Aldama desliza que Delcy Rodríguez le entregó un sobre con información sobre presunta financiación irregular del PSOE

La investigación contra Víctor de Aldama dentro del denominado 'caso hidrocarburos' ha sacado a la luz un episodio en el que, según fuentes jurídicas citadas por Europa Press, el empresario relató ante el juez que la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, le entregó personalmente un sobre vinculado a la petrolera estatal PDVSA. Este paquete, según el propio Aldama, contenía información sobre supuestos movimientos irregulares de fondos que afectarían al Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y a la Internacional Socialista, hechos que ahora forman parte de la causa que instruye la Audiencia Nacional de España sobre presunta financiación irregular y conexiones en el sector energético.

Tal como publicó Europa Press, Aldama, quien también figura como comisionista en el conocido 'caso Koldo', precisó durante su declaración que la documentación en cuestión tenía relación con el sector de los hidrocarburos, aunque desvinculó estos hechos de la compañía Villafuel, pieza central del caso judicial en curso. De acuerdo con las mismas fuentes presentes durante el interrogatorio, la Fiscalía Anticorrupción fue la parte que insistió en obtener detalles sobre la presunta financiación opaca de los socialistas, pero Aldama optó por no detallar el contenido del sobre, proponiendo negociar con el Ministerio Público para ofrecer mayor información sobre ese aspecto concreto.

Según informó Europa Press, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ya había señalado en informes anteriores que Aldama depositó este material considerado "sensible" —relativo a PDVSA— en manos de Luis Alberto Escolano, una figura de máxima confianza para el empresario. Los investigadores apuntaron, mediante una imagen aportada por Escolano, que el sobre presentaba un sello de recepción de la Vicepresidencia de la República Bolivariana de Venezuela, acreditando la recogida por parte de Aldama el 4 de febrero del 2020.

En el transcurso de su testimonio, Aldama también mencionó una reunión mantenida con Ángel Víctor Torres, por entonces presidente de Canarias y actual ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, así como con Koldo García, quien fue asesor ministerial, según detalló Europa Press. El asunto tratado habría sido el interés en concretar la obtención de unos depósitos fiscales en el archipiélago, una gestión a la que acudió igualmente el empresario Manuel Salles, otro de los investigados en el procedimiento judicial. Pese a esta cita, Aldama enfatizó ante el tribunal que no existía relación con Villafuel ni con la trama investigada y recalcó que finalmente la operación sobre los depósitos fiscales no prosperó.

El medio Europa Press consignó que esta comparecencia judicial de Aldama se enmarca dentro de una semana de declaraciones de diversos implicados en la Audiencia Nacional. Entre los citados se encontraban Juan Ignacio Díaz Bidart y Marc Pons, quienes ejercieron como jefes de gabinete de las exministras Reyes Maroto (Industria, Comercio y Turismo) y Teresa Ribera (Transición Ecológica y Reto Demográfico), respectivamente. Además, también se citó a Carmen Pano y a su hija, a Manuel García, director general de Política Energética y Minas, y a Manuel Salles, en calidad de administrador mercantil. Para el viernes se programó la declaración de Álvaro Gallego, cuyo nombre se relaciona con una retirada en efectivo de 108.500 euros.

En su último informe, la UCO identificó a Claudio Rivas, otro empresario que rehusó declarar ante el juez esta semana, y a Víctor de Aldama como presuntos líderes de la red objeto de investigación, asegurando que ambos compartían el control, la toma de decisiones y la coordinación de las estructuras bajo sospecha. Europa Press reportó que la Guardia Civil subrayó en su documentación que la supuesta trama de hidrocarburos habría logrado insertarse no solo en el Ministerio de Transportes bajo José Luis Ábalos, sino también en las carteras de Industria, Comercio y Turismo, y en Transición Ecológica y Reto Demográfico, dirigidas entonces por Maroto y Ribera.

Los informes atribuidos a la UCO recogen que Aldama mantenía un acceso directo al entorno del entonces ministro Ábalos, condición que —según los investigadores— fue instrumental para los fines de la trama. Estos intereses giraban principalmente en torno a la obtención de autorizaciones administrativas para que Villafuel pudiera operar en el mercado mayorista de hidrocarburos, a pesar de que la empresa no cumplía con los requisitos legales exigidos. Según recoge Europa Press, los agentes sospechan que la concesión de dichas licencias se habría negociado a cambio de beneficios económicos.

La documentación recogida y los testimonios aportados en la Audiencia Nacional refuerzan la dimensión internacional y política que rodea al 'caso hidrocarburos', subrayando la existencia de conexiones entre empresarios españoles, altos cargos venezolanos y dirigentes nacionales vinculados a la toma de decisiones en el sector energético.