La información proporcionada por el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos incluye que Ehsan Jaledi, Mohamad Mehrani y Morteza Nasirikakolaki ingresaron en el país entre septiembre y noviembre de 2024, todos ellos identificados como antiguos integrantes de la Guardia Revolucionaria iraní. Estas tres personas, señaladas como “conocidos o supuestos terroristas”, fueron deportadas tras detectar su entrada irregular, en un contexto en el que la relación entre Washington y Teherán se encuentra marcada por un incremento en las tensiones diplomáticas y amenazas de intervención militar.
El medio consignó que la entrada se produjo durante la administración de Joe Biden, información que formó parte de un comunicado oficial del propio Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Según ese comunicado, la Guardia Revolucionaria de Irán figura en la lista de organizaciones terroristas americanas, lo que, en palabras de las autoridades, elevó el nivel de alerta al detectarse su presencia en territorio estadounidense. El anuncio se realizó poco después de que Donald Trump, actual inquilino de la Casa Blanca, emitiera mensajes públicos en los que advertía sobre la eventual posibilidad de una intervención militar en suelo iraní.
Entre los lineamientos emitidos por el Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, subsecretaria de la entidad, explicó en una declaración recogida en el comunicado que buscan excluir del país a quienes consideran “lo peor de lo peor”, un grupo que incluyen miembros de bandas violentas, asesinos, personas condenadas por abusos sexuales y, en esta ocasión, a personas investigadas o señaladas por delitos relacionados con el terrorismo. McLaughlin enfatizó que la meta del Departamento consiste en garantizar que “el pueblo estadounidense merece una patria segura, libre de la amenaza del terrorismo extranjero, y eso es lo que la secretaria Noem lucha por darles cada día desde hace un año".
De acuerdo con la información reportada por el medio, la secretaria del Departamento, Kristi Noem, lidera la política de seguridad desde hace un año, con énfasis en la expulsión inmediata de personas con antecedentes de actividades criminales o vínculos con organizaciones terroristas. La administración de Donald Trump, por su parte, mantuvo una posición firme al sostener que no tolerará la presencia de extranjeros en situación irregular que representen un peligro para la población estadounidense. La declaración oficial remarcó: “La Administración Trump no permitirá que extranjeros ilegales que quieren causar daño a estadounidenses inocentes estén libres en nuestras comunidades. Serán arrestados y deportados”.
El comunicado también informó sobre estadísticas relativas a los operativos de migración y control de seguridad: el 70% de las personas detenidas por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) tenía antecedentes penales o procesos abiertos por delitos. Además, precisó que, durante el primer año del mandato de Donald Trump, ICE arrestó a 43.305 individuos identificados como un posible riesgo para la seguridad nacional, de los cuales más de 1.400 estaban bajo sospecha de terrorismo y más de 7.400 eran catalogados como miembros de diversas bandas delictivas, según publicó el Departamento de Seguridad Nacional.
Las autoridades remarcaron que la decisión de deportación de los antiguos miembros de la Guardia Revolucionaria tuvo lugar en un momento en el que las políticas migratorias y de seguridad ocupan un lugar central en la discusión pública y en la agenda de la presidencia estadounidense. La relación entre las tensiones bilaterales con Irán y las medidas de control migratorio se ha acentuado, dado el actual debate político y los antecedentes de operaciones terroristas internacionales atribuidas a organizaciones vinculadas a diferentes gobiernos extranjeros.
Asimismo, el Departamento de Seguridad Nacional destacó que la vigilancia sobre posibles amenazas provenientes del exterior se ha intensificado, justificando la expulsión de individuos con afiliaciones a grupos considerados peligrosos. En el caso de los tres deportados iraníes, la institución enfatizó el compromiso de mantener “fuera del país” a quienes catalogan como amenaza, incluyendo personas vinculadas a organizaciones consideradas terroristas por la legislación estadounidense.
El anuncio de la expulsión fue emitido en medio de crecientes declaraciones públicas sobre la necesidad de endurecer los controles fronterizos y los procedimientos de investigación sobre los antecedentes de quienes buscan ingresar al país, en especial cuando se detectan nexos con grupos o gobiernos señalados por vínculos terroristas, reportó el medio. Las autoridades estadounidenses insisten en que este tipo de medidas responden a la obligación de proteger a los ciudadanos frente a amenazas provenientes del extranjero y a la demanda social por una mayor seguridad nacional.
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