El Gobierno podría recaudar entre 20 y 26 millones de euros por tasas en la regularización extraordinaria de migrantes

La tramitación urgente de la regularización de extranjeros oficialmente impulsa un ingreso significativo para el Ejecutivo, respaldado por estimaciones basadas en los costes de extranjería y el volumen potencial de solicitudes contemplado en la propuesta de decreto consultada por Europa Press

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La cantidad de migrantes que podrían acogerse a la regularización extraordinaria genera diferencias notables entre las estimaciones, con el Gobierno previendo 500.000 posibles beneficiarios, mientras que el movimiento 'Regularización Ya', uno de los promotores de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) relacionada, eleva este cálculo a más de 700.000 personas. Sobre esta base, la regularización extraordinaria de extranjeros en trámite urgente podría ofrecer al Ejecutivo una recaudación en tasas administrativas entre 20 y 26 millones de euros, según reportó Europa Press tras analizar los costes habituales de los trámites de extranjería y el posible volumen de solicitudes contenido en la propuesta de decreto.

De acuerdo con Europa Press, uno de los componentes claves recogidos en la iniciativa es la obligación de pago de tasas para acceder al proceso de regularización. Aunque la Administración no ha detallado la cuantía específica que deberán abonar los migrantes en este contexto extraordinario, la cifra actualmente vigente para los procedimientos de arraigo, uno de los criterios de regularización más utilizados en España, se sitúa en 38,28 euros por solicitud. Si se multiplica este importe por la cifra estimada por el propio Gobierno de 500.000 personas, la recaudación potencial se aproxima a los 20 millones de euros. En cambio, si se consideran las estimaciones más elevadas aportadas por 'Regularización Ya', la suma superaría los 26 millones de euros, al calcularse sobre un total de más de 700.000 potenciales regularizados.

El Ejecutivo llevó adelante este martes el trámite de urgencia para poner en marcha la regularización extraordinaria, incentivado por el acuerdo entre PSOE y Podemos. Europa Press especificó que esta medida representa una reactivación del propósito inicial de la ILP de regularización, que obtuvo más de 700.000 firmas y fue aceptada a trámite por el Congreso de los Diputados en 2024 con el apoyo de todos los partidos salvo Vox. Esta iniciativa, sin embargo, permanecía bloqueada tras su admisión.

En cuanto al diseño del proceso, la propuesta del Gobierno consultada por Europa Press establece taxativamente el pago de tasas como condición indispensable para que los extranjeros puedan acceder a la regularización. Aunque el importe final de la tramitación extraordinaria no ha sido publicado, el comparativo con trámites estándar de arraigo ofrece una referencia sólida para proyectar los ingresos fiscales derivados de la medida.

El movimiento 'Regularización Ya' figura como uno de los principales avalistas de la ILP y basa su estimación superior en datos relacionados con la demanda social expresada durante la recogida de firmas y los obstáculos que afronta la población extranjera en situación irregular. Europa Press detalló que el cálculo inicial del Ejecutivo se mantiene por debajo del umbral señalado por las plataformas ciudadanas y organizaciones sociales, que desde hace meses reclaman que la cifra de personas que podría resultar beneficiada superaría en varios cientos de miles la previsión oficial.

El mismo medio especificó que, aunque el Gobierno todavía no ha comunicado si la cuantía de las tasas para la regularización extraordinaria se mantendrá en los importes de los trámites ordinarios de arraigo o si planteará un mecanismo diferente, la cifra de 38,28 euros por solicitud es la referencia actual para el pago de estos procedimientos en la administración de extranjería. Este dato resulta clave en la calculadora fiscal del proceso, pues determina el margen de ingresos en función del número total de personas que finalmente acceda al procedimiento.

La puesta en marcha de la tramitación urgente, según detalló Europa Press, responde a compromisos políticos alcanzados entre los grupos de la coalición de Gobierno. El espíritu de la ILP retomado en el decreto busca responder a una demanda social avalada en el Congreso por la mayoría de formaciones políticas, lo que ha motivado la activación de este procedimiento extraordinario tras meses de estancamiento legislativo.

El volumen de ingresos que podría obtener el Estado a través de las tasas asociadas a la regularización representa un componente relevante del debate, en tanto que implica la recaudación de entre 20 y 26 millones de euros según la evolución final del proceso y el número de migrantes que accedan a la regularización extraordinaria autorizada por el Ejecutivo. Europa Press concluyó que el proceso sigue pendiente de definiciones clave, como la determinación del coste para cada solicitante y la cifra oficial de beneficiarios, aspectos que influirán de manera directa en el resultado económico y social de la medida.

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