogidas por Europa Press, Bernabé cuestionó la exigencia del Ayuntamiento de exigir un mínimo de siete años de empadronamiento, coincidiendo esta exigencia con el tiempo exacto que la propia alcaldesa Catalá lleva registrada en la ciudad. Bernabé se preguntó si tiene sentido denegar el acceso a una vivienda pública a quienes no pueden demostrar ese plazo de residencia, subrayando que estas condiciones burocráticas pueden convertirse en obstáculos injustificados para muchos valencianos.

Por último, Pilar Bernabé instó a la alcaldesa Catalá a garantizar que el padrón no actúe como una barrera para la regularización de inmigrantes, proceso apoyado por el reciente acuerdo del Gobierno central. Argumentó, según reportó Europa Press, que tanto las políticas restrictivas en materia de vivienda como las trabas administrativas en el empadronamiento complican aún más la situación de los colectivos vulnerables atentos al acceso a un hogar digno. La controversia en torno a la adjudicación de viviendas en Alicante y el debate sobre la gestión de la vivienda en València refuerzan, según las fuentes citadas, el reclamo de una mayor transparencia y equidad en los procedimientos públicos de acceso a vivienda protegida.