La UE sanciona a miembros del Ejército y paramilitares sudaneses por la escalada de violencia

Entre los nombres que figuran entre los sancionados se encuentra Algoney Hamdan Dagalo Musa, hermano del principal dirigente de las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) de Sudán, Mohamed Hamdan Dagalo, así como Al-Misbah Abu Zaid Talha, identificado como comandante del Batallón Baraa bin Malik, una milicia islamista. Según informó el Consejo de la Unión Europea mediante un comunicado oficial, estas figuras han sido incorporadas a una lista que ahora suma 18 individuos sujetos a sanciones por su presunta implicación en violencia y graves abusos en Darfur y otras zonas del territorio sudanés.

De acuerdo con lo publicado por el Consejo de la UE y recogido por diferentes medios, la decisión fue adoptada en una reunión de ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea celebrada en Bruselas. El objetivo declarado de la medida es sancionar directamente a aquellas personas relacionadas tanto con la escalada de violencia como con violaciones del Derecho Humanitario Internacional y de los Derechos Humanos registrados en Sudán, y especialmente en la región de Darfur.

El medio detalló que, a partir de la nueva resolución, todos los sancionados tienen bloqueados sus activos en espacio comunitario. Asimismo, se les prohíbe de manera explícita recibir fondos o recursos económicos, ya sea directa o indirectamente, desde países de la Unión Europea. Tampoco podrán ingresar en territorio de ningún Estado miembro. El régimen de sanciones, según explicó el Consejo de la UE, afecta tanto las pertenencias financieras como la movilidad de quienes han sido señalados como vinculación a "entidades que amenazan la paz, la seguridad o la estabilidad de Sudán".

Tal como detalla el comunicado oficial, la lista negra europea ya incluye a un total de 18 personas, contando las nuevas incorporaciones. Estas sanciones representan la respuesta de la Unión Europea a una situación caracterizada por el recrudecimiento de enfrentamientos internos, que el Consejo califica como una "dramática escalada de violencia" y que ha derivado en "daños irreparables en vidas humanas" dentro de Darfur, así como en otras regiones sudanesas.

El origen del actual conflicto en Sudán se remonta a la ruptura del proceso de integración de las RSF en el Ejército regular sudanés, según consigna el medio. Esta situación alimentó las tensiones tras la caída en 2019 del expresidente Omar Hasán al Bashir y se agravó aún más tras la asonada de 2021, que desembocó en el derrocamiento del entonces primer ministro Abdalá Hamdok. El bloqueo de la transición política y la fragmentación del poder desencadenaron episodios de violencia generalizada y la intervención de actores externos que han favorecido el enfrentamiento entre las partes en conflicto.

Desde que se intensificaron las hostilidades, las consecuencias humanitarias han sido descritas como una de las mayores crisis a nivel mundial. Según publicó el Consejo de la UE, millones de civiles se han visto forzados a abandonar sus hogares, lo que ha elevado notablemente el número de desplazados internos y refugiados en países vecinos. El deterioro de la situación también ha impactado en áreas clave como la salud pública, promoviendo la propagación de enfermedades, y ha provocado daños significativos en infraestructuras esenciales.

El comunicado del Consejo subraya que la guerra civil sudanesa ha sido objeto de preocupación internacional debido a la gravedad de los ataques y la magnitud de las violaciones a los derechos de la población civil. También destaca el papel de la injerencia extranjera, configurando un escenario de alta complejidad tanto política como humanitaria para la región.

Las sanciones de la Unión Europea sirven, según reportó el Consejo en su nota, para ejercer presión sobre individuos considerados responsables de actos que ponen en riesgo los esfuerzos internacionales de pacificación. La medida enfatiza la importancia de la rendición de cuentas e insiste en que los responsables de graves abusos deben enfrentar las consecuencias legales y económicas derivadas de sus acciones.

La decisión ha sido interpretada por observadores internacionales como una señal de advertencia ante futuros episodios de violencia, a la vez que implica la coordinación de los Estados miembros de la Unión Europea en su política exterior hacia países con crisis internas persistentes y violaciones sistemáticas de derechos. El Consejo de la UE ha hecho hincapié en que esta política de sanciones no apunta al país en su conjunto, sino a personas específicas con vínculos directos a actos de represión, abusos o amenazas a la estructura de paz e instituciones sudanesas.