EEUU afirma que los altos funcionarios iraníes y sus familiares "no son bienvenidos" en el país norteamericano

El Departamento de Estado de Estados Unidos comunicó que esta semana se han aplicado restricciones migratorias para impedir el ingreso y la permanencia de altos cargos del gobierno iraní y sus familiares, como parte de una serie de sanciones dirigidas a responder al manejo de las protestas en Irán. Según informó el departamento a través de un mensaje en redes sociales recogido por la prensa internacional, estas medidas se suman al contexto de tensión bilateral e incluyen la revocación de privilegios migratorios que permitían a figuras clave de Teherán ingresar y establecerse en territorio estadounidense. El anuncio oficial añadió que mientras persista la represión contra las manifestaciones en Irán, los beneficiarios de dicha política local no podrán aprovechar el sistema migratorio de Estados Unidos.

De acuerdo con lo publicado por la prensa estadounidense, la decisión llega en medio de crecientes roces entre ambas naciones debido a la respuesta del gobierno iraní ante las recientes movilizaciones antigubernamentales, y después de que la Unión Europea resolviera catalogar a la Guardia Revolucionaria de Irán como organización terrorista. La autoridad diplomática norteamericana señaló que "quienes se benefician de la brutal opresión del régimen iraní no son bienvenidos a beneficiarse de nuestro sistema migratorio". Estas palabras se divulgaron en un contexto en el que Irán ha sido objeto de numerosas críticas internacionales por la gestión de las protestas y el número de víctimas.

El medio detalló que el Secretario de Estado de la Administración de Donald Trump, Marco Rubio, formalizó la nueva disposición argumentando que "el pueblo iraní continúa luchando por sus derechos básicos". El gobierno de Estados Unidos justificó la revisión de los privilegios migratorios como una muestra de apoyo a los ciudadanos iraníes movilizados en defensa de sus libertades fundamentales. En mensajes institucionales, el Departamento de Estado reiteró que altos funcionarios y parientes directos perderán el derecho a residencia y a ingreso que anteriormente les había sido concedido bajo diferentes prerrogativas.

Las restricciones estadounidenses coinciden con una decisión reciente adoptada por la Unión Europea, que designó a la Guardia Revolucionaria de Irán como grupo terrorista. La medida europea sostiene que el cuerpo paramilitar se ha consolidado dentro del aparato represivo del Estado iraní, especialmente tras su actuación en las protestas iniciadas a finales de diciembre. Esta clasificación representa un endurecimiento en la postura de varios países occidentales hacia el gobierno de Teherán.

El gobierno iraní, en respuesta a la presión internacional, habló de la existencia de aproximadamente 3.000 muertes asociadas a las movilizaciones desde finales de diciembre. Fuentes oficiales de Irán alegaron que entre los fallecidos se encontraban individuos calificados como "terroristas", con presunto respaldo de Estados Unidos e Israel, y sugirieron que se buscaba aumentar deliberadamente la cifra de muertos para allanar el camino a una intervención militar extranjera. No obstante, según informó el medio, diversas organizaciones civiles pusieron en duda la estadística difundida por el gobierno iraní y estimaron que el número de víctimas fatales supera las 6.000, atribuyéndolo principalmente a la represión estatal.

En sus diferentes intervenciones públicas, integrantes del ejecutivo estadounidense han insistido en que la política adoptada busca aumentar la presión sobre los responsables de la represión y desalentar el desplazamiento de altos funcionarios iraníes y familiares a países considerados democráticos y opuestos al régimen de Teherán. Washington ha explicado que la medida se suma a otras ya existentes, como sanciones económicas y restricciones financieras, buscando aislar aún más al círculo gobernante de Irán.

Tal como consignó la prensa internacional, Irán se encuentra desde hace varias semanas bajo observación internacional debido a la magnitud de la represión y su repercusión en la estabilidad regional. El ejecutivo iraní ha manifestado que las protestas son en parte orquestadas o amplificadas por intereses externos con el objetivo de desestabilizar el país, mientras que distintos organismos de derechos humanos aseguran que la actuación de las fuerzas de seguridad ha resultado en detenciones masivas y un número de muertes significativamente elevado.

Las recientes acciones de Washington retoman la tradición de sanciones y presión diplomática como manera de influir sobre las decisiones de gobiernos que la administración estadounidense considera que atentan contra los derechos humanos y las libertades políticas de sus ciudadanos. La Administración Trump ya había endurecido su retórica y acciones frente a Irán en el pasado, y la actual coyuntura plantea nuevos interrogantes sobre la evolución del vínculo bilateral y su impacto en la región de Oriente Medio.