Trabajo acuerda sólo con CCOO y UGT subir el SMI un 3,1% en 2026, hasta los 1.221 euros al mes

El secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, informó que el Ejecutivo impulsará cambios en el decreto actual que regula el salario mínimo interprofesional (SMI), con el objetivo de garantizar que los incrementos pactados no puedan quedar neutralizados por complementos salariales. De acuerdo con la información publicada por el medio, el Ministerio de Trabajo asumió este compromiso tras una negociación centrada en asegurar que las subidas del salario mínimo impacten de forma directa en los ingresos netos de los trabajadores, dando respuesta a una demanda sostenida de las centrales sindicales.

Según reportó el medio, el Ministerio de Trabajo logró un consenso con las principales organizaciones sindicales, Comisiones Obreras (CCOO) y la Unión General de Trabajadores (UGT), para elevar el salario mínimo interprofesional en 2026 un 3,1%, llegando hasta los 1.221 euros mensuales distribuidos en catorce pagas. Este aumento tendrá efecto retroactivo desde el 1 de enero del mismo año. El acuerdo excluyó a las organizaciones empresariales CEOE y Cepyme, que no participaron del entendimiento final pese a los esfuerzos realizados por las partes para incorporarles al proceso, detalló el propio Pérez Rey tras la última reunión de la mesa de diálogo.

El medio recogió la valoración del representante del Ministerio de Trabajo, que subrayó la intensidad de las negociaciones mantenidas para intentar que las patronales se sumaran al pacto. "No hemos podido incorporar a la patronal, como hubiera sido nuestra voluntad, a este acuerdo de diálogo social. Hemos negociado sin resuello, nos hemos dejado la piel. Hemos buscado propuestas y contrapropuestas para que CEOE y Cepyme pudieran hoy acompañarnos en la presentación de este acuerdo de salario mínimo interprofesional, pero finalmente no ha sido posible", expresó el secretario de Estado, según consigna la fuente.

A la par del incremento salarial, el Ejecutivo se comprometió a cambiar las reglas que permiten la absorción y compensación de los complementos y extras salariales, una fórmula que en ocasiones reducía el efecto real de las subidas del salario mínimo en el salario total de los empleados. "No es posible que la subida del salario mínimo se pierdan por el camino, no lleguen al bolsillo de las personas trabajadoras. Vamos a reformar las reglas de absorción y compensación", detalló Pérez Rey, en línea con las reivindicaciones de los sindicatos que consideran imprescindible blindar que las mejoras pactadas no puedan neutralizarse mediante ajustes internos en las estructuras salariales.

Tal como detalló el medio, la subida propuesta trata de mejorar la capacidad adquisitiva de los trabajadores con menores ingresos, alineando la revalorización salarial con parámetros de diálogo social en los que el Gobierno insiste desde el inicio de la legislatura. Sin embargo, la ausencia de las organizaciones empresariales marca una diferencia respecto a anteriores acuerdos de salario mínimo, en los que la presencia de las patronales permitió mayores consensos entre los principales actores del ámbito sociolaboral.

La nueva cifra de 1.221 euros mensuales por catorce pagas representa un incremento que busca mitigar la pérdida de poder adquisitivo derivada de la inflación y la evolución de los precios en los últimos años, de acuerdo con las proyecciones de las organizaciones sindicales respaldadas por el Gobierno. Desde la óptica de los sindicatos firmantes, esta medida contribuye a reducir la desigualdad salarial y fortalecer la situación de quienes perciben los sueldos más bajos, en un contexto en el que la cuantía del SMI actúa como referencia directa para millones de empleados.

En relación a las posiciones empresariales, el medio apunta que las organizaciones CEOE y Cepyme sostienen condiciones distintas sobre la evolución del salario mínimo, planteando reparos respecto a la incidencia que estas subidas puedan tener en la viabilidad de las pequeñas y medianas empresas, así como en la competitividad de determinados sectores productivos. Pese a los intentos del Ejecutivo y de las centrales sindicales por acercar posiciones, finalmente la representación patronal decidió no sumarse al acuerdo definitivo.

Por otra parte, el acuerdo contempla su aplicación retroactiva a partir del 1 de enero, lo que implica que las empresas deberán ajustar los salarios para reflejar el nuevo mínimo desde esa fecha, con el impacto correspondiente tanto en las nóminas como en las cotizaciones a la Seguridad Social. Esto supone una revisión de los procesos administrativos para las compañías, que deberán adaptar sus sistemas retributivos a la nueva legislación una vez que el decreto de modificación sea publicado y entre en vigor.

El medio subraya que la decisión del Ministerio de Trabajo de reformar las bases regulatorias del SMI apunta a un mayor control sobre la ejecución de las políticas de ingresos mínimos, para que ningún trabajador vea diluido su incremento salarial por mecanismos de compensación al interior de las empresas. Las nuevas reglas limitarán la posibilidad de que los complementos, bonificaciones o pluses integrados en la nómina absorban la subida del salario mínimo, como venía ocurriendo en algunas situaciones previas.

La medida adoptada por el Gobierno con CCOO y UGT se integra en el calendario general de revisiones periódicas del SMI que establece la normativa nacional, donde cada año el Ejecutivo negocia con agentes sociales una posible actualización en función de indicadores como el coste de la vida, la evolución económica y el marco del empleo. De acuerdo con lo publicado por el medio, el actual acuerdo permite avanzar en los objetivos declarados por el Gobierno de alcanzar, en la presente legislatura, los estándares recomendados por organismos internacionales respecto al salario mínimo en proporción al salario medio del país.

Estos cambios, según el Ministerio y las centrales sindicales, aspiran a consolidar políticas de protección al salario mínimo que redunden en mejoras sociales y económicas para el conjunto de los trabajadores, sobre todo para aquellos que se encuentran en posiciones laborales más vulnerables. El medio señala que el Ejecutivo seguirá buscando consensos en futuras revisiones, manteniendo el diálogo abierto con todos los actores, incluidas las organizaciones empresariales, a pesar de que en este caso no haya fructificado una postura común.