
Donald Trump afirmó que el proceso de ampliación para un nuevo salón de baile en la Casa Blanca ya alcanzó un punto donde sería imposible revertirlo debido al avance en la compra de materiales estratégicos, entre ellos acero estructural, ventanas, puertas, equipos de aire acondicionado y calefacción, mármol, piedra, hormigón prefabricado, ventanas y vidrios antibalas y techos con protección contra drones, según consignó The Hill. El mandatario sostuvo en un mensaje en Truth Social que detener la obra en este estado resultaría “devastador para todos”, y advirtió sobre consecuencias negativas si algún intento prospera en frenar la construcción.
La obra, con un presupuesto estimado entre 300 y 400 millones de dólares (250 a 337 millones de euros), se lleva adelante según Trump con el aval y supervisión de altos funcionarios militares y del Servicio Secreto de Estados Unidos. El medio The Hill detalló que el presidente reiteró que el proyecto cuenta con el consentimiento y la aprobación de estas entidades, lo que elevó la confidencialidad sobre ciertos detalles hasta que el litigio los hizo públicos. Ante las críticas y una demanda judicial interpuesta por el Fondo Nacional para la Preservación Histórica, Trump calificó de “ridículo” el intento de pausar los trabajos y defendió que ningún presidente estadounidense ha necesitado pedir permiso para modificar o mejorar instalaciones de la Casa Blanca.
Según reportó The Hill, la demanda presentada por el Fondo Nacional para la Preservación Histórica, principal organización encargada de la conservación patrimonial en Estados Unidos, tiene como objetivo frenar la construcción del salón. Este grupo cuestiona tanto el proceso como el posible impacto sobre elementos históricos de la sede presidencial. Trump considera que las organizaciones conservacionistas no deben impedir lo que describió como una expansión necesaria de la Casa Blanca, y argumentó que en la historia del país los presidentes siempre han dispuesto de libertad para impulsar cambios o mejoras en la residencia oficial.
Trump aseguró también que toda la financiación para el salón de baile proviene de donaciones privadas y no se ha destinado ningún fondo público, conforme publicó The Hill. Elogió a los donantes por su contribución y recalcó que se trata de un “regalo” para todos los estadounidenses. De acuerdo con el presidente, la transparencia acerca de la financiación busca diferenciar el proyecto de otras iniciativas realizadas con recursos de los contribuyentes y subrayar el apoyo privado que ha recibido la ampliación.
Expertos legales citados por The Hill han planteado interrogantes sobre la legalidad y los posibles conflictos éticos en torno a la utilización de fondos privados para una obra en un sitio federal de alto valor simbólico. El debate abierto por la demanda gira en torno a la preservación patrimonial frente a los cambios impulsados por el gobierno y a la manera en que se determina la pertinencia de intervenciones en un edificio como la Casa Blanca.
En sus mensajes públicos, Trump puso énfasis en que la acción legal llegó cuando ya no resulta posible cancelar la operación de compra de suministros y materiales, y recriminó a las organizaciones demandantes no haber actuado antes. The Hill recogió declaraciones del mandatario en las que afirma: “no hay forma práctica ni razonable de volver atrás. ¡Es demasiado tarde!”. Según lo declarado por él, cualquier retraso implicaría complicaciones logísticas y económicas considerables por el estado avanzado de la operación.
Además, Trump comentó que la presentación judicial ha desvelado información que hasta ese momento permanecía reservada por motivos de seguridad nacional y operativa. Subrayó que toda la planificación ha contado con las máximas garantías y con el visto bueno de las agencias encargadas de la protección presidencial y de la logística militar relacionada.
En lo que respecta a la opinión pública y el debate político, el proyecto ha suscitado tanto respaldos como objeciones, según el seguimiento del caso realizado por The Hill. Los defensores de la ampliación argumentan motivos prácticos y logísticos, mientras que los críticos consideran que el proceso de aprobación de las obras requería mayor transparencia y debate abierto antes de su ejecución.
Según el relato publicado por The Hill, la Casa Blanca ha sostenido que las reformas y ampliaciones anteriores también respondieron a criterios de seguridad y necesidad operativa, aunque en este caso el costo elevado, el financiamiento exclusivo con donaciones y la decisión de no consultar a organizaciones patrimoniales han generado fricciones particulares.
El Fondo Nacional para la Preservación Histórica, al frente de la demanda judicial, ha presentado argumentos jurídicos y técnicos que apuntan tanto al valor histórico del sitio como a la obligación de someter cualquier intervención a controles y permisos especiales. Trump, por su parte, defendió que la iniciativa busca beneficiar a la nación y avanzó en señalar que los intentos de bloqueo responden a intereses y posturas que considera injustificadas a la luz de los compromisos de seguridad, funcionalidad y logística presidencial, siempre según consignó The Hill.
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