El Gobierno aprueba la regularización de migrantes y defiende que el Estado "responsable" no mira "hacia otro lado"

El proceso para regularizar la situación de hijos menores de edad de extranjeros en situación irregular cuenta con una vigencia de cinco años, lo que permitirá a las familias obtener derechos y estabilidad en el país. Según informó El País, el Consejo de Ministros aprobó el 27 de enero un real decreto para la regularización extraordinaria de más de 500.000 personas extranjeras que residen en España sin autorización administrativa. La noticia la anunció la portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, quien compareció ante la prensa tras la reunión del Consejo para explicar los detalles de la normativa y subrayar que la medida responde a principios de responsabilidad institucional y búsqueda de integración social.

La regularización extraordinaria anunciada por el Ejecutivo, según publicó El País, se inscribe como la primera acción relevante del Plan de Integración y Convivencia Intercultural, presentado como una iniciativa próxima a desarrollarse. Saiz recalcó que la legislación constituye un avance en cuanto a reconocimiento de derechos y apuesta por la convivencia, y defendió que el modelo migratorio español que se fortalece responde a criterios basados en derechos humanos, integración y cohesión social, en línea con el crecimiento económico del país.

Tal como detalló El País, los requisitos para acceder a la regularización establecen que los beneficiarios deben haber presentado una solicitud de protección internacional antes del 31 de diciembre de 2025 o acreditar al menos cinco meses de residencia previa a esa fecha. Los extranjeros que deseen acogerse a la normativa no deben tener antecedentes penales ni representar un riesgo para el orden público, siguiendo pautas del Estado de Derecho. Para demostrar la permanencia en territorio español, bastará la presentación de cualquier documento público o privado, o la combinación de ambos.

El procedimiento contempla que la autorización concedida será válida en todo el territorio nacional y permitirá trabajar en cualquier sector. Según informó El País, la autorización inicial tendrá un año de vigencia y, tras ese periodo, quienes la reciban podrán incorporarse a figuras ordinarias contempladas en el Reglamento de Extranjería. Por otro lado, la ministra hizo énfasis en que la integración migratoria incluye a la unidad familiar, indicando que los hijos menores de quienes accedan a la regularización también podrán beneficiarse de un permiso con validez de cinco años, extendiendo los efectos del proceso a la familia nuclear.

El periodo para presentar solicitudes estará abierto desde principios de abril hasta el 30 de junio, según reportó El País. El proceso administrativo contará con un plazo máximo de tres meses para resolver las solicitudes. Sin embargo, las personas podrán incorporarse al mercado laboral desde el momento mismo de la admisión a trámite, lo que implica una incorporación temprana a la vida económica formal del país.

La portavoz del Gobierno subrayó, según recogió El País, que esta medida no representa un hecho aislado en la historia española, sino que existe un precedente de regulaciones similares impulsadas tanto por el Partido Popular —en los años 2000 y 2001— como por el Partido Socialista Obrero Español en 1986, 1991, 1996 y 2005. Añadió que a nivel europeo, durante las últimas décadas, más de cuarenta regularizaciones extraordinarias han tenido lugar en distintos países de la Unión Europea, las más recientes en Italia y Portugal en los años 2020 y 2021.

En su intervención, recogida por El País, Saiz recordó que la nueva normativa conecta con el espíritu de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) respaldada por más de 700.000 firmas, que fue discutida en el Congreso de los Diputados en 2024 por todos los grupos salvo Vox, pero que permanecía bloqueada desde hace varios meses.

La ministra apuntó que el enfoque del Ejecutivo ha estado orientado en todo momento a encontrar soluciones que mejoren las condiciones de vida de las personas, apoyando la integración como camino hacia una convivencia efectiva y pacífica. Insistió en que una política migratoria ordenada, basada en la regularización, aporta estabilidad social y económica y previene los efectos negativos de dejar situaciones irregulares sin regulación por parte de las instituciones estatales.

Finalmente, según publicó El País, Saiz reiteró la idea de que regularizar la situación legal de quienes ya forman parte de la sociedad española contribuye no solo a la protección de derechos individuales y familiares, sino también a fortalecer un marco colectivo que apuesta por la convivencia intercultural en el país.